Las Cortes Valencianas tendrán a una difrutada con síndrome de Down

La primera diputada con síndrome de Down llega a las Cortes Valencianas​

Mar Galcerán lleva veintiséis años fichando en la función pública valenciana. Trece de ellos los pasó como interina en la Conselleria de Presidencia de la Generalitat. En 2010 aprobó las primeras oposiciones adaptadas para personas con discapacidad intelectual que se convocaron en Valencia. Desde entonces ha encadenado destinos: Bienestar Social, Igualdad y Políticas Inclusivas y, ahora, un puesto de subalterna en la Conselleria de Sanidad. La próxima parada no es una conselleria. Es un escaño.

Galcerán ocupa el número 20 por la provincia en la candidatura autonómica del PP de la Comunidad Valenciana, una apuesta personal —según lo publicado— del presidente regional de los populares, Carlos Mazón. Si sale elegida, será la primera persona con síndrome de Down en ocupar un escaño en las Cortes Valencianas. Su vínculo con el partido viene de lejos: entró por Nuevas Generaciones hace dos décadas y hoy es secretaria del área de personas con capacidades diferentes del PP valenciano.

Quién es Mar Galcerán y qué trayectoria tiene​

La biografía que circula rompe el cliché. No es una recién llegada ni un fichaje de última hora. Suma dos décadas vinculada a la política y un recorrido laboral largo en la administración autonómica, con paso por varias consellerias y un examen aprobado por oposición cuando ese tipo de pruebas adaptadas apenas existían en España. Quien la coloca en una lista se apoya, precisamente, en ese historial.

El dato que descoloca es el orden de los acontecimientos. Llegó al escaño, si llega, por designación en una lista, no por un examen. Su carrera administrativa sí la ganó a base de pruebas, en un proceso pensado para personas con discapacidad intelectual. La política, en cambio, sigue funcionando por dedo y confianza.

¿Por qué una candidatura así genera polémica?​

Porque toca dos nervios a la vez. El primero es el de las cuotas: hay quien sostiene que este tipo de nombramientos buscan la foto y la corrección política antes que la competencia, y quien responde que cualquier diputado llega por cuota de partido, no por oposición. El segundo es el de la capacidad. Una parte de las respuestas sostiene que ciertos grados de discapacidad intelectual no deberían dar acceso a un puesto de esa responsabilidad; otra replica que un escaño consiste, en la práctica, en apretar un botón en la dirección que marca el grupo.

Ahí está el filo del asunto. La crítica más repetida no es que Galcerán no pueda, sino que la institución donde va a sentarse tampoco exige gran cosa. Cuando el listón del cargo se asume bajo, el argumento de la incapacidad pierde fuerza. Es un problema del hemiciclo, no de quien entra en él.

El paternalismo y la comparación con otros diputados​

Otra corriente, la más incómoda, la tilda de decorativa. Se argumenta que poner a una persona con síndrome de Down en un escaño sin poder real de decisión es una forma de exhibicionismo moral, y que el grupo acabará poniéndole asesores que le hagan el trabajo. Incluso circula, sin confirmar, la versión de que a algún diputado del PP se le habría pedido ejercer de tutor. Ese tipo de rumor alimenta la tesis del adorno, pero nadie lo ha verificado.

También aparece la comparación clásica: ¿y por qué no un juez con síndrome de Down, o un policía con alzheimer? Es la pregunta que se lanza cuando se mezcla representación simbólica con competencia técnica. La respuesta implacable que dan otros es que el nivel medio del Parlamento no resiste ese escrutinio aplicado a nadie.

Qué dicen quienes defienden la medida​

El bando favorable se apoya en otra idea: la representación. Un colectivo que existe, vota y paga impuestos tiene derecho a verse en una cámara. Si la discapacidad intelectual no está representada, las políticas que le afectan se diseñan sin contar con quien las vive. Bajo ese prisma, el escaño no es un favor, es una deuda pendiente.

Y hay una tercera línea, la más cínica: a esta diputada se le supone menos probabilidad de robar que al resto. Suena a broma, pero varios comentarios la recogen como síntoma de hasta qué punto se ha degradado la percepción pública de la clase política. Cuando la honradez se atribuye al que menos poder tiene, la crítica no va contra ella.

El coste y el tamaño de la institución​

Las cuentas también entran. Hay quien calcula que su sueldo arrastrará consigo el de dos o tres asesores más para cubrir las funciones que no pueda asumir sola, aunque es un gasto que no se ha cuantificado en ningún sitio. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: cuántos diputados hacen falta realmente en una cámara autonómica y cuántos trabajan bajo un tutor de facto sin que nadie lo llame así.

Conclusión incómoda para todos. Si el escaño exige poco, la discapacidad no es el argumento. Si exige mucho, el problema es que el sistema lleva años colocando ahí a gente que tampoco pasa el filtro. Galcerán aprobó en 2010 la primera oposición adaptada de Valencia. Trece años después, el escaño le llega por una lista.