Máximo Décimo Hispanio
sensador de pollos
La controvertida adquisición -y posterior puesta a la venta- de un ático de alto standing por parte de la Comunidad de Madrid ha abierto el debate sobre el uso de las viviendas públicas por los representantes políticos. Independientemente de si era necesaria o no la compra, los altos cargos públicos del Estado y de las Administraciones territoriales (así como de otros estamentos de la función pública) pueden disponer de una vivienda pública para su uso, con la ventaja de que apenas tienen que pagar un ‘alquiler’.
Es otro privilegio más de los que gozan los políticos. En casi 50 años de democracia y de ley del IRPF, que regula los salarios en especie que determinan el pago de este uso, no se ha realizado modificación o actualización alguna, a pesar de la alternancia de los gobiernos. Es obvio, por ejemplo, que a un ministro que procede de otra región se le asigne una vivienda pública en Madrid para su desempeño, incluso para su uso familiar. Pero no lo es, en plena hiperinflación del precio del alquiler de la vivienda (y de la compra), que un miembro del Gobierno, y hay 12 que disponen de este uso, ‘pague’ una media de poco más de 161 euros al mes (se acerca a 200 euros en el caso algunos de los presidentes autonómicos), mientras que el propio arrendador (la Administración) se hace cargo también de los gastos fijos inherentes como la luz, la calefacción o el agua.
Esa es la cifra neta (cuota líquida resultante del IRPF) que sale por residir en un palacio, un inmueble en el centro histórico de la capital o en una vivienda de más de 300 metros con múltiples estancias propiedad del Patrimonio del Estado o de la Administración. Mientras, el resto de los ciudadanos, en caso de que haya una oferta privada, tendrá que pagar más de 1.800 euros mensuales (nueves veces de lo que le sale un ministro) por un piso de menos de 80 metros.
Esta situación se ha dado en todas la legislatura, pero ahora es mucho mayor la crisis de oferta inmobiliaria y los alquileres siguen sin tocar techo. Ningún partido (de la derecha, ultraderecha, izquierda, ultraizquierda o los nacionalistas de todo tipo) ha pretendido regular o actualizar este ‘chollo’, ni ha intentado cambio alguno. Todos se han beneficiado de las bondades que permite el uso y disfrute de las viviendas públicas a muy bajo coste.
No hay una norma específica que regule este privilegio. En realidad, los ministros y altos cargos que disponen de una casa pública no abonan cantidad alguna, sino que se les considera afectados por los artículos 42 y 43 de la Ley del IRPF. Ambos regulan las retribuciones en especie, a pesar de que han sido sometidos a distintas interpretaciones que siempre han favorecido a los políticos.
Por ejemplo, la Dirección General de Tributos, alegando “motivos de especial trascendencia” como la seguridad, suprimió en una resolución que algunos cargos, como el presidente del Gobierno y el ministro de Interior (también el Jefe del Estado), no tienen que declarar como salario en especie el uso de La Moncloa o de la sede del ministerio. En todo caso, José María Aznar, ex inspector de Hacienda, es el único presidente del Gobierno que, a pesar de esta regulación, decidió voluntariamente incluir en su declaración de la renta la cantidad que le correspondía como salario en especie tributable.
En todo caso, el artículo aclara que esa valoración no podrá exceder del 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo ante la elevada cantidad a consignar que saldría por alto valor catastral que tienen esto inmuebles históricos. Es decir, la utilización de una vivienda pública implica tener que incluir en la declaración de la renta, como ingreso es especie, el 5% del sueldo de los ministros y alto cargos.
Por ejemplo, en el caso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, su sueldo oficial en 2025 según el Portal de la Transparencia fue de 84.650 euros. Su actualización en 2026 (1,5%) le supone una remuneración de casi 86.000 euros brutos. A esta cifra tendrá que sumar ese 5% de salario en especie por disponer de una vivienda oficial de 229,8 metros con ocho estancias en Madrid para calcular la base imponible resultante que tributará a un tipo marginal del 45%. Por tanto, tendrá que añadir unos 4.300 euros a la base imponible, que con ese 45% aplicable le supondrá una cuota líquida a tributar de unos 1.935 euros anuales al año como pago neto del ‘alquiler’. Lo que supone unos 161 euros al mes, muy lejos de la realidad para los demás ciudadanos.
Es evidente que esta tributación por el uso de este bien público está absolutamente desfasada de la realidad y sobre todo alejada de cualquier ejemplo de ética y estética que debería tener la clase política. Sólo hay que ver que cada vez hay más funcionarios públicos que, ante la dificultad en conseguir un alojamiento, deciden rechazar a la plaza obtenida, sobre todo, en servicios tan necesarios para el ciudadano como la sanidad o la educación. Según los expertos consultados, además de la necesaria transparencia sobre qué cargos disponen de estos ‘privilegios’, sería conveniente modificar este generoso tratamiento fiscal que les permite casi eludir su pago, o acercar su valoración a los precios de mercado, como se exige a muchos directivos de empresas o incluso fijar en su nómina una cantidad tributable fija para ese concepto.
Además, hay varios presidentes autonómicos que, residiendo supuestamente en sus domicilios particulares, tienen también habilitadas viviendas públicas. En todo caso, prácticamente la mitad de los dirigentes de las CCAA (algunos tienen vivienda propia en la misma ciudad) tienen asignada una vivienda oficial con un pago neto de unos 200 euros al mes, entre ellos los de Cataluña, Galicia, Canarias, Extremadura, Baleares o Asturias.
En todo caso, a pesar de la opacidad del Gobierno sobre qué ministros disponen de una vivienda pública, junto a la titular de Vivienda constan al menos otros 11 ministros, entre ellos el de Transportes, Agricultura, Ciencia, Educación, Industria, Exteriores, Inclusión y Seguridad Social, Política Territorial y Economía, así como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol; que dispone de un palacete en el Retiro madrileño con una residencia de más de 100 metros.
Si la presidenta de la comunidad madrileña ejerciera también “su derecho a disponer de una residencia oficial”, como ha señalado, el ‘pago’ neto de su vivienda pública le saldría por unos 193 euros mensuales, ya que tiene un sueldo de 103.090 euros. Es decir, tendría que consignar como renta anual en especie en la base imponible de su declaración del IRPF ese 5% (5.155 euros). A la hora de aplicarse la tarifa, con un tipo marginal del 45%, le supondría un coste real de 2.320 euros, es decir, esos 193 euros al mes.
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Es otro privilegio más de los que gozan los políticos. En casi 50 años de democracia y de ley del IRPF, que regula los salarios en especie que determinan el pago de este uso, no se ha realizado modificación o actualización alguna, a pesar de la alternancia de los gobiernos. Es obvio, por ejemplo, que a un ministro que procede de otra región se le asigne una vivienda pública en Madrid para su desempeño, incluso para su uso familiar. Pero no lo es, en plena hiperinflación del precio del alquiler de la vivienda (y de la compra), que un miembro del Gobierno, y hay 12 que disponen de este uso, ‘pague’ una media de poco más de 161 euros al mes (se acerca a 200 euros en el caso algunos de los presidentes autonómicos), mientras que el propio arrendador (la Administración) se hace cargo también de los gastos fijos inherentes como la luz, la calefacción o el agua.
Esa es la cifra neta (cuota líquida resultante del IRPF) que sale por residir en un palacio, un inmueble en el centro histórico de la capital o en una vivienda de más de 300 metros con múltiples estancias propiedad del Patrimonio del Estado o de la Administración. Mientras, el resto de los ciudadanos, en caso de que haya una oferta privada, tendrá que pagar más de 1.800 euros mensuales (nueves veces de lo que le sale un ministro) por un piso de menos de 80 metros.
Esta situación se ha dado en todas la legislatura, pero ahora es mucho mayor la crisis de oferta inmobiliaria y los alquileres siguen sin tocar techo. Ningún partido (de la derecha, ultraderecha, izquierda, ultraizquierda o los nacionalistas de todo tipo) ha pretendido regular o actualizar este ‘chollo’, ni ha intentado cambio alguno. Todos se han beneficiado de las bondades que permite el uso y disfrute de las viviendas públicas a muy bajo coste.
No hay una norma específica que regule este privilegio. En realidad, los ministros y altos cargos que disponen de una casa pública no abonan cantidad alguna, sino que se les considera afectados por los artículos 42 y 43 de la Ley del IRPF. Ambos regulan las retribuciones en especie, a pesar de que han sido sometidos a distintas interpretaciones que siempre han favorecido a los políticos.
Por ejemplo, la Dirección General de Tributos, alegando “motivos de especial trascendencia” como la seguridad, suprimió en una resolución que algunos cargos, como el presidente del Gobierno y el ministro de Interior (también el Jefe del Estado), no tienen que declarar como salario en especie el uso de La Moncloa o de la sede del ministerio. En todo caso, José María Aznar, ex inspector de Hacienda, es el único presidente del Gobierno que, a pesar de esta regulación, decidió voluntariamente incluir en su declaración de la renta la cantidad que le correspondía como salario en especie tributable.
Tributación de las rentas en especie
El artículo 42 de la Ley del IRPF en vigor señala que constituyen rentas en especie la utilización, consumo y obtención de bienes, derechos o servicio obtenidos de forma gratuita o por un precio inferior al normal del mercado. Y el 43 indica que en el caso de la utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador (la Administración), estas rentas supondrán un incremento de los rendimientos del trabajo a declarar del 10% del valor catastral o del 5% de dicho valor si dicho valor se hubiera revisado, como se supone en el caso de las viviendas oficiales.En todo caso, el artículo aclara que esa valoración no podrá exceder del 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo ante la elevada cantidad a consignar que saldría por alto valor catastral que tienen esto inmuebles históricos. Es decir, la utilización de una vivienda pública implica tener que incluir en la declaración de la renta, como ingreso es especie, el 5% del sueldo de los ministros y alto cargos.
Por ejemplo, en el caso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, su sueldo oficial en 2025 según el Portal de la Transparencia fue de 84.650 euros. Su actualización en 2026 (1,5%) le supone una remuneración de casi 86.000 euros brutos. A esta cifra tendrá que sumar ese 5% de salario en especie por disponer de una vivienda oficial de 229,8 metros con ocho estancias en Madrid para calcular la base imponible resultante que tributará a un tipo marginal del 45%. Por tanto, tendrá que añadir unos 4.300 euros a la base imponible, que con ese 45% aplicable le supondrá una cuota líquida a tributar de unos 1.935 euros anuales al año como pago neto del ‘alquiler’. Lo que supone unos 161 euros al mes, muy lejos de la realidad para los demás ciudadanos.
Es evidente que esta tributación por el uso de este bien público está absolutamente desfasada de la realidad y sobre todo alejada de cualquier ejemplo de ética y estética que debería tener la clase política. Sólo hay que ver que cada vez hay más funcionarios públicos que, ante la dificultad en conseguir un alojamiento, deciden rechazar a la plaza obtenida, sobre todo, en servicios tan necesarios para el ciudadano como la sanidad o la educación. Según los expertos consultados, además de la necesaria transparencia sobre qué cargos disponen de estos ‘privilegios’, sería conveniente modificar este generoso tratamiento fiscal que les permite casi eludir su pago, o acercar su valoración a los precios de mercado, como se exige a muchos directivos de empresas o incluso fijar en su nómina una cantidad tributable fija para ese concepto.
Vacaciones pagadas
Es más, existen muchas dudas, incluso con la legislación actual, sobre si deberían tributar las vacaciones o retiros de los altos representantes del Gobierno y del Estado fuera de las residencias oficiales asignadas. Por ejemplo, debería aclararse (Hacienda siempre ha guardado silencio) si las vacaciones o estancias de Pedro Sánchez en La Mareta (Lanzarote), Finca de Quintos (Toledo) o en el Palacio de las Marismillas (Doñana) deberían consignarse como remuneración en especie tributable.Además, hay varios presidentes autonómicos que, residiendo supuestamente en sus domicilios particulares, tienen también habilitadas viviendas públicas. En todo caso, prácticamente la mitad de los dirigentes de las CCAA (algunos tienen vivienda propia en la misma ciudad) tienen asignada una vivienda oficial con un pago neto de unos 200 euros al mes, entre ellos los de Cataluña, Galicia, Canarias, Extremadura, Baleares o Asturias.
En todo caso, a pesar de la opacidad del Gobierno sobre qué ministros disponen de una vivienda pública, junto a la titular de Vivienda constan al menos otros 11 ministros, entre ellos el de Transportes, Agricultura, Ciencia, Educación, Industria, Exteriores, Inclusión y Seguridad Social, Política Territorial y Economía, así como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol; que dispone de un palacete en el Retiro madrileño con una residencia de más de 100 metros.
Si la presidenta de la comunidad madrileña ejerciera también “su derecho a disponer de una residencia oficial”, como ha señalado, el ‘pago’ neto de su vivienda pública le saldría por unos 193 euros mensuales, ya que tiene un sueldo de 103.090 euros. Es decir, tendría que consignar como renta anual en especie en la base imponible de su declaración del IRPF ese 5% (5.155 euros). A la hora de aplicarse la tarifa, con un tipo marginal del 45%, le supondría un coste real de 2.320 euros, es decir, esos 193 euros al mes.
La ministra de Vivienda ‘paga’ 161 euros al mes por un piso público de 230 metros
Los altos cargos disfrutan de una tributación privilegiada para los pagos en especie. Hay 12 ministros que usan viviendas oficiales