La UCO sostiene que Aldama pagaba 2.700 euros del piso de la pareja de Ábalos
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que el entramado empresarial vinculado a Víctor Aldama asumía el alquiler de un apartamento en la plaza de España de Madrid ocupado por Jéssica R. G., señalada como pareja sentimental de José Luis Ábalos. La cifra que se repite en las informaciones es de
2.700 euros mensuales, una cantidad que, sumada a otros pagos, convierte el caso en algo más que un episodio de alcoba: es una investigación sobre quién financiaba la vida privada de un ministro y por qué.
La revelación llega por entregas. Primero el alquiler. Después, la condición de la inquilina. Y en medio, un reguero de versiones que van desde el «no pasará nada» hasta el cálculo frío de cuánto cuesta mantener una relación discreta en una zona premium de Madrid. Lo que sigue no es un juicio: es el mapa de lo que se sabe y de lo que se sospecha.
Qué dice la UCO sobre el alquiler de Jéssica R. G.
El informe policial sitúa el pago del alquiler en la órbita de Aldama, comisionista y empresario zamorano presentado como conseguidor de favores para determinadas empresas. El inmueble, en la plaza de España, no es un piso cualquiera: se trata de una zona céntrica y cara, con acceso discreto desde garaje y con vecinos de perfil alto.
2.700 euros al mes es el precio que se repite en las informaciones, y que algunos mensajes elevan a algo más que una anécdota doméstica.
La pregunta que sobrevuela todo el asunto no es quién paga, sino con qué dinero. Hay quien apunta a fondos públicos desviados y quien habla de «chanchullos» del partido. Ninguna de esas hipótesis está cerrada. La UCO investiga; el resto son versiones.
Los pagos por viaje y el papel de Aldama como comisionista
Junto al alquiler, las mismas fuentes mencionan pagos adicionales por salidas o desplazamientos, con cifras que en el material del caso se sitúan en torno a
1.500 euros por salida. La suma de alquiler y pagos sueltos dibuja un patrón: alguien con capacidad económica sostenía gastos personales de la pareja de un alto cargo.
Aldama aparece descrito como presidente del Zamora Club de Fútbol, con residencia en Zamora y un Porsche como vehículo habitual, y como amigo tanto de Koldo García como del propio Ábalos. Su función, según estas versiones, era intermediar y facilitar. El detonante de la relación, según un relato que circula en el material, habría sido un problema financiero del hijo de Ábalos que Aldama habría aprovechado para acercarse al entonces ministro.
¿Por qué la plaza de España y no otro barrio?
La elección del inmueble no parece casual. La zona concentra hoteles, restaurantes y edificios con varios accesos, lo que facilita entrar y salir sin cruzarse con nadie. En el material se menciona que el edificio cuenta con garaje propio y que en él tienen propiedades nombres conocidos del cine y la televisión.
Discreción y precio alto: dos condiciones que encajan con lo que se busca cuando lo que hay que esconder no es una compra, sino una relación.
El cálculo completo, con renta, pagos por desplazamiento y otros gastos asociados, da una cifra que sorprende incluso a quien sigue el caso desde el principio. No es el sueldo de un cargo público. Es el presupuesto de una estructura.
El contraste con otros países y con la propia ley fiscal
La comparación que más se repite es la de Reino Unido, donde una compra pagada con tarjeta equivocada acabó en dimisión. Aquí, sostienen algunas voces, el listón está en otro sitio:
un comisionista pagando el alquiler de la pareja de un ministro y el asunto sigue en fase de investigación.
Hay un detalle que añade sal a la herida: quien paga el alquiler de un familiar puede ser tratado por Hacienda como una donación encubierta. La anécdota circula en el material y sirve para subrayar la asimetría: para el ciudadano medio, pagar el piso de un hijo es un problema fiscal; para determinados círculos, es una relación empresarial.
El desgaste del relato oficial y el «no pasará nada»
La reacción más repetida no es de sorpresa, sino de resignación.
No pasará nada, se dice. La corrupción se ha convertido en un paisaje y el votante, en espectador. Frente a eso, otra corriente sostiene que el caso es «fango de la ultraderecha» y que todo se reduce a una operación de desgaste. Las dos posturas conviven sin tocarse.
Lo que sí parece claro es que el asunto no se cierra con una dimisión. La investigación sigue abierta y las piezas —alquiler, pagos, intermediarios— están sobre la mesa. Lo que ocurra con ellas depende de un juzgado, no de un titular.
Con estos mimbres, lo razonable es esperar más entregas. Si la UCO mantiene el ritmo, el caso tiene recorrido para meses. Y si algo ha demostrado la política española es que los sumarios largos rara vez terminan donde empiezan.