Opinión: La libre acampada, es legal

Acampar donde otros ya acampan no te exime de la multa​

Ver una tienda de campaña plantada en una plaza pública es el punto de partida del debate, y con ella llega la pregunta incómoda: si al lado hay quien acampa sin recibir sanción, ¿puedo yo alegar agravio comparativo y librarme? La respuesta que se impone en el debate es tajante: no. Como resume uno de los participantes, la libre acampada como escudo legal se estrella con un principio básico del derecho sancionador: que otro incumpla impunemente no te exonera a ti. La desigualdad percibida puede ser real; la defensa, casi nunca.

¿Por qué el agravio comparativo no anula una multa?​

El argumento parece imbatible de puro lógico: si dos personas hacen lo mismo y solo una es castigada, hay agravio. Pero, como apunta uno de los intervinientes, la aplicación de la norma es discrecional, y esa discrecionalidad, por irritante que resulte, no convierte tu sanción en ilegal. El derecho administrativo no se rige por el criterio de «todos o ninguno». Que a tu lado nadie levante la multa no es un papel que puedas esgrimir en el recurso.

Aun así, la sospecha crece. Cuando una ordenanza se aplica con criterios que el ciudadano no alcanza a descifrar, la ley deja de parecer neutral y empieza a parecer un instrumento. Es ahí donde el cabreo se convierte en argumento y el argumento, casi siempre, se queda en el bolsillo.

Acampar, pernoctar y el margen de cada ordenanza​

La frontera entre lo permitido y lo prohibido la traza la normativa local. Pernoctar con una furgoneta en un lugar señalado como prohibido es una infracción recurrente en muchos municipios, y quien vive sobre ruedas lo sabe. De ahí que algunos preparen pancartas y carteles con reclamos tan jurídicos como irónicos: «ninguna furgoneta es ilegal». La ocurrencia resume el fondo del asunto: la acampada y la pernocta se dirimen en el terreno municipal.

Indefensión y prevaricación: el recurso que casi nunca prospera​

Cuando llega la multa, la defensa habitual es doble: indefensión —haber tenido que agotar cada instancia para demostrar la propia inocencia mientras otros seguían acampando— y prevaricación, el supuesto delito de la autoridad que resuelve injustamente a sabiendas. Es la vía más ambiciosa y la más frágil. Sostener que una sanción deriva en prevaricación es una afirmación de parte, no una consecuencia automática, y la justicia rara vez la compra sin pruebas.

El trasfondo político de una multa​

El asunto no tarda en saltar de escala. Una parte del análisis lo enmarca en una sospecha mayor: la de un Estado que aplicaría la ley con manga ancha según quién y dónde, y que arrastraría ese sesgo, dicen, desde 1978. Otra corriente retrocede incluso más y busca precedentes de hace noventa años. Son lecturas políticas, no hechos probados, y conviene tomarlas como lo que son: marco ideológico de un descontento, no prueba de nada.

Al final queda el desconcierto. Sobre el papel, la ley es idéntica para todos; en la acera, no lo parece. Y no hay agravio comparativo que salve esa distancia.