La feminista carla galeote nos explica en un video porque no condenan las abusaciones cometidas por forasteros:

La negativa a condenar violaciones según el agresor​

Una feminista conocida por grabar a un anciano en su propia casa y subirlo a redes explica en un vídeo que no piensa condenar expresamente las violaciones cometidas por migrantes porque quien se lo pide lo hace por «islamofobia». La paradoja no es menor: el mismo movimiento que exige condena sin matices para cada agresión machista pone condiciones cuando el agresor tiene nacionalidad extranjera. Y ahí empieza el incendio.

La discusión que ha generado ese vídeo —más de un centenar de respuestas— no va de un caso concreto. Va de si el feminismo institucional puede permitirse elegir qué violaciones condena y cuáles relativiza en función del origen del agresor. La respuesta mayoritaria es que no, y con un argumento que se repite: si el agresor fuera español, la condena sería inmediata y sin peros.

El argumento de la islamofobia como escudo​

El núcleo del vídeo es sencillo: condenar expresamente las violaciones cometidas por migrantes alimentaría, según esta tesis, un discurso islamófobo. Es decir, la condena se subordina al cálculo político sobre quién la va a utilizar. Hay quien sostiene que ese razonamiento convierte a las víctimas en daño colateral de una guerra cultural, y en contra pesa el argumento de que el silencio selectivo legitima precisamente lo que dice combatir.

El dato que más se repite en la discusión es el de la proporción. Se argumenta que si la población migrante representa en torno al 10% del total y concentra cerca del 30% de los delincuentes, la sobrerrepresentación es un hecho que no se puede tapar con adjetivos. La cifra se lanza sin desglose por nacionalidades, y ahí está el flanco: sin ese desglose, el número dice menos de lo que parece. Pero también es cierto que la ausencia de desglose no convierte el fenómeno en inexistente.

La trampa de las estadísticas por nacionalidad​

El punto más técnico del asunto es el de los nacionalizados. Se sostiene que una parte de ese 70% de crímenes atribuidos a españoles corresponde en realidad a personas nacionalizadas, lo que distorsiona cualquier lectura por pasaporte. Es un argumento con recorrido: la nacionalidad administrativa no equivale a origen, y las estadísticas oficiales rara vez cruzan ambas variables.

La consecuencia práctica es que el debate se libra en terreno movedizo. Quien pide datos desglosados por nacionalidad de origen se topa con que esos datos no se publican con ese nivel de detalle. Quien pide que se expulse a los condenados extranjeros se topa con que la expulsión no es automática ni rápida. Y en medio, la sensación de que el relato oficial prefiere la ambigüedad.

Feminismo, inmigración y el coste de la ambigüedad​

El vídeo ha servido para que una parte del feminismo quede retratada en una posición incómoda: exigir condena sin matices para la violencia machista y aplicar matices cuando el agresor es migrante. La contradicción no la resuelve el argumento de la islamofobia, porque condenar un delito no es condenar a un colectivo. Confundir ambas cosas es lo que permite que el silencio se lea como complicidad.

Hay quien defiende que el feminismo debe centrarse en el agresor, no en su origen, y que meter la variable migratoria en la ecuación es hacerle el juego a la ultraderecha. El problema es que ese mismo razonamiento, aplicado a la inversa, es el que durante años ha servido para no hablar de determinados perfiles. Y las víctimas no entienden de estrategias comunicativas.

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¿Cuántas víctimas más hacen falta para que la condena deje de depender del pasaporte del agresor?