La izquierda esta dando otro golpe de estado en Sol.

La acampada de Sol, entre el relato del golpe y las banderas​

Dos jóvenes con la bandera de España cruzan la Puerta del Sol y, según un mensaje difundido en redes, se topan con activistas de la protesta por la vivienda. Otro altercado recogido en el hilo es el de una mujer increpada con un término despectivo por su origen. De ahí se salta, en apenas unas líneas, a un supuesto golpe de Estado. Y no uno cualquiera: el PSOE estaría financiando a la vez la acampada y a los grupos de extrema derecha que quieren reventarla. Las dos cosas. Todo es disidencia controlada, resume la tesis.

Las tres patas del relato del golpe​

El punto de partida son tres afirmaciones encadenadas. Una: el PSOE costea la acampada de Sol. Dos: el Sindicato de Inquilinas maneja un patrimonio de millones de euros llegados del Estado. Tres: el gobierno financia a grupos de extrema derecha para calentar la calle, tener un enemigo visible y presentar a la derecha como violenta. Ninguna viene con una prueba; se enuncian como verdades de sentido común y se remiten al sanchismo como motor de todo.

Sobre ese esquema se monta la lista de agravios clásica. El 11M. La moción de censura. La ley de nietos. El tongo de Maricarmen para resucitar a Podemos. Todo encaja en la misma película, y eso, justo eso, es lo que levanta la primera duda.

¿Quién controla a quién cuando todos son piezas del mismo plan?​

Aquí el relato empieza a crujir. Si el gobierno financia la protesta y, a la vez, financia a quienes la atacan, la misma mano estaría pagando los dos bandos del mismo choque. Una formulación que circula entre los mensajes lo admite sin complejos: siempre es disidencia controlada, lo difícil siempre es saber de verdad quién la controla. Es decir, la sospecha se convierte en coartada, y comprobar el hecho pasa a ser opcional.

El segundo frente es la calle. Unos describen a extremistas de izquierda agrediendo a dos jóvenes por llevar la bandera. Otros responden que la bandera no pinta nada en una protesta por la vivienda. Y en medio, un altercado con una mujer a la que, según un mensaje difundido en redes, se increpó con un término despectivo por su origen. La bandera, que debería ser el objeto menos discutible del mundo, funciona de mecha.

Dejar que se cuezan y otras estrategias​

No todo es denuncia. Hay quien recomienda la inacción calculada: dejarlos en la plaza y que se desgasten solos, porque el conflicto sería su única forma de no ser barridos en las urnas. Otros ponen el foco en el medio plazo, en una legislatura que acerque a determinados partidos a los modelos de Bukele o Milei. Un tercer mensaje pide directamente ver las vidas laborales y los expedientes académicos de todos los que están en la plaza, como si un currículum certificara una opinión.

Ninguna de las tesis del arranque está acreditada. La acusación de financiación estatal al sindicato de inquilinas se lanza al aire. La de que el gobierno sostiene a la extrema derecha, también.

Y aquí está el dato que descoloca: el mismo gobierno al que se acusa de pagar la acampada es el que, según esa misma teoría, paga a quienes van a romperla. Dos facturas, un pagador, cero pruebas. Mientras tanto, en la plaza, la pelea real sigue siendo por la bandera y por el alquiler.