Le pen condenada por malversación (no se podrá presentar a las elecciones)

Le Pen, cinco años fuera de las urnas por 3 millones desviados​

¿Puede un tribunal decidir quién se presenta a unas elecciones? En Francia, la respuesta acaba de ser sí. Un juez ha condenado a Marine Le Pen por malversación de fondos públicos y le ha impuesto la inhabilitación para cargo público con efecto inmediato, lo que la deja fuera de las presidenciales de 2027. El origen del caso es un mecanismo conocido: el partido usaba dinero del Parlamento Europeo destinado a pagar asistentes parlamentarios para financiar su propia estructura. La cantidad desviada ronda los tres millones de euros. La interesada lo llama «decisión política»; desde el Elíseo se responde que el poder judicial es independiente.

La pena: cuatro años, multa e inhabilitación inmediata​

El fallo no se queda en la foto política. Le Pen ha sido condenada a cuatro años de prisión, de los cuales dos son firmes y podrían cumplirse bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico, más una multa de 100.000 euros. La medida que de verdad le pesa es la inhabilitación de cinco años, aplicable ya, sin esperar a los recursos.

La condena alcanza a más gente. Ocho eurodiputados y doce asesores del partido han sido declarados culpables de participar en el mismo esquema, y la Agrupación Nacional arrastra una multa de dos millones de euros, de los que uno es de cumplimiento firme. No es el caso de un asistente mal colocado: es una estructura de financiación paralela, sostenida durante años y con nombres y apellidos.

¿Por qué se compara con Rumanía y con Puigdemont?​

El primer paralelismo que aparece es rumano: allí también se anularon unas elecciones. El segundo nombre que se repite es el de Carles Puigdemont. La comparación chirría por dentro —un caso es financiación irregular y el otro, un pulso secesionista—, pero circula porque el expresident no se ha sentado en el banquillo: los condenados por el procés fueron sus exconsejeros, con penas que llegaron a 13 años de prisión e inhabilitación para Oriol Junqueras y de 12 para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

También se ha traído a la conversación el nombre de Griñán y hasta el caso Gürtel, donde un constructor aceptó tres años de cárcel tras reconocer sobornos por 25 millones y dieciocho de los diecinueve acusados resultaron condenados, 25 años después del inicio de la instrucción. El elemento común es la sensación de que la velocidad de la justicia depende del color del reo.

El agravio comparativo: los asistentes de todos los partidos​

Aquí es donde el asunto se vuelve incómodo para según qué relatos. La práctica por la que se condena a Le Pen —pagar con fondos europeos a gente que trabaja para el partido— es, según varios intervinientes, habitual en más formaciones. Se sostiene que el caso ya se había denunciado ante la propia Unión Europea y que no prosperó, precisamente porque revisarlo obligaba a mirar a muchos grupos parlamentarios a la vez.

El contraste que se señala con más insistencia es el de Ursula von der Leyen, acumulando controversias por la adjudicación de contratos de defensa durante su etapa como ministra alemana y por las negociaciones directas con Pfizer para la compra de vacunas, frente a lo que se señala que nada de eso ha desembocado en una inhabilitación con efecto inmediato. La defensa de la sentencia cabe en una línea: una cosa es que el procedimiento se use poco y otra que no exista. La pregunta es si ese procedimiento se activa con la misma diligencia cuando el investigado gobierna.

La reacción y el problema del relevo​

El foco ya está puesto en el calendario: la sentencia llega a dos años de las presidenciales y con Macron perdiendo puntos en las encuestas. Dirigentes de la extrema derecha europea y el gobierno ruso han cuestionado la imparcialidad del proceso, sin aportar prueba alguna de injerencia. En el otro lado se apunta a la paradoja de que la operación puede volverse contra quien la ha promovido: un relevo bien colocado podría incluso sumar votos en lugar de restarlos.

2027, rearme europeo y euro digital: el calendario que alimenta las sospechas​

La inhabilitación no cae en el vacío. Aterriza en pleno debate sobre el rearme europeo, con el calendario del euro digital en marcha y la guerra de Ucrania como telón de fondo. De ahí salta la tesis más repetida: que hay una operación coordinada para dejar fuera de juego a cualquier candidatura que no se pliegue. No hay prueba alguna de esa coordinación, y conviene decirlo antes de que alguien la dé por hecha. También se ha señalado que la ley que permite ejecutar penas sin esperar a las apelaciones se aprobó justo la víspera.

Lo que sí existe es una acumulación de episodios: anulación de elecciones en Rumanía, inhabilitaciones y causas abiertas contra opositores en varios países de la Unión. Y un dato que no cuadra: cuanto más se invoca la defensa de la democracia, más se recurre a instrumentos que no pasan por las urnas.

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Al final, la paradoja es de manual: se vota más que nunca y se decide menos que nunca, y cuando el voto amenaza con cambiar algo siempre aparece un procedimiento impecable, ajustado a derecho, para corregirlo.