Las peticiones del Sindicato de Charolinas a Don Psoe.

Contrato indefinido o acampada: el órdago inquilino​

¿Se puede reescribir de golpe el contrato de alquiler de un país entero? Eso es, en la práctica, lo que ha puesto encima de la mesa el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid: un paquete de exigencias al Gobierno, bautizado en el debate como decreto Maricarmen, con ultimátum incluido. Sin contratos indefinidos, la acampada no se levanta. Y debajo del titular corto asoma un programa bastante más largo, con bajadas de alquiler que en su propia web se han llegado a cifrar en el 50%.

¿Qué pide exactamente el Sindicato de Inquilinas?​

La lista corta son cinco puntos: contrato indefinido o renovación automática; prórroga de los contratos ya en vigor; prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; reforma de la LAU para meter en vereda el alquiler de temporada y por habitaciones; y límite o congelación de las subidas de renta.

El programa largo añade expropiar viviendas en manos de fondos buitre, devolver los pisos turísticos al uso residencial, ampliar el parque público, usar o disolver la Sareb y acabar con los desahucios y con los grupos antiokupación. Sobre el papel, todo cabe. En el BOE, ya veremos.

¿Cuánta vivienda hay para tanta demanda?​

El punto 3 del pliego —prohibir desahucios de vulnerables— arrastra una pregunta que ya se ha lanzado en el debate: si la norma protege al inquilino vulnerable, ¿existe algún inquilino que no lo sea? Con la etiqueta repartida, hay quien sostiene que el propietario deja de distinguir el riesgo y se retira.

El diagnóstico que más se repite en el debate habla de alrededor de 3.000.000 de nuevos residentes en ocho años y un parque de viviendas disponibles que apenas se ha movido. Más demanda, misma oferta, precio arriba. Hay quien añade el matiz que nadie quiere oír: más del 70% de los españoles son propietarios de la vivienda en la que viven, y a ese 70% no le hace gracia que se le desplome el único patrimonio que tiene. El inquilino compite, además, contra alguien que paga una hipoteca y no entiende por qué su cuota no cuenta en el relato.

El relato de los fondos buitre y las carteras incómodas​

Circula una relación de propietarios con cartera de inmuebles que atribuye entre 7 y 20 viviendas a cargos públicos y a nombres conocidos del espectáculo. Dato sin verificar y lanzado al aire, pero que condensa el eje del enfado: que quien legisla sobre el alquiler no siempre alquila, y quien alquila no siempre legisla.

Enfrente, el argumento que se repite: incluir a alguien en la categoría de vulnerable equivale a cerrarle la puerta. El propietario no alquila, y el mercado se queda para funcionarios con plaza fija y para quien pueda avalar con patrimonio. Como contraste, un participante cita la letra pequeña del parque público estatal: contratos de 14 años prorrogables hasta un máximo de 75.

El muro parlamentario: PNV, Junts y el calendario​

El papel aguanta cualquier decreto; la aritmética, bastante menos. Para sacar adelante estos puntos hacen falta votos, y hay quien sostiene que los socios habituales del Gobierno, PNV y Junts, responden ante un electorado propietario al que no le entusiasma que se toque la LAU.

La lectura más cínica del envite sostiene que al Ejecutivo no le viene mal: si PP y VOX votan en contra, la culpa es de otros; si sus propios socios lo frenan, también es de otros. En precampaña, cada promesa sin coste vale doble.

Puede que el decreto Maricarmen no llegue nunca al BOE. Ya habrá conseguido algo más raro: que propietarios e inquilinos discutan el mismo problema sin coincidir ni en el diagnóstico. La vivienda sube, la culpa se reparte y el contrato indefinido sigue sin firmarse.