La MEMA pretende añadir en el historial médico todos los datos socioeconómicos de los pacientes.

Sanidad propone fichar tu clase social en la historia clínica​

El detalle que lo resume no es un panfleto, es una rutina de mostrador: una recepcionista de ambulatorio con acceso a la ficha socioeconómica de cualquiera que cruce la puerta, y ese mismo ciudadano bloqueado cuando pide los análisis de sangre de su padre enfermo. La información que recoge EL ESPAÑOL apunta exactamente ahí: incluir en la nueva historia clínica los «condicionantes sociales de la persona y de su contexto familiar», de modo que los equipos profesionales «puedan conocer y tener en cuenta las condiciones de vida a la hora de hacer un diagnóstico o una recomendación».

Qué quiere incluir Sanidad en la historia clínica​

El índice del documento difundido por el Ministerio de Sanidad, enlazado en la propia discusión, no se queda en el código postal. Entre las variables aparecen la clase social, la orientación sexual, el origen étnico, el nivel de ingresos y la pertenencia a asociaciones. La justificación es la de siempre en este terreno: el contexto condiciona la salud y un diagnóstico a ciegas es peor diagnóstico.

Esa frase es razonable. El problema empieza cuando se pregunta dónde acaba el dato, cuánto tiempo se guarda y quién lo lee. La estadística sanitaria lleva décadas midiendo desigualdad sin necesidad de identificar a nadie. Aquí se propone lo contrario: asociar la posición social a una persona concreta y meterla en la misma pantalla que su alergia a la penicilina.

Del determinante social a la ficha completa​

Un estudio sobre diez mil historiales agregados no necesita saber quién es usted. Una ficha clínica con su origen étnico y su orientación sexual, sí. Y esa información viaja: con cada acceso, con cada copia de seguridad, con cada proveedor tecnológico que toque el sistema. Los datos ya existen repartidos entre Hacienda, el padrón y la Seguridad Social. Lo nuevo no es el dato, es tenerlos juntos y colgados de una tarjeta sanitaria.

Sobre el papel, es una mejora para detectar pacientes que vuelven a urgencias porque en casa no hay quien los cuide. En la práctica, es la materia prima ideal para cualquier sistema de puntuación. Centralizar es barato; limitar el uso posterior es lo caro, y de eso el índice no dice nada.

El argumento clínico y el recelo sobre el uso real​

La defensa oficial se sostiene sola. Conocer las condiciones de vida permite recomendar mejor y derivar antes. Hay casos donde es indiscutible, y negarlo sería de necios.

El recelo aparece en la parte que no se escribe. Hay quien sostiene que el objetivo de fondo es clasificar a la población por probabilidad de coste, y que una vez montada la infraestructura el uso lo decide quien manda, no el médico de cabecera. En contra pesa un dato incómodo: nada en la propuesta habla de denegar atención por renta. Los escenarios de triaje por ingresos que circulan —el paciente con dos pisos al que se invita a irse a la privada— son hipótesis del vecindario, no letra del texto.

Del certificado covid a la identidad digital​

El precedente más repetido tiene fecha. Entre 2021 y 2022, en las comunidades que implantaron el certificado de vacunación covid para acceder a locales de ocio y restauración, el personal de esos locales comprobaba datos de salud de los clientes. Se dijo entonces que era excepcional y temporal. Ahora la discusión se plantea en plazos más largos: identidad digital única, monederos electrónicos y bases de datos que se van cruzando.

No hay prueba alguna de que esta propuesta sea el primer eslabón de nada. Pero la secuencia —normalizar que un tercero consulte tu información personal— se parece bastante a la que se apuntaba con retintín entonces, cuando el certificado era un trámite de barra de bar.

Quién ve los datos y quién no​

En el acceso está la asimetría que más incomoda. Los equipos profesionales podrán conocer el contexto social del paciente. El paciente, en cambio, sigue topando con el circuito blindado del sistema para consultar su propio historial o el de un familiar directo, aunque sea él quien sostiene la casa.

Para guardar el nombre y el teléfono de tus clientes en cualquier negocio hace falta autorización expresa por la ley de protección de datos. En sanidad, el diseño va por otra vía. Charo de ambulatorio mirando rentas, y tú esperando en la puerta sin saber en qué box está tu mujer.

El documento habla de clase social, de origen étnico y de contexto familiar. Falta el detalle más simple: por qué ese aparato tiene la puerta abierta para mirar tu nómina y cerrada para que tú mires la analítica de tu padre. El mismo código con el que pagas tus impuestos no sirve para eso.