La Menestra del hembrismo y la desigualdad a grito pelado en el Congreso, supera a Ireno Montera

¿Cuánto cuesta la política de violencia de género y qué devuelve a cambio? La pregunta reaparece cada vez que una ministra sube a la tribuna del Congreso a defender la partida, y esta vez ha vuelto a hacerlo a gritos. La escena —una responsable de Igualdad elevando el tono mientras parte del hemiciclo aplaudía— ha reabierto el asunto de fondo: dos décadas de leyes y presupuestos crecientes, y una cifra de mujeres asesinadas que, sostienen los críticos, no baja lo suficiente.

El nombre de Irene Montero reaparece en la comparación, y no por casualidad: hay quien sostiene que la responsable actual supera su registro. Y sobre esta última se repite el apunte que la sitúa durante años como mano derecha de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid, que unos usan para contextualizar el perfil y otros como simple guiño. Lo que nadie discute es el volumen.

Qué hay detrás de la bronca en el Congreso por Igualdad​

El reproche central no es de forma, es de cuentas. Se argumenta que las leyes de violencia de género llevan 20 años vigentes y que el gobierno suma 5 consecutivos en el poder, y que en ese tiempo el dinero gastado resulta incontable mientras las muertes se mantienen, cuando no suben. La duda planteada —cuánto se ha gastado y qué índices han mejorado— nunca recibe una respuesta cifrada. Eso alimenta la sensación de que el discurso funciona mejor a base de volumen que de resultados.

Algunos análisis van más lejos y colocan el móvil en algo más prosaico: poder, dinero y privilegios. La frase, tomada del cine —«no es nada personal, son negocios»— resume una sospecha incómoda: que la defensa numantina de un presupuesto se explique menos por los datos que por el sueldo que sostiene.

El gasto público y quién vive de la violencia de género​

Aquí el asunto se vuelve económico. Se señala un entramado de entidades subvencionadas —lo que con retintín se llama chiringuitos— cuya continuidad depende de que la partida siga creciendo. La acusación de fondo: hay colectivos cuyo empleo pende de mantener el problema activo y la alarma encendida, y ese incentivo distorsiona el diagnóstico. Se lanza sin pruebas concluyentes, cada vez que aparece un presupuesto nuevo.

Un episodio se cita como ejemplo: una partida millonaria aprobada pero bloqueada, cuya ejecución se reclamó al margen del trámite. Para los críticos revela que lo que se protege es el flujo de fondos, no a las víctimas. El reparto detallado, partida a partida, no figura en ninguna nota oficial y es justo ahí donde la curiosidad se queda sin resolver.

¿Cuántos hombres mueren por suicidio y accidentes frente a la violencia de género?​

La comparación aparece en cuanto se habla de presupuestos. Frente a las muertes de mujeres, se recuerda que los hombres fallecidos por accidente laboral o por suicidio superan esa cifra, y que no existe un ministerio ni una asignación específica para atajarlo. La asimetría institucional se usa como prueba de que el criterio no es el número de víctimas, sino la agenda política que lo enmarca. Hay quien añade que esas muertes tampoco ocupan portadas.

El debate, de momento, no se ha resuelto en términos estadísticos: nadie ha puesto sobre la mesa un cuadro único que permita comparar ambas series con el mismo criterio.

Inmigración y violencia de género: la estadística que se usa como arma​

Uno de los puntos más delicados es el cruce de nacionalidad y delito. Se asegura que la mitad de los condenados son extranjeros y que el fenómeno se concentra de forma desproporcionada en población migrante respecto a su peso demográfico. Cualquier lectura de ese tipo exige tasas por población, no números absolutos, y ajustes por edad, renta y situación administrativa. Sin ese desglose, la cifra funciona como arma política antes que como diagnóstico.

Aquí conviene una advertencia: atribuir la violencia a un origen concreto es una generalización que los datos del material no permiten sostener. El dato que algunos esgrimen, tomado en crudo, no sostiene la conclusión que se le quiere colgar. Y el riesgo de fondo es que la parte más débil del debate —las víctimas— quede enterrada bajo la trinchera.

Lo que sigue sin respuesta​

Las preguntas se acumulan y ninguna llega con cifra. Cuánto se ha gastado. Qué indicador ha bajado. Qué parte del presupuesto va a prevención real y cuánta a estructura. Mientras esas respuestas no aparezcan por escrito, la tribuna seguirá siendo el mejor escaparate: el aplauso se graba rápido, la cuenta no la revisa nadie.