INQUIOKUPA. ¿Qué hay detras de la psicosis contra la okupación? La respuesta está en EEUU

Inquiokupa: el relato que allana el negocio del alquiler​

En Los Ángeles, según el análisis que abre esta discusión, 55.000 personas viven en indigencia severa mientras el ayuntamiento ha entregado 64 casetas de zinc de cuatro metros cuadrados por 5,4 millones de dólares. El dato, que circula en el análisis, no es una anécdota californiana: es la foto fija de un modelo donde el desalojo exprés, el registro público de morosos y la estigmatización convierten una insolvencia transitoria en una condena permanente. Y ese modelo, sostiene una parte del análisis, es exactamente el que se está preparando en España bajo la etiqueta de la inquiokupa.

Qué es un inquiokupa y por qué se confunde con el moroso​

El término se ha instalado en el vocabulario corriente para nombrar a quien ocupa una vivienda sin título y, además, deja de pagar. La discusión parte de una distinción que el relato dominante habría disuelto: la okupación y la insolvencia son fenómenos de naturaleza distinta. Uno es una ocupación sin contrato; el otro, un impago sobrevenido tras un tratamiento médico, un pleito o una factura imprevista.

La tesis que recorre el planteamiento es que esa confusión no es un accidente. Durante más de dos años, según el análisis, los medios han construido una psicosis colectiva en torno a la okupación que sirve para allanar el terreno a un modelo de negocio. La secuencia sería siempre la misma: primero el alarmismo, después la demanda ciudadana de una solución, y por último la solución ya empaquetada.

El precedente de Estados Unidos: desahucio en 48 horas y registro de morosos​

El espejo americano funciona como advertencia. Según el análisis, con cinco días de retraso en el alquiler el propietario puede demandar y el desalojo se ejecuta en 48 horas. Si el inquilino no retira sus pertenencias en ese momento, el propietario puede reclamarle además los costes del desahucio. A partir de ahí, el nombre entra en un registro público estatal de morosos y la semindigencia se convierte en el único panorama.

El resultado, según el análisis, se ve en las calles. En Los Ángeles se habla de auténticos campos de refugiados, con campamentos visibles en avenidas emblemáticas. La ciudad recibió fondos multimillonarios del Fondo de Reserva Federal para construir 10.000 unidades residenciales en diez años; seis años después solo se han terminado 700, y salen al mercado por encima del medio millón de dólares. Las 64 casetas de zinc para servicios sociales colapsados costaron esos 5,4 millones.

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Por qué los fondos buitre necesitan que el relato cambie​

En España, según el análisis, fondos como BlackRock compran miles de viviendas por lotes a precio de saldo procedentes del banco malo y de entidades de crédito. La venta de 5.000 inmuebles públicos en Madrid a dos de esos fondos por un precio irrisorio acabó con una condena judicial de 26 millones de euros a la exalcaldesa y otros ex cargos.

El problema para esos fondos, sostiene el análisis, es doble: las leyes que protegen frente al desahucio exprés y la normativa de protección de datos. Ambas limitan la operativa. De ahí que el relato no pida más protección, sino menos. Y de ahí que el vocabulario haya cambiado antes que la ley.

El inquilino que no paga y el propietario que no cobra: dos caras del mismo problema​

No todo el análisis apunta en la misma dirección. Hay quien sostiene que el problema no es el relato sino la impunidad: si el inquilino no paga, el propietario asume luz, agua y comunidad mientras espera un desalojo que puede no llegar nunca, sobre todo si hay menores a cargo. La consecuencia práctica, según esta corriente, es que cada vez más propietarios restringen el alquiler a colectivos de riesgo cero.

Frente a eso, otra línea argumental señala que el verdadero responsable del precio no es el pequeño propietario con un piso, sino quien acumula 5.000 viviendas en cartera. Si la vivienda perteneciera a gente que la ha ganado trabajando, los alquileres funcionarían de otra forma. El acaparamiento institucional, no el inquilino moroso, sería la palanca que infla el mercado.

El modelo americano no se puede copiar sin el colchón americano​

La discusión introduce un matiz que suele faltar: el mercado de alquiler estadounidense es brutal, pero existe un colchón social que en España no tiene equivalente. Según el análisis, una mobile home cuesta alrededor de 3.500 dólares —unos 1.000 euros— y hay lugares donde instalarla. En España no existe esa válvula de escape, y sin ella el desalojo exprés conduce directamente a la calle.

El diagnóstico que se extrae es incómodo: la sociedad española tendría, según el análisis, un problema de individualismo y de falta de soluciones colectivas para quien queda excluido. Copiar el palo sin la zanahoria no produce un mercado más eficiente, produce más gente en el coche con su familia.

Qué se está preparando y qué se puede hacer​

La pregunta de fondo no es si la okupación es un problema —lo es—, sino qué se hace con la insolvencia sobrevenida, que es otra cosa. El relato que las mezcla tiene un destinatario claro, según el análisis: el votante que exige mano dura sin preguntar a quién beneficia. La respuesta, según el análisis, pasa por exigir control democrático sobre las instituciones antes de aceptar la reforma que ya viene redactada.

Con estos mimbres, la pregunta no es si España copiará el modelo americano. Es cuánto tardará el vocabulario en convertirse en ley.