Isabel rodríguez: "sin alojamientos turísticos, el aumento de la oferta contendrá los precios"

El plan contra los pisos turísticos que no bajará el alquiler​

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido que revertir la ilegalidad de los alojamientos turísticos aumentará la oferta y contendrá los precios del alquiler. La afirmación, lanzada en una entrevista, ha reabierto un debate que lleva años enquistado: ¿de verdad ese trasvase de viviendas turísticas al mercado residencial moverá la aguja? Hay quien sostiene que el impacto será marginal. En España, el porcentaje de viviendas dedicadas al alquiler turístico sobre el total del parque residencial se sitúa en torno al 1,2%, según un cálculo que circula en el foro. Con esas cifras, la medida estrella del Ministerio de Vivienda se queda corta para atacar el problema de fondo.

Qué dice el Gobierno y qué contestan los datos​

Isabel Rodríguez ha puesto el foco en los pisos turísticos ilegales. «Si de verdad revertimos la ilegalidad de los alojamientos turísticos, esos inmuebles van a estar a disposición de la ciudadanía», aseguró en la entrevista. El argumento oficial es que ese aumento de oferta servirá para contener los precios. El Ministerio de Industria ha dado un paso más y ha contratado una empresa privada para rastrear cada mes todos los pisos turísticos de webs como Airbnb y Booking, intensificando la monitorización que hasta ahora hacía el INE cada seis meses.

El problema, según los análisis más escépticos, es que ese 1,2% del parque no puede compensar el déficit estructural de vivienda. Hay quien sostiene que, incluso expropiando todas las viviendas turísticas y repartiéndolas, en un año el efecto se diluiría por la creación de nuevos hogares y la llegada de población. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende.

El trasvase que no llega: Santiago y Barcelona como espejos​

La experiencia municipal no invita al optimismo. En Santiago de Compostela, tras la ordenanza que reguló los pisos turísticos, el trasvase de viviendas vacacionales al alquiler tradicional coincidió con una subida de precios. La paradoja es incómoda: más oferta residencial y precios al alza. En Barcelona, el Ayuntamiento no concede licencias desde 2014 y las vigentes se irán extinguiendo, pero los propietarios reclaman 1.000 millones de euros por su cierre. Aun así, los precios de alquiler siguen altos.

El patrón se repite: la retirada de pisos turísticos no se traduce automáticamente en alquiler asequible. Muchos propietarios optan por la venta o el uso propio antes que por el alquiler de larga temporada, un mercado que perciben como inseguro y poco rentable.

Multas, inspecciones y el pulso con el lobby hotelero​

La presión inspectora ya está en marcha. En Ibiza, un propietario fue multado con 140.000 euros por alquilar su piso a turistas y tuvo que venderlo para pagar la sanción. En el mismo municipio se han impuesto multas de casi un millón de euros por dos alquileres turísticos ilegales. La ministra ha celebrado que el debate sobre la prohibición sea hoy «cuestión de consenso, salvo honrosas excepciones».

Detrás del endurecimiento hay un actor con peso: el lobby hotelero. La patronal Cehat exige un pacto de Estado para regular los pisos turísticos y reclama medidas como la calificación urbanística de estas viviendas o la limitación de su número en ciertas zonas. Los hoteleros aplauden que se grave a los pisos turísticos que no pagan el IVA como el resto de alojamientos. No es filantropía: es competencia desleal corregida por ley.

El turismo que sostiene el 13,8% del PIB​

La otra cara de la moneda es la económica. El turismo representa el 13,8% del PIB español, según un dato que circula en el foro. Si la reducción de plazas turísticas encarece la estancia y expulsa visitantes, el golpe se sentirá en bares, restaurantes y servicios que viven del sector. La advertencia es recurrente: cuando se reduzca el turismo un porcentaje por falta de alojamiento, llegarán los lloros en los negocios que dependen de él.

El debate de fondo no es solo vivienda. Es qué modelo económico quiere España para sus ciudades. Y ahí no hay consenso posible.

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Con estos mimbres, la promesa de que contener los precios del alquiler es cuestión de unos meses suena más a deseo que a pronóstico. Si el trasvase de pisos turísticos no mueve el mercado, la pregunta incómoda llegará sola: ¿qué se inventan entonces?