Hay que quitar el IBI

El IBI, del recibo de 1957 al 'IBI gordo' contra el rentismo​

Hay un impuesto que casi nadie defiende con pasión y que, sin embargo, aparece en todas las listas de lo que habría que borrar. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se cobra en España desde mucho antes de llamarse así: un participante dice conservar el primer recibo de la antigua contribución urbana de su vivienda, fechado en 1957. Setenta años después el recibo sigue llegando, aunque el motivo del enfado haya cambiado. La discusión de fondo, eso sí, es siempre la misma: ¿paga el IBI algo a cambio?

De la contribución urbana al recibo del ayuntamiento​

El origen del tributo se discute con vehemencia. Una parte lo sitúa en la reforma fiscal de finales de los setenta y lo presenta como un invento de nuevo cuño, ligado a la construcción del sistema tributario moderno; otra recuerda que ya se cobraba en la posguerra con otro nombre y que su lógica —financiar las calles y los servicios que rodean a la vivienda— no ha cambiado en décadas. En ese pulso se cita el BOE de 1967 como prueba de que el mecanismo es muy anterior al régimen actual.

Lo que se discute menos es su naturaleza. El IBI es un impuesto municipal, casi dedicado, y en eso se parece poco a las grandes figuras estatales. En la práctica, el recibo no paga un servicio concreto —la basura, el agua—, sino que entra en una caja única de la que salen el alumbrado, el alcantarillado, los parques o la policía local. Esa ausencia de trazabilidad es, para los críticos, el problema de fondo: se paga bajo coacción y sin saber en qué partida acabará el dinero.

Del 10% al 25% del PIB en gasto social​

El marco general lo dibuja una comparación que lanza un forero: el gasto sumado en pensiones, desempleo, sanidad y educación rondaba el 10% del PIB hace unas décadas y hoy superaría el 25%. De ahí salta la referencia clásica al diezmo medieval —un 10% de la cosecha— frente a una presión fiscal que en algunos tramos se describe como cercana al 50%. Hasta el punto de que un cálculo que circula entre los participantes sostiene que alrededor del 75% de lo que ingresa un trabajador medio acabaría en manos del Estado entre impuestos directos, indirectos y tasas.

La queja no es solo el volumen, sino lo que se recibe a cambio. Se enumeran calles sucias, carreteras con baches, listas de espera de meses, policía y ejército mal equipados y una sanidad y una educación descritas como mediocres. El argumento contrario —que los impuestos sostienen los servicios que todos usamos— se resume en que sin ingresos no hay hospitales, ni colegios, ni carreteras sin agujeros.

Por qué el IBI aguanta mejor las críticas que el IRPF​

Porque grava la titularidad de un bien que se beneficia directamente de su entorno. Es la defensa más repetida: si hay una casa, alguien tiene que recoger la basura, alumbrar la calle y mantener el alcantarillado. La discusión se acepta sobre la cuantía —se considera más bien pequeña en España— pero no sobre el concepto. Incluso quien pide bajar el IVA del 21% al 16% o eliminar el impuesto de circulación, la plusvalía o las tasas de obra coloca al IBI en otra categoría.

El contraste se hace con el IRPF. Ahí el reproche es distinto y más radical: se sostiene que las rentas del trabajo no deberían pagar impuesto, porque el asalariado ya entrega parte del valor de su trabajo y el Estado trata casi todo el sueldo como beneficio. En esa lógica, el tributo que sobra es el que grava la nómina; lo que se puede tocar son las ganancias de capital y los beneficios empresariales. La réplica práctica es que la nómina es rápida y barata de recaudar, y que ningún gobierno renuncia a ese atajo.

«Un IBI gordo» frente a la exención de la vivienda habitual​

Hay una tercera vía que da la vuelta al planteamiento. En lugar de rebajarlo, subirlo: un IBI gordo y brutal para todo el mundo, de forma que el suelo y los pisos dejen de ser objeto de trapicheo y rentismo. La versión más quirúrgica distingue por uso: exención para la vivienda habitual y para la que sale al mercado de alquiler, y castigo fiscal elevado para la que permanece vacía o guardada. El objetivo confesado es forzar una sobreoferta de vivienda por decreto, con deducciones para quien alquila y recargo para quien no.

La reforma más ambiciosa no se queda en el IBI y toca el modelo entero: financiar sanidad y pensiones con cotizaciones recalculadas cada año a coste cero —tributos dedicados y contraprestativos— y sostener el resto de la administración solo con impuestos progresivos sobre las ganancias de capital y los beneficios. El obstáculo señalado no es técnico, sino de costumbre. Mientras el sistema actual se apoye en la nómina, cualquier alternativa queda en el aire.

Quién sostiene la recaudación: 8 millones de contribuyentes​

Detrás de cualquier debate sobre rebajas aparece la misma pregunta incómoda: quién paga. Las cifras que se manejan vienen de dos cabeceras económicas, citadas por un participante, y no coinciden. Una sitúa en 14 millones los contribuyentes netos, con declaraciones positivas, en 2022; un gráfico anterior de otro diario hablaba de 20,6 millones de declarantes. Lo llamativo es la concentración: el 90,4% de los ingresos procedería de apenas 8 millones de contribuyentes. Sobre un país de 47,5 millones de habitantes y con un máximo de 20,5 millones de ocupados —incluyendo todo el empleo público y el dependiente de lo público—, la base sobre la que se apoya el sistema queda muy estrecha.

La rebaja del IBI a familias numerosas y su lectura cruzada​

El asunto saltó a la política municipal con una propuesta de rebaja del IBI a las familias numerosas registrada por Vox en un ayuntamiento. La medida se leyó desde el otro lado como un alivio que alcanza solo a quien ya tiene una vivienda en propiedad. Esa lectura cruzada —que el beneficio fiscal dibuja un perfil concreto de propietario— forma ya parte del argumento, más allá de lo que ahorre cada recibo.

La sospecha de fondo afecta a todos los partidos: que las posiciones fiscales se mueven con la encuesta y no con el BOE, según sostiene un participante. Prometer una rebaja suena bien en campaña y se olvida en el presupuesto. Con el gasto municipal en servicios básicos sin margen de recorte, ningún consistorio se puede permitir perder una de sus pocas fuentes de ingresos propias.

Y queda la pregunta que nadie ha cerrado del todo: si el IBI grava tener una casa y no ganar dinero con ella, ¿alguien ha calculado cuánto costaría suprimirlo sin apagar la mitad de los servicios que dependen de ese recibo?