Irene Montero: ¡exprópiese!

Montero abre la puerta a expropiar viviendas y el debate se enciende​

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha puesto sobre la mesa una propuesta que ha incendiado el debate público: expropiar viviendas a los grandes tenedores para que las casas sean para vivir y no para hacer negocio. En un mensaje difundido en redes, Montero se pregunta por qué no expropiar y sostiene que hay que ir «al menos tan lejos como van cada día rentistas y grandes tenedores haciendo negocio con un derecho». La reacción no se ha hecho esperar y ha dividido a la opinión pública entre quienes ven en la medida una solución al problema de la vivienda y quienes la consideran un ataque a la propiedad privada.

¿Qué propone exactamente Irene Montero?​

La ministra de Igualdad plantea la expropiación como herramienta para frenar la especulación inmobiliaria. En su mensaje, difundido a través de Twitter, defiende que «para que las casas sean para vivir tenemos que ir al menos tan lejos como van cada día rentistas y grandes tenedores haciendo negocio con un derecho». La propuesta no concreta cifras ni umbrales, pero abre la puerta a intervenir sobre los propietarios de múltiples viviendas.

La reacción ha sido inmediata. Hay quien sostiene que la medida es necesaria para garantizar el acceso a la vivienda, mientras que otros advierten de que expropiar sin compensación o con compensaciones bajas ahuyentaría la inversión y agravaría la escasez. El debate, lejos de cerrarse, se ha ramificado hacia cuestiones como el suelo, la inmigración o la fiscalidad.

El argumento de la oferta: liberar suelo y construir más​

Una de las corrientes que más peso ha ganado en la discusión sostiene que el problema no se resuelve expropiando, sino liberando suelo y construyendo más vivienda. Se argumenta que el precio sube porque la oferta no crece al ritmo de la demanda, y que las trabas administrativas y la rigidez del suelo urbanizable son el verdadero cuello de botella. «El problema se soluciona liberando el suelo, hostia. No pensáis más que en prohibir», resume una intervención.

Frente a esta tesis, otra línea de análisis recuerda que en la época de mayor construcción masiva en España los precios no bajaron, sino que siguieron subiendo, lo que pondría en cuestión que la oferta por sí sola resuelva el problema. El contraargumento es que aquel ciclo coincidió con una burbuja global alimentada por liquidez abundante y tipos de interés bajos, y que la construcción se disparó en un contexto de demanda también disparada.

El fantasma de la expropiación: ¿comunismo o justicia social?​

La palabra expropiación ha activado todos los resortes ideológicos. Hay quien la equipara directamente con los sistemas comunistas y advierte de que en esos regímenes el precio de la vivienda es «el más caro que puede existir» porque depende de una concesión del Estado. Otros, en cambio, recuerdan que la expropiación es una figura prevista en la Constitución y en la ley, con sus garantías y compensaciones, y que ya se usa para infraestructuras.

En medio del ruido, emerge una propuesta intermedia: limitar por ley el número de viviendas por persona. «Más de tres casas por persona no debería estar permitido. Se solucionaban muchos problemas», apunta una intervención. La idea no concreta cómo se aplicaría ni qué pasaría con las viviendas ya en propiedad, pero conecta con el malestar de fondo: la percepción de que unos pocos acaparan un bien básico.

Inmigración, demanda y el elefante en la habitación​

Otro de los focos del debate ha sido la inmigración. Una parte de los intervinientes sostiene que la llegada masiva de personas al país presiona al alza la demanda de vivienda y, por tanto, los precios. Se argumenta que sin ese flujo, los precios volverían a niveles de décadas pasadas. Frente a esto, otras voces señalan que el fenómeno es global y que en países con dinámicas migratorias muy distintas también se han disparado los precios, por lo que atribuirlo a un solo factor sería simplista.

La discusión deriva en ocasiones hacia terrenos más ásperos, con referencias a la ocupación ilegal y a la inseguridad jurídica de los propietarios. Hay quien pide endurecer las condiciones para comprar vivienda por parte de extranjeros no residentes, y quien reclama mayor protección para los arrendadores de buena fe. El consenso, en este punto, es prácticamente inexistente.

El caso personal: el chalet de Galapagar como arma arrojadiza​

La polémica ha derivado en numerosas ocasiones hacia la situación personal de la propia Montero. Varias intervenciones mencionan su vivienda en Galapagar y sugieren que, si se aplicara el criterio de expropiar a los grandes tenedores, su propio chalet debería ser el primero. «Empezamos por su chalet, para que las casas sean para vivir no necesitan un chalet tan grande, caben varias familias», señala un mensaje.

Este tipo de argumentos, aunque recurrentes, no abordan el fondo del asunto: qué umbral define a un gran tenedor, cómo se compensaría una expropiación o qué efectos tendría sobre el mercado. La discusión sobre la coherencia personal, eso sí, ha servido para que el debate no decaiga.

¿Hay margen para el acuerdo?​

Más allá del ruido, algunas ideas concitan cierto acuerdo transversal: la necesidad de combatir la especulación, la conveniencia de limitar los alquileres turísticos y la urgencia de construir más vivienda pública. También hay coincidencia en que la inseguridad jurídica perjudica tanto a inquilinos como a propietarios, y en que sin un marco estable la inversión se retrae.

El desacuerdo persiste en los medios: expropiar, limitar, liberalizar o gravar. Cada opción tiene defensores y detractores, y ninguna parece capaz de concitar mayorías amplias. La predicción más prudente es que el debate seguirá vivo mientras los precios no den tregua, y que la propuesta de Montero, con o sin recorrido legislativo, habrá servido para instalar la vivienda en el centro de la agenda política.