Jubilarse a los 70. ya es realidad

Japón normaliza trabajar más allá de los 70 años​

¿Cuánto tiene que pagar un Estado para que su población deje de llamar «jubilación» a lo que en realidad es seguir fichando? En Japón la respuesta es incómoda: una pensión pública media de unos 245 euros al mes. Con esa cifra sobre la mesa, más de 5,4 millones de empleados de 70 años o más siguen en activo, y el 80% de quienes llegan a la edad legal de retiro confiesan que quieren seguir trabajando. No es vocación. Es aritmética.

El dato no sale de un titular de temporada. La tasa de empleo entre los mayores de 65 años en Japón es del 25,2%, muy por encima del 18,6% de Estados Unidos, el 10,9% de Reino Unido o el 3,9% de Francia. El 99,9% de las empresas japonesas han articulado medidas para mantener a sus veteranos más allá de los 65, y casi un tercio ya garantiza empleo hasta los 70 o más. La reforma de 2023 subió la edad obligatoria de 60 a 65. Las empresas fueron un paso más allá.

¿Por qué los japoneses trabajan después de los 70?​

La primera respuesta es la esperanza de vida: 87,14 años para las mujeres y 81,09 para los hombres. Llegar a los 65 con salud razonable convierte la jubilación en una etapa larga que alguien tiene que financiar. Y el sistema público no llega. La pensión máxima anual del sistema público nipón es de 831.700 yenes, unos 5.100 euros al año, que sumados a fondos privados deja una media mensual de 40.000 yenes. Doscientos cuarenta y cinco euros. Con eso no se subsiste en Tokio ni en un pueblo de Hokkaido.

La segunda respuesta es demográfica. Hay más perceptores que cotizantes jóvenes, y el equilibrio presupuestario de las pensiones se resiente. La tasa de natalidad lleva décadas estancada. El resultado es un mercado laboral que ha decidido no prescindir de nadie: turnos diurnos menos exigentes, jornadas adaptadas a limitaciones físicas y contratos que premian la permanencia. «En comparación con los jóvenes, que tienen una alta tasa de rotación, los profesionales senior que trabajan con nosotros durante más tiempo son el pilar de nuestra empresa», resume el presidente de una empresa tecnológica citada en el material.

El cálculo que desmonta el relato de la jubilación dorada​

En el trasfondo del asunto hay una discusión que va más allá de Japón: si la jubilación es un derecho o una situación financiera. Un cálculo que circula por el ecosistema del debate pone números a la trampa. Alguien que emigra y deja de cotizar en España ahorra unos 1.800 euros mensuales en impuestos, lo que en diez años suma 216.000 euros. Pero si se queda y cotiza, la pensión que recibiría entre los 65 y los 85 años podría alcanzar los 552.000 euros. La pregunta es obvia: ¿cómo se convierten 216.000 en 552.000? La respuesta está en el sistema de reparto, donde las aportaciones de los activos financian las pensiones de los pasivos. El desglose completo, partida a partida, da una diferencia que sorprende.

No es un debate exclusivamente español. En Chile, el sistema de capitalización individual recibe críticas por la cuantía de sus pensiones, pero quienes defienden el modelo recuerdan que la cotización chilena ronda el 10%, mientras que en España supera el 30% del coste de empresa. Multiplicar por tres las pensiones chilenas daría una comparación más honesta. El argumento se repite en cada reforma: se compara lo que se cobra sin mirar lo que se aporta.

Quién gana y quién pierde con retrasar la jubilación​

El perfil del beneficiado por estas medidas no es uniforme. Quien gana 200 euros más trabajando que jubilado y tiene un empleo físicamente duro quiere retirarse cuanto antes. Quien gana 2.000 euros más y trabaja sentado en una oficina con trienios y carrera profesional no tiene prisa alguna. Los 70 son los nuevos 60 para unos; para otros son una condena. La exposición al sol, las vértebras tocadas, los meniscos fisurados y las bajas mal vistas no cotizan en el relato oficial.

El otro frente es el de las pensiones futuras. Quienes hoy pagan un impuesto adicional para costear las pensiones actuales verán recortada su propia prestación. Ya ocurrió con la congelación de la mayoría de las pensiones y la subida del 0,25% en un contexto de inflación superior. La sospecha de que el ajuste se hará por la vía de los que aún no se han jubilado no es una teoría: es la mecánica del sistema.

La pregunta que planea sobre todo el debate​

¿Es sostenible un modelo donde la pensión pública es mínima y el ahorro privado se convierte en obligatorio de facto? Quienes defienden el sistema de reparto argumentan que garantiza una vejez digna a todos. Quienes lo critican señalan que el dinero nunca pasa por las manos del cotizante y que la solidaridad intergeneracional se ha convertido en una transferencia forzosa. En Japón, mientras tanto, la realidad no espera a la teoría: cada mañana, millones de personas de más de 70 años se levantan para ir a trabajar. No porque quieran. Porque la pensión no llega.