Jubilación parcial: 40 años cotizados para ellos, 25 para ellas
¿Cuántos años hay que remar para cobrar la pensión? La respuesta oficial empieza a depender del sexo que figure en el DNI. El Ministerio se abre a adelantar la jubilación parcial endureciendo los años cotizados a los hombres y rebajándolos a las mujeres hasta por debajo de 33 —e incluso 25— para compensar la brecha de género. El argumento oficial: los jubilados parciales promedian 43 años cotizados, así que el endurecimiento no les tocaría el bolsillo. La letra pequeña dice otra cosa.
Qué cambia exactamente en la jubilación parcial
El paquete no toca la jubilación plena, solo la parcial: se reduce a tres años el adelanto de la edad de retiro, se limita al 50% la reducción de jornada y se sube la cotización exigida. Traducido: el jubilado a tiempo parcial trabaja más días, cobra menos pensión y paga más. El ministerio insiste en que quien se acoge a esta fórmula ya acumula una media de 43 años cotizados, de modo que el nuevo listón no le pillaría por sorpresa. La media, claro, es un promedio: dentro caben desde el que roza los 45 años hasta el que se queda a las puertas.
La brecha de género como criterio de cálculo
La parte que ha hecho saltar la liebre es el trato asimétrico. Para las mujeres se plantea lo contrario: rebajar los años exigidos incluso por debajo de 33, con el objetivo declarado de compensar la brecha de género. El problema aritmético es que la brecha se mide en salarios y en carreras de cotización, no en años de vida. Y las mujeres viven de media más años que los hombres, lo que desmonta el argumento del desgaste físico como causa. Hay quien sostiene que la medida corrige una desventaja estructural; enfrente pesa que convierte el sexo del DNI en una variable con efectos económicos directos.
El incentivo perverso: cambiarse de sexo en el registro
Si el requisito depende del sexo registral, el cálculo es elemental. Con 25 años cotizados, una persona que figure como mujer podría acceder a la jubilación parcial antes que un hombre con 40. La conclusión que recorre el análisis es que el sistema crea un incentivo para modificar el sexo en el Registro Civil, trámite que en España es accesible sin requisitos médicos. No es una hipótesis exótica: es la consecuencia lógica de atar una prestación a una casilla administrativa. El chiste se cuenta solo, pero la broma cuesta años de nómina.
El precedente europeo que el Gobierno parece ignorar
La Justicia europea ya anuló el primer complemento de maternidad de las pensiones por discriminar a los hombres. Ese fallo marca el terreno: un trato diferenciado por sexo en materia de Seguridad Social tiene difícil encaje si no se justifica con datos objetivos. Los agentes sociales han advertido de que este nuevo diseño podría tropezar con el mismo muro. El ministerio, mientras, sostiene que el impacto es nulo porque los afectados ya superan los 43 años cotizados. Ambas cosas no pueden ser verdad a la vez.
Cuánto cuesta de verdad sostener el sistema
El trasfondo es puramente contable. Las cotizaciones sociales cubren alrededor del 70% del gasto en pensiones; el resto —unos 40.000 millones de euros— sale de IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos Especiales, con la gasolina como gran surtidor. Las contingencias sociales de la nómina son, en la práctica, otro impuesto. Y el fondo de pensiones que se publicita como colchón no se computa igual el día del cálculo. Con ese agujero, subir la cotización exigida es más fácil que recortar la prestación, aunque el efecto sobre el trabajador sea idéntico.
La bronca de fondo: igualdad o revanchismo
La discusión trasciende la jubilación parcial. Una corriente sostiene que el criterio de sexo en las prestaciones abre la puerta a un sistema de derechos asimétricos donde la igualdad formal desaparece. Otra defiende que sin correcciones explícitas la brecha de género no se cierra sola. En medio, un dato incómodo: los accidentes laborales los sufren mayoritariamente hombres, y las carreras de cotización más largas también. Con esos mimbres, atar la edad de retiro al sexo registral convierte la política social en un plebiscito sobre qué desventaja merece compensación.
Al final, la pregunta no es cuántos años hay que cotizar. Es cuántos años hay que cotizar, y con qué casilla marcada en el DNI. Si la respuesta depende de la segunda, el sistema de pensiones ya no es un seguro: es una subasta.