Si la semana pasada fue la Comisión Europea la que adviritó a los jóvenes de que las pensiones públicas pueden quedarse muy cortas en futuro, el jarro de agua fría este miércoles ha llegado de la mano de la OCDE, organismo que, en su informe sobre España ha instado a nuestro país a recortar las prestaciones si quiere hacer sostenible el sistema.
La alta esperanza de vida, junto con la caída de las tasas de fertilidad, han impulsado un avance del envejecimiento de la población más rápido que en la mayoría de los demás países de la OCDE y la UE, lo que implica un cambio demográfico que reducirá la oferta laboral, ralentizará el crecimiento del PIB potencial, afectará a los servicios públicos y ejercerá una presión creciente sobre las finanzas públicas, en particular a través del sistema de pensiones y la atención sanitaria.
En este sentido, destaca las reformas recientes, como la jubilación parcial y el complemento de apoyo al empleo, diseñadas para apoyar el empleo sostenido de los trabajadores de más edad, aunque la tasa de empleo de este segmento cae drásticamente después de los 55 años.
Sin embargo, la OCDE señala que, en el caso de las personas mayores de 52 años, la asistencia por desempleo tiene una duración ilimitada, no está sujeta a la comprobación de recursos a nivel familiar, sino a nivel individual, y se complementa con cotizaciones a la seguridad social del 125% de la base mínima, siempre que cumplan todos los criterios para acceder a la pensión contributiva, excepto la edad, en contraste con las reglas para los beneficiarios más jóvenes, para quienes el programa tiene una duración limitada y no incluye cotizaciones a la seguridad social.
Por lo tanto, recomienda reformar la prestación por desempleo no contributiva para que los trabajadores de todas las edades reciban el mismo apoyo, restringiendo la acumulación de la pensión únicamente a la fase del seguro de desempleo, ya que, si bien la mayor generosidad de la asistencia proporciona una protección adicional contra la pobreza en edades avanzadas, algunos estudios han descubierto que también puede reducir los incentivos para la búsqueda de empleo de los trabajadores mayores, especialmente entre aquellos con bajos ingresos potenciales.
En cuanto a la inmi gración, España es actualmente uno de los principales destinos de Europa, lo que ha ayudado a compensar el descenso de la población autóctona y ha sido un importante impulsor del crecimiento del empleo y el rendimiento macroeconómico.
De cara al futuro, se prevé que estas tendencias demográficas persistan y se proyecta que la migración compense parcialmente la disminución del crecimiento de la población nativa, aunque la OCDE subraya que los beneficios a largo plazo dependen de la integración exitosa de los migrantes en empleos de calidad y de su capacidad para contribuir plenamente a la economía y la sociedad.
De este modo, considera prioritario mejorar la integración en el mercado laboral de los migrantes, reducir la subutilización de las habilidades de estos y alinear mejor el sistema migratorio con las necesidades del mercado laboral, considerando especialmente la jubilación de la generación del baby boom.
La alta esperanza de vida, junto con la caída de las tasas de fertilidad, han impulsado un avance del envejecimiento de la población más rápido que en la mayoría de los demás países de la OCDE y la UE, lo que implica un cambio demográfico que reducirá la oferta laboral, ralentizará el crecimiento del PIB potencial, afectará a los servicios públicos y ejercerá una presión creciente sobre las finanzas públicas, en particular a través del sistema de pensiones y la atención sanitaria.
En este sentido, destaca las reformas recientes, como la jubilación parcial y el complemento de apoyo al empleo, diseñadas para apoyar el empleo sostenido de los trabajadores de más edad, aunque la tasa de empleo de este segmento cae drásticamente después de los 55 años.
Sin embargo, la OCDE señala que, en el caso de las personas mayores de 52 años, la asistencia por desempleo tiene una duración ilimitada, no está sujeta a la comprobación de recursos a nivel familiar, sino a nivel individual, y se complementa con cotizaciones a la seguridad social del 125% de la base mínima, siempre que cumplan todos los criterios para acceder a la pensión contributiva, excepto la edad, en contraste con las reglas para los beneficiarios más jóvenes, para quienes el programa tiene una duración limitada y no incluye cotizaciones a la seguridad social.
Por lo tanto, recomienda reformar la prestación por desempleo no contributiva para que los trabajadores de todas las edades reciban el mismo apoyo, restringiendo la acumulación de la pensión únicamente a la fase del seguro de desempleo, ya que, si bien la mayor generosidad de la asistencia proporciona una protección adicional contra la pobreza en edades avanzadas, algunos estudios han descubierto que también puede reducir los incentivos para la búsqueda de empleo de los trabajadores mayores, especialmente entre aquellos con bajos ingresos potenciales.
En cuanto a la inmi gración, España es actualmente uno de los principales destinos de Europa, lo que ha ayudado a compensar el descenso de la población autóctona y ha sido un importante impulsor del crecimiento del empleo y el rendimiento macroeconómico.
De cara al futuro, se prevé que estas tendencias demográficas persistan y se proyecta que la migración compense parcialmente la disminución del crecimiento de la población nativa, aunque la OCDE subraya que los beneficios a largo plazo dependen de la integración exitosa de los migrantes en empleos de calidad y de su capacidad para contribuir plenamente a la economía y la sociedad.
De este modo, considera prioritario mejorar la integración en el mercado laboral de los migrantes, reducir la subutilización de las habilidades de estos y alinear mejor el sistema migratorio con las necesidades del mercado laboral, considerando especialmente la jubilación de la generación del baby boom.
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