Sinceramente, ME ALEGRO de que al fin intenten limitar la prespitación

Limitar la prostitución: el pulso entre moral y mercado​

La propuesta de restringir la prostitución ha dejado de ser un asunto exclusivamente moral para convertirse en un problema de incentivos, precios y oferta. Quien paga por sexo lo hace, sostiene una parte del análisis, porque no logra acceder a él por otras vías; quien lo prohíbe, replica otra, no elimina la demanda, solo encarece el acceso y lo empuja hacia circuitos menos visibles. El resultado, según los escenarios que se manejan, sería una subida del precio del servicio, una mayor dependencia de redes opacas y un desplazamiento del negocio hacia pisos y viviendas particulares donde la inspección es casi imposible.

La discusión arranca de una tesis incómoda: que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo y que ninguna ley ha conseguido borrarlo del mapa. Los ejemplos se acumulan —regímenes que la prohibieron y acabaron con mercados clandestinos, países que la toleran de forma tácita bajo fórmulas que no se llaman prostitución— y todos apuntan a lo mismo: la demanda no desaparece cuando se prohíbe la oferta. Lo que cambia es quién asume el riesgo y cuánto cuesta.

Qué pasa con el precio cuando se prohíbe la oferta​

El argumento económico más repetido es el del efecto sustitución. Si se cierra el acceso legal y visible, la oferta se contrae, pero la demanda sigue ahí. El resultado previsible es un encarecimiento del servicio y una concentración del negocio en manos de quien puede operar fuera del radar. Hay quien sostiene que esto perjudica sobre todo a los clientes con menos recursos y a las trabajadoras más precarias, que pierden la posibilidad de operar de forma relativamente autónoma y quedan expuestas a estructuras de intermediación con más poder de negociación.

El paralelismo con la Ley Seca estadounidense de los años treinta aparece una y otra vez. La prohibición del alcohol no redujo el consumo; lo trasladó a circuitos ilegales, disparó el precio y alimentó organizaciones criminales. La guerra contra la droga, décadas después, habría seguido el mismo guion: España figura entre los países europeos con mayor consumo de cocaína pese a décadas de persecución. La conclusión que extrae una parte del análisis es sencilla: prohibir no elimina, reubica.

El impacto sobre el mercado matrimonial y la natalidad es el otro gran eje. Se argumenta que un acceso más difícil y caro al sexo fuera de la pareja eleva el poder de negociación de quien lo ofrece dentro de ella, y que eso podría traducirse en exigencias mayores para los hombres que no parten de una posición ventajosa. La consecuencia última, según este razonamiento, sería una caída adicional de la natalidad y un endurecimiento de las condiciones de emparejamiento.

¿A quién persigue realmente la norma?​

La crítica más repetida no es a la moral de la medida, sino a su selectividad. Se señala que la persecución se cebará con los locales visibles —rotondas, clubes de carretera— mientras la prostitución que se camufla bajo fórmulas de supuesto romance o de acompañamiento seguirá operando sin sobresaltos. En la práctica, la norma golpearía a los clientes con menos recursos y a las trabajadoras más baratas, que son precisamente las que menos capacidad tienen de reubicarse en circuitos discretos y caros.

Hay quien va más allá y sostiene que la medida acabará promoviendo lo que dice combatir: al dejar sin cobertura a las trabajadoras más vulnerables, las empuja hacia redes de intermediación que operan con lógica mafiosa. La paradoja es la misma que se dio con la prohibición del alcohol o con la persecución del consumo de drogas: cuanto más se restringe la vía legal, más poder se concentra en quien controla la vía ilegal.

La dimensión política del asunto tampoco pasa desapercibida. Se subraya que la iniciativa parte de formaciones que, en teoría, defienden la libertad individual, y que la contradicción entre ese discurso y la restricción de un acuerdo entre adultos es difícil de sostener. La pregunta que sobrevuela es si el objetivo real es proteger a las personas o simplemente dar una señal moral a un electorado concreto.

El argumento de la libertad individual frente a la moral impuesta​

Frente a la condena moral, emerge una defensa explícita del acuerdo libre entre adultos. Se sostiene que un intercambio voluntario de sexo por dinero no es más turbio que cualquier otro intercambio laboral, y que prohibirlo supone imponer una moral particular al conjunto de la sociedad. La comparación con otras actividades reguladas o prohibidas por motivos morales —el alcohol, el juego, determinadas sustancias— sirve para reforzar la idea de que la ley no debería meterse donde no hay daño a terceros.

La crítica al paternalismo legal se combina con una observación práctica: si la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, ninguna norma la va a extinguir. Lo único que cambia con la prohibición es el grado de protección de quienes la ejercen. Un marco legal permite inspección, derechos laborales y acceso a servicios sanitarios; la clandestinidad, por el contrario, deja a las trabajadoras sin red de seguridad y las expone a abusos que la ley no puede perseguir porque no ve.

El desplazamiento hacia pisos y viviendas particulares es la consecuencia logística más citada. Si se cierran los locales, el negocio se traslada a domicilios donde la inspección requiere orden judicial y donde la trazabilidad del dinero es prácticamente nula. El resultado no es la desaparición del fenómeno, sino su invisibilización. Y lo invisible, en términos de política pública, es lo más difícil de regular.

La dimensión de género: quién asume el coste real​

Una de las voces más lúcidas del análisis señala que la desaparición de la prostitución barata no beneficia necesariamente a las mujeres en general. Si los hombres que hoy recurren a servicios de pago dejan de tener esa válvula de escape, el efecto podría ser un aumento del acoso hacia mujeres que no participan en ese mercado. La hipótesis no está cuantificada, pero apunta a un coste difuso que rara vez se incluye en la evaluación de impacto de este tipo de normas.

El otro coste difuso es el que asumen las trabajadoras que pierden su medio de vida. Para muchas, la prostitución no es una elección entre alternativas equivalentes, sino la menos mala de las disponibles. Cerrar esa puerta sin ofrecer una alternativa real no las protege: las empuja a la economía sumergida o a la dependencia de terceros. La protección efectiva, argumentan algunos, no viene de la prohibición sino de la regulación con derechos.

La discusión deriva a menudo hacia el terreno de los incentivos. Se argumenta que la facilidad de acceso al sexo de pago reduce el esfuerzo de una parte de los hombres por resultar atractivos en el mercado convencional, y que su desaparición forzaría un ajuste: más inversión en atractivo, más competencia, más presión sobre quienes no parten con ventaja. Es un argumento incómodo, pero forma parte del análisis económico del asunto.

El precedente internacional y la experiencia comparada​

Los ejemplos de países que han prohibido o restringido la prostitución se usan como evidencia de que la medida no funciona. Se cita el caso de Cuba como un lugar donde la prostitución opera al aire libre pese a décadas de prohibición formal. Se menciona Corea del Norte, donde la escasez de mujeres llevaría a la venta de muchachas a compradores extranjeros. Se alude a China, donde la prostitución no existe oficialmente pero sí los llamados finales felices en determinados establecimientos. El patrón es siempre el mismo: la prohibición formal convive con un mercado sumergido que la ley no alcanza.

En el caso español, la atención se centra en el turismo. Un país que recibe millones de visitantes al año y que tiene una parte relevante de su economía orientada al ocio difícilmente va a poder controlar un mercado que se nutre en parte de esa demanda. Cerrar locales visibles no elimina el negocio: lo desplaza a pisos, a aplicaciones, a redes que operan con discreción. La capacidad de control real es limitada, y los recursos destinados a perseguir el fenómeno podrían tener un retorno mucho mayor en otros ámbitos.

La conclusión que se extrae de la experiencia comparada es que la prohibición no reduce el volumen del mercado, sino que cambia su forma. Y que ese cambio de forma suele ir en detrimento de las personas más vulnerables, que son las que menos capacidad tienen de adaptarse a un entorno más opaco y más caro.

Lo que queda por ver​

El debate no está cerrado. Lo que sí parece claro es que la medida no va a eliminar la prostitución, sino a reconfigurarla. La pregunta relevante no es si desaparecerá —no lo hará— sino quién asumirá los costes de la transición. Y esos costes, según todos los escenarios que se manejan, recaerán sobre quienes menos margen tienen para esquivarlos.

El dato que descoloca es este: en los países donde se ha prohibido, el mercado no ha desaparecido. Se ha encarecido, se ha vuelto más opaco y ha concentrado el poder en menos manos. Si el objetivo era proteger a las personas, el resultado ha sido el contrario. Si el objetivo era dar una señal moral, el precio lo pagan quienes menos pueden permitírselo.