Juankar dice que aceptó que el rey de Arabia le diera 100 millones para que no se ofendiera

Juan Carlos I y los 100 millones: el regalo que nadie rechaza​

La tesis del libro es sencilla: en 2008 el rey de Arabia Saudí entregó 100 millones de euros a Juan Carlos I como regalo personal, sin relación con el contrato del AVE a La Meca, cuyas gestiones —dice— empezó él un año después, en 2009. La justificación añadida es antropológica: los jeques y monarcas del Golfo se ofenden si se rechaza un obsequio. El detalle que descoloca a media España no es el regalo, sino la cronología: primero el dinero, después la operación.

El relato, sin embargo, choca con una pregunta incómoda que recorre toda la discusión: ¿por qué alguien entrega 100 millones a un jefe de Estado extranjero por pura simpatía? La respuesta más repetida no es la del libro. Es la del pago diferido. Un contrato de 7.000 millones de euros para el consorcio español, una comisión estructurada para que aparezca como donación y un beneficiario que, en teoría, no podía recibirla.

Qué dice exactamente el libro sobre los 100 millones​

La versión que se defiende en el material es que el dinero llegó en 2008 como regalo institucional del monarca saudí, y que las gestiones para adjudicar el tren de alta velocidad a las empresas españolas arrancaron en 2009. Es decir: el obsequio sería anterior e independiente del negocio. Si eso fuera cierto, el problema se reduciría a una cuestión fiscal y de imagen.

El problema es que la propia defensa introduce el argumento que la hunde. Si los jeques se ofenden cuando no aceptas sus regalos, la conclusión lógica es que el regalo no es libre: es una obligación social. Y una obligación social de 100 millones no se sostiene sin una contraprestación. Hay quien lo resume con retranca: si te los regala a ti, ¿los vas a rechazar?

La discusión derivó rápido hacia el terreno legal. Un cargo público no puede aceptar regalos ni comisiones de esa magnitud, y menos de un mandatario extranjero. La figura del regalo institucional no existe en el ordenamiento como cajón donde meter cien millones sin declarar. Si existiera, cualquier administración podría financiarse con obsequios de terceros países y llamarlo cortesía diplomática.

El AVE a La Meca: quién pagó a quién y por qué importa​

Aquí está el nudo del asunto. El consorcio español se adjudicó un contrato de 7.000 millones de euros para construir y operar la línea entre La Meca y Medina. Intervinieron empresas públicas dependientes del Gobierno de España —Renfe, Adif, Indra, Ineco— junto a constructoras privadas. Si el dinero que llegó al rey salió de esas empresas o del propio país contratante, el daño al erario público es directo. Si salió del bolsillo del monarca saudí, el daño es reputacional y fiscal.

La duda no es menor. Hay quien sostiene que las comisiones las pagan los comerciales de compra, no los de venta, y que si el regalo vino del rey árabe, el error fue no declararlo o canalizarlo mediante una fundación. Otros apuntan a que el pago se estructuró precisamente para que pareciera una donación y no una comisión. La diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre un delito y una anécdota.

El argumento de que el rey intermedió para que España se llevara el contrato frente a competidores alemanes o franceses tiene su parte de verdad. La labor diplomática del jefe del Estado consiste, entre otras cosas, en abrir puertas que un ministro no abre. Pero de ahí a cobrar por abrirlas media un trecho que la ley no recorre.

El Ferrari, el Patrimonio Nacional y la afrenta diplomática​

El libro añade un episodio que ilustra el funcionamiento de estos obsequios. En 2011, el jeque de Emiratos regaló dos Ferraris, uno a Juan Carlos y otro a Felipe. Los vehículos acabaron vendidos por Patrimonio Nacional, y el jeque —según el relato— se lo tomó como una afrenta. Es decir: el problema no fue aceptar el coche, sino deshacerse de él.

La anécdota sirve para algo más que para el cotilleo. Demuestra que existe un circuito de regalos entre jefes de Estado que se gestiona con criterios opacos, y que la línea entre cortesía y contraprestación nunca está dibujada. Cuando el regalo vale 100 millones, la opacidad deja de ser folclore y pasa a ser un agujero de seguridad jurídica.

Hay quien lleva el argumento al extremo: si el rey aceptó el dinero por compromiso, siempre podía haberlo donado íntegro a una causa social y haber salido fortalecido. No lo hizo. Lo guardó, según las informaciones publicadas, en estructuras opacas en paraísos fiscales y con testaferros. Ahí ya no hay antropología que valga.

Por qué el contribuyente español sale perdiendo en cualquier escenario​

El escenario más benévolo —el regalo fue personal, no hubo comisión, el contrato se ganó por méritos técnicos— deja un problema fiscal: 100 millones no declarados. El escenario intermedio —hubo comisión pagada por el contratante— deja un problema de reputación internacional. El escenario más grave —pagaron las empresas públicas españolas— deja un agujero directo en las cuentas del Estado.

En los tres casos, el ciudadano paga algo: impuestos no ingresados, sobrecostes repercutidos o simple pérdida de confianza en las instituciones. La discusión sobre si el rey es inimputable resuelve la cuestión penal, no la económica. La Constitución establece que los actos del Rey están refrendados por el Gobierno, lo que abre otra vía: si el acto fue irregular, alguien lo firmó.

Ese es el punto que menos se explora. La responsabilidad del Gobierno de turno en la operación, en la adjudicación y en el silencio posterior queda fuera del foco. Se discute al rey, se discute al libro, se discute a la amante. El refrendo ministerial, ese detalle constitucional, aparece y desaparece según convenga.

Qué pasó con el dinero y qué queda por saber​

El rastro del dinero se pierde en jurisdicciones opacas. La justicia suiza investigó movimientos, la española archivó piezas y el relato público se ha ido construyendo a golpe de filtraciones y libros. A la fecha de esta discusión, no hay una resolución que cierre el caso ni una restitución conocida.

Queda por saber si el pago se documentó en algún contrato, si las empresas españolas lo contabilizaron como gasto comercial y si el Gobierno de entonces tuvo conocimiento. Son preguntas verificables que nadie ha respondido con papeles. Mientras no haya papeles, habrá libros.

La predicción, con todas las reservas, es que esto no se cerrará por vía judicial. Se cerrará por agotamiento. Y dentro de veinte años, alguien publicará otro libro con nuevos detalles y la misma conclusión: el dinero apareció, nadie lo devolvió y el contribuyente siguió pagando.

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Datos clave

• 100 millones de euros entregados en 2008 según la versión del libro
• 7.000 millones de euros del contrato del AVE a La Meca
• 2009: inicio de las gestiones para el contrato, según la misma versión
• 2011: dos Ferraris regalados por el jeque de Emiratos