Primer juicio de Blackstone para desahuciar a 40 inquilinos en Madrid. Subidas de +70% en VPO

Una VPO de Vallecas pasa de 650 a 850 o 900 euros al mes​

Un inquilino lleva más de quince años pagando el alquiler del mismo piso en Vallecas. Nació como vivienda de protección oficial, la promotora que lo levantó quebró y, con el tiempo, el inmueble acabó en el balance de Testa Home, filial española del fondo Blackstone. Según su relato, a muchos vecinos no se les renovó el contrato simplemente porque «no son rentables» y ahora el alquiler les sube cerca de un 30%. En el hilo se alude a un procedimiento judicial cuya sentencia, sostiene un participante, se espera dentro de tres años.

No es un exabrupto. Es un criterio de gestión. Un inquilino que paga poco deja de interesar, y el mecanismo para deshacerse de él no exige echar la puerta abajo: basta con no renovar y volver a ofertar el piso a precio de mercado. Según se comenta en el propio debate, en Madrid ya existiría un sindicato de inquilinas que intenta frenarlo.

¿Cuánto sube el alquiler de una vivienda protegida en Madrid?​

La subida documentada en el caso ronda el 30%. Un contrato que se renovaba a 650 euros pasa a 850 o 900. Hasta ahí, aritmética simple: el 30% de 650 son 845 euros al mes. Pero en el debate hay quien sostiene que el incremento llega hasta el 70%, una cifra que convertiría cualquier piso protegido en una vivienda libre de precio ordinario.

Novecientos euros por una VPO en Vallecas es la frase que resume el desconcierto. El piso sigue siendo el mismo, con la misma calificación sobre el papel y la misma fachada de ladrillo; lo que cambió es quién firma el contrato y con qué expectativa de rentabilidad lo hace.

Los fondos internacionales en Madrid suman 9.000 millones​

Blackstone no es ni la excepción ni el único. Según una lista que circula en el debate, solo en Madrid los fondos internacionales habrían comprado cartera por unos 9.000 millones de euros, una cifra que deja fuera a inmobiliarias, bancos y particulares. El ranking lo encabeza Blackstone con 2.276,6 millones; por detrás aparecen Lone Star (1.136,0), Renta Corporación (693,7), APG Group (577,7), AXA Group (550,7) y Goldman Sachs (448,0). Firmas como Greystar, Azora o Hines completan un reparto en el que el ladrillo residencial de la capital queda en una veintena de manos.

El ecosistema comercial creció a la sombra de esas compras. En septiembre de 2020 el sector contaba con cerca de 55.000 agencias inmobiliarias en España, un número que los propios analistas del ramo proyectaban recortar hasta entre 44.000 y 38.500 a corto plazo.

¿Es la ley de la oferta y la demanda o un desequilibrio fabricado?​

Aquí se parte el análisis. Una corriente sostiene que el mercado hace lo que dice su manual: con demanda alta y oferta escasa el precio sube, y solo existen dos maneras de bajarlo, aumentar la oferta o reducir la demanda. Desde esa lógica, el problema no es Blackstone, es que no se construye lo suficiente. Faltaría, en efecto, quien cayera en la obviedad de levantar vivienda para cubrir la demanda.

La objeción tiene una parte difícil de rebatir: según se sostiene en el hilo, el desequilibrio no siempre nace solo. Cuando la Administración consintió que la Sareb subastara paquetes de miles de viviendas en lotes que ningún particular podía pujar, el suelo quedó en manos de unos pocos compradores institucionales. Eso es intervenir el mercado, aunque sea en beneficio de los grandes.

Hay un precedente que se repite cuando se repasa la política de vivienda de las últimas décadas. En los años noventa se construyó vivienda pública de alquiler en ubicaciones buenas y años después se vendió barata a sus ocupantes. No eran fondos buitre. Eran particulares que hicieron el negocio con dinero de todos.

Se añade una capa geográfica. Buena parte del descontento no viene de que falten pisos en el país, sino de su precio allí donde está el empleo. La salida a Guadalajara o a Toledo existe y cada vez más gente la toma, pero convierte en privilegio lo que debería ser normal: vivir en la ciudad donde trabajas.

Puertas giratorias entre la Sareb y Blackstone​

Las conexiones institucionales tampoco calman el relato. Según las informaciones publicadas, el director adjunto de la Sareb habría fichado por la filial española de Blackstone, un movimiento que encaja en el patrón conocido de puertas giratorias entre la administración y los fondos. En paralelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvo un almuerzo de trabajo con responsables de firmas de Wall Street, entre ellas Blackrock, Compass Group, Deloitte & Touche y Torino Capital, según la información que recoge el propio sector financiero.

Que un gestor público pase a cobrar de quien compra los activos que él ayudó a colocar no es delito. Es la constancia de que las reglas las escriben quienes luego las aprovechan.

La sentencia, dentro de tres años​

El procedimiento acaba de arrancar y la resolución no está cerca: según lo que se apunta en el debate, la sentencia llegaría dentro de tres años. Para entonces, buena parte de los contratos hoy en discusión habrán vencido varias veces, y los inquilinos que no pasen por caja habrán dejado el piso por la vía administrativa, sin necesidad de una orden judicial que los eche.

Ese es el detalle que descoloca. La justicia llega más tarde que el desahucio.