"¿Es asequible una vivienda protegida que cuesta 200.000 euros?
"Dos tercios de todos los asalariados españoles ganan menos de 2,5 veces
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir,
menos de 2.500 euros netos al mes. Así que no deben emplear más de un 30% del sueldo al alquiler de una vivienda, lo que significa que
no pueden pagar más de 400 o 600 euros al mes de alquiler. Pero la realidad es otra, porque el alquiler medio de un piso ordinario en España, y en ciudades como Valencia, ronda los 1.200 o 1.300 euros mensuales. ¿Quién puede acceder a pagar esas cantidades?
La mayor parte de la sociedad queda totalmente excluida del mercado libre", explica.
El experto explica cómo es el modelo impuesto:
la colaboración público-privada, que consiste en construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) y fijar un precio tope de venta que permita un beneficio empresarial. Esa es la fórmula empleada en
el plan Vive de la Comunitat Valenciana. "En la colaboración público-privada mediante derecho de superficie, el ayuntamiento o la comunidad autónoma ceden el suelo edificable a coste cero a un promotor privado durante 50 o 60 años. Sin embargo, la empresa privada necesita obtener un beneficio empresarial (normalmente entre el 14 % y el 17 %) y acudir a financiación bancaria convencional con elevados tipos de interés. Por eso, aunque el componente del suelo valga cero, la suma del margen comercial y los costes financieros acaba elevando la renta resultante a unos 1.000 o 1.300 euros al mes de alquiler. Esto puede servir para una clase media-alta que gane más de 4.000 euros mensuales, pero
deja fuera al 75 % de los trabajadores que necesitan alquileres de entre 300 y 600 euros", explica.
Por ello, Roger defiende la
promoción pública pura, es decir, que sea
la Administración quien actúe de promotora directa, "aprovechando el suelo obtenido por cesión gratuita, con beneficio empresarial cero y vías de financiación al 3% o 3,5% a través de organismos de crédito oficiales. Este esquema permite ofrecer inmuebles con rentas de entre
300 y 500 euros al mes. Y hay un factor diferencial clave: a diferencia de la sanidad o la educación, donde el gasto presupuestario no se recupera,
la vivienda pública no es un gasto a fondo perdido, sino una inversión social. La administración recupera la totalidad del capital invertido mediante el cobro de las rentas a lo largo de un horizonte de 30 a 40 años
".
El arquitecto y urbanista recalca que la gestión y política de vivienda dependen directamente de la Generalitat Valenciana.
"La competencia en vivienda exclusiva es de las comunidades autónomas", recuerda el arquitecto, citando el artículo 148 de la Constitución Española. Así, "aunque la administración central pueda aportar instrumentos legales o partidas presupuestarias a través de planes estatales, la decisión ejecutiva de crear empresas públicas e impulsar un parque protegido permanente recae sobre los gobiernos autonómicos".
Una de las soluciones más populares para dar solución a la crisis habitacional es la construcción de viviendas con la creencia de que
incrementar la edificación residencial reducirá los precios del alquiler y de la compraventa al incrementar la oferta. Sin embargo, Roger recuerda el antecedente de la llamada "década prodigiosa" (1998-2007), época en la que se llegaron a construir hasta 650.000 viviendas anuales en España, el doble de las 300.000 que se construían al año hasta ese momento. "Lejos de abaratarse la vivienda por exceso de oferta, los precios
subieron al doble y al triple. Pretender corregir el mercado mediante la construcción libre implica desconocer la naturaleza especulativa del sector inmueble porque
esto no es como el pollo, que si sube el pollo meto dos toneladas de pollo y bajan los pollos... Aquí no. Y ya lo hemos visto y vivido. Construir más inmuebles sin condicionar su asequibilidad, es decir, que se pueda pagar no reduce los precios, sino que los incrementa. Ahora apenas se construyen entre 80.000 y 90.000 viviendas nuevas al año, en España. Por supuesto que es necesario edificar, pero el factor determinante no es el volumen bruto, sino que sea
vivienda asequible. Construir más vivienda libre a precios inalcanzables no resuelve el problema", recalca.
Por ello, Roger defiende la
promoción pública de vivienda por parte de las instituciones y asegura que es "la única vía realista" para garantizar el acceso al hogar a la mayoría de la población trabajadora. "La gestión pública directa no es un experimento teórico, sino una realidad plenamente asentada en el continente. E
sto no es un invento, se lleva haciendo desde hace 100 años en Europa".