Cabezazos al casero tras cambiar la cerradura: condena de 3.341 euros
Un inquilino y su casero discuten a las nueve y veinte de la noche del 5 de julio de 2021 en la puerta del portal de una vivienda de Cáceres. El motivo: el propietario ha cambiado la cerradura y se niega a darle una copia de las llaves al arrendatario alegando que el contrato expiró días atrás. La discusión termina con el casero en Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara, con los huesos de la nariz fracturados, la camiseta rota y 30 días de curación, tres de ellos de perjuicio moderado y 27 leve. El agresor, que un mes después denunció a su vez al casero asegurando haber recibido él el cabezazo, ha visto ratificada su condena en la Audiencia Provincial.
Qué dice la sentencia: multa de 1.820 euros e indemnización de 1.236
El Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres condenó al agresor a pagar una multa de
1.820 euros por un delito de lesiones, a indemnizar a su excasero con
1.236 euros y a abonar al SES 285 euros de gastos médicos, además de las costas procesales. La Audiencia Provincial mantiene la condena y señala que resulta sorprendente que alguien pueda dar un cabezazo tan fuerte como para romper una nariz y que el otro «no presenta daño alguno». El condenado insistió en que se cayó al suelo del golpe y que al intentar levantarse se agarró a la camiseta del casero, rompiéndola así. El parte médico que aportó recogía problemas referidos por el afectado, pero las pruebas diagnósticas no reflejaban nada en ese sentido.
En el procedimiento declaró el hijo del casero, que afirmó que el inquilino agredió con el cabezazo a su padre y le zarandeó sin que él le hubiera amenazado ni pegado. Fue el hijo quien llamó a la Policía, que se presentó en el lugar y vio al agredido sangrando abundantemente.
El coste real de una nariz rota: 3.341 euros y subiendo
La suma de multa, indemnización y gastos médicos asciende a
3.341 euros. Hay quien sostiene que esa cifra se queda corta: si se añaden abogados y tasas judiciales de las dos instancias, el coste total se dispara. Un cálculo que circula en el análisis del caso eleva el total a entre 6.000 y 7.000 euros, una fortuna para el español medio. La multa supera a la indemnización, un detalle que ha llamado la atención: hay quien ve en ello una señal de que los juzgados actúan como recaudadores, al mismo nivel que la DGT y Hacienda.
La discusión sobre la duplicidad entre multa e indemnización tiene respuesta técnica: la multa es una sanción penal por infringir la ley, mientras que la indemnización es una cantidad civil que se entrega por daños o perjuicios causados. No son lo mismo ni cumplen la misma función.
¿Puede el casero cambiar la cerradura antes de que acabe el contrato?
No. Cuando se acaba un contrato de
alquiler hay que firmar un documento de entrega de llaves y vivienda donde se detalla el estado del piso y se da por resuelto el contrato. Puede hacerse verbalmente, aunque es poco recomendable porque las palabras se las lleva el viento. Si no se hace entrega formal de la vivienda, el inquilino sigue viviendo en ella a efectos legales y el desahucio debe tramitarse mediante demanda judicial. Cambiar la cerradura por iniciativa propia puede acarrear consecuencias legales para el propietario.
Hay quien apunta que el casero debió notificar el fin de contrato por burofax con cuatro meses de antelación y dejar el espacio libre y expedito. También se especula con que pudiera tratarse de un alquiler en negro, aunque nada de eso consta en los hechos probados.
El riesgo de tratar en persona con el inquilino
Una de las reglas maestras del arte del alquiler para caseros es no tratar personalmente con el inquilino, sobre todo si las noticias a dar son malas. Porque te expones a este tipo de cosas. Es mejor dar las malas noticias por teléfono o por email. La escena del portal de Cáceres es la demostración más literal de ese principio.
El caso deja una pregunta abierta: si el propietario hubiera seguido el procedimiento legal, ¿habría acabado igual? La respuesta no está en la sentencia. Lo que sí está es una nariz rota, 30 días de baja y una condena que, sumando todo, cuesta más que el alquiler que se discutía.