La violencia de los funcionarios sobre el resto de trabajadores

Funcionarios y privados: los números del choque salarial​

¿Gana un funcionario el doble que un asalariado del sector privado por el mismo trabajo? La pregunta se repite desde hace años y no tiene respuesta única, que es justamente lo que enciende el enfado. Una tesis que circula sostiene que el empleado público disfruta de un puesto indespedible, mejor horario, más vacaciones y un sueldo pagado con los impuestos de quien se desloma por un salario de miseria. Eso, dice esa tesis, es violencia económica. El reproche es grueso. Las cifras que se colocan encima de la mesa son bastante más pequeñas.

¿Cuánto cobra un funcionario según los tramos que se citan?​

El desglose que se cita en el hilo ordena al personal público por grupos. Un C2 del Estado ronda los 1.000 euros al mes; un C1, unos 1.200; un A2, 1.500; y un A1 —los titulados superiores— se queda cerca de 2.000. Por encima quedan asesores y cargos políticos, en torno a 3.000. Los más numerosos son los de abajo, y el retrato que se hace de ellos no es el de un privilegiado: se describe a esa plantilla compartiendo piso y esperando la paga extra para cuadrar el año.

La propia Administración General del Estado intenta atraer talento con una oferta que no ayuda al relato. En un cuerpo técnico de entrada, el salario arranca en 1.150 euros netos al mes, una cifra que en el planteamiento de partida se cita con retintín: «condiciones excepcionales». Con la inflación comiendo por detrás, hay quien calcula pérdidas de poder adquisitivo del 10% al 20% anual y recuerda que la caída acumulada viene de lejos, de 2007 para acá.

El cálculo de 60 a 80 euros por hora trabajada​

Aquí los números se vuelven elásticos. Hay quien sostiene que, sumando jornada efectiva, días libres y vacaciones, muchos puestos públicos salen a una tarifa de 60, 70 u 80 euros por hora trabajada, un precio que no alcanza ni un directivo de alto vuelo; traducido a tiempo completo, eso equivaldría a más de 120.000 euros al año. La objeción es tan simple como obvia: si el sueldo nominal es de 1.500 a 2.000 euros, la única forma de llegar a esa tarifa es contar solo los minutos de trabajo aparente y no las horas de presencia obligatoria. El cálculo convence a quien quiere que le convenza.

Por qué un bombero cobra más que un camarero​

La comparación entre profesiones genera dos corrientes enfrentadas. Una sostiene que médicos, bomberos, policías y profesores es normal que ganen más que camareros o limpiadoras, porque el trabajo exige formación y responsabilidad. La otra da la vuelta al argumento: esos colectivos cobrarían por encima de lo que producen y la diferencia se pagaría a costa de los salarios de camareros y limpiadoras, que estarían por debajo de su productividad real. Ninguna de las dos se cierra sin una contabilidad que nadie aporta.

La endogamia aparece también en el retrato social del funcionariado: quien convive entre nóminas públicas tiende a creer que el país funciona así, y en esos círculos, se dice, emparejarse con otro empleado público tiene mejor prensa que con un autónomo con dinero.

Las ventajas que no salen en la nómina​

El sueldo es solo una parte del cómputo. Se apunta a la conciliación, a la jornada fija de lunes a viernes, a los permisos para asuntos propios y a la imposibilidad de despido, con un detalle nada menor: tomarse un día libre para ir a una manifestación no tiene consecuencias laborales. El ejemplo que resume la brecha es el menú. En un gran edificio administrativo se sirve, solo para empleados públicos, dos platos y postre por 2,5 euros, y no hace falta más para entender por qué hay quien compara su recibo del bar con ese precio.

Autónomos contra nómina: el otro frente​

El choque no es solo entre público y privado. Buena parte del incendio se libra entre el autónomo que trabaja doce horas de lunes a sábado y saca 1.000 euros limpios, y el asalariado público que cobra 2.000 con jornada de mañana. La réplica llega rápido y a la yugular: durante años, sostiene otra corriente, los asalariados de empresa han financiado con sus impuestos becas y ayudas que acababan en hijos de autónomos que además operan en parte en negro. Cada lado se ve a sí mismo como el pagano de la fiesta del otro.

La respuesta que más irrita: «pues haber opositado»​

Ese es el cortocircuito del asunto. A quien se queja del agravio se le responde que oposite, y a quien responde eso se le contesta que su plaza la sostiene la nómina ajena. En medio aparece otra pregunta incómoda: por qué el trabajador privado no se organiza y sale a la calle como sí lo hace el personal público cuando quiere un aumento. La contestación más repetida es también la más cínica: porque es más cómodo quedarse en casa viendo la tele.

Por qué hay tanta gente opositando​

El fenómeno no es nuevo. Ya en la España de los noventa se presentaron 15.000 personas para una sola plaza fija de secretaria, y eso que entonces la empresa privada tiraba. La crisis posterior a las Olimpiadas y la Expo de 1992 fue tan severa que las oposiciones quedaron prácticamente suspendidas hasta 1997-1998; cuando reabrieron, había una cola de gente esperando. La demanda de plaza responde menos a la vocación y más al mercado: se oposita mucho cuando el sector privado aprieta.

Cuando llegue esa violencia anunciada, conviene tener a mano el dato del menú de 2,5 euros y el de los 1.150 netos de entrada. Sirven para rebajar el tono del reproche y, de paso, para recordar a qué huele de verdad un privilegio.