Llevo 4 requerimientos de hacienda este año

Cuatro requerimientos de Hacienda por el mismo papeleo​

Cuatro requerimientos de Hacienda por el mismo asunto. El cuarto llegó después de que el contribuyente hubiera presentado la documentación en el primero, y la respuesta del abogado fiscalista fue tan contundente como inútil: «llevar 4 requerimientos por el mismo asunto yo le llamo acoso y persecución». El caso, contado con pelos y señales en un foro de economía, resume una práctica que muchos contribuyentes conocen de memoria: la administración pide, el ciudadano aporta, y la administración vuelve a pedir.

El relato no es una excepción aislada. Otros intervinientes describen inspecciones paralelas, requerimientos cruzados y expedientes que se alargan durante años. La Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, establece que la administración no puede exigir documentos que ya obren en su poder, pero la práctica diaria demuestra que ese principio se incumple con una frecuencia que ya no sorprende a nadie.

Qué dice la ley sobre pedir dos veces el mismo documento​

El artículo 5.1.a y 5.2 de la Ley 39/2015 es explícito: los ciudadanos no están obligados a presentar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración. La norma busca evitar precisamente lo que describe el caso: que el contribuyente tenga que demostrar una y otra vez lo mismo ante la misma administración que ya tiene esos papeles.

En la práctica, el requerimiento repetido se ha convertido en una herramienta de gestión. Hay quien sostiene que responde a un problema de coordinación interna entre departamentos; en contra pesa el argumento de que la administración tiene acceso directo a sus propios registros y que la carga de la prueba no debería recaer siempre sobre el mismo lado.

La consecuencia es un coste invisible: horas de gestoría, desplazamientos, abogados. Un interviniente relata que tuvo que pasar más de tres horas en una delegación para conseguir un documento firmado y sellado que acreditara que un requerimiento había sido un error. Otro cuenta que su abogada fiscalista se llevó un 11% de las indemnizaciones además de sus honorarios.

Inspecciones paralelas y expedientes que se alargan años​

El patrón se repite con variaciones. Un contribuyente describe dos inspecciones paralelas y dos requerimientos entre 2012 y 2014, y un quinto requerimiento en 2015 cuando Hacienda negó que viviera en el extranjero. Tuvo que pedir un documento a la hacienda británica para demostrar que residía en Londres desde hacía ocho meses. «Las haciendas intercambian datos todo el tiempo pero los vampiros no querían soltar su presa», resume.

Otro caso: una inspección por un supuesto alquiler en negro de un piso dos años antes. El contribuyente tuvo que presentar facturas de luz y agua, resguardos de paquetes y hasta copias de entregas de comida a domicilio para demostrar que vivía allí. Un fin de semana rebuscando papeles en el trastero.

La queja de fondo no es solo la carga burocrática. Es la asimetría. «A ellos les salen gratis los abogados y nunca tienen consecuencias personales», señala un interviniente. En la jurisdicción contencioso-administrativa, añade otro, a la administración no la condenan en costas y al contribuyente sí le pueden condenar.

El incentivo perverso: recurrir sale caro, pagar sale rápido​

El sistema genera un incentivo claro. Solo un porcentaje pequeño de los contribuyentes recurre las inspecciones; la mayoría paga y calla. Quien lo describe lo atribuye a un cálculo racional: el coste de recurrir, en tiempo y dinero, supera muchas veces la cuantía en disputa.

El resultado es que la administración puede permitirse disparar a todo lo que se mueva. Si el recurso prospera, devuelve el dinero con intereses; si no, ha cobrado igual. Los incentivos internos, señalan varios intervinientes, premian la recaudación, no la precisión.

Hay quien va más allá y sostiene que el problema no es de gestión sino de diseño: un sistema que trata al contribuyente como sospechoso hasta que demuestre lo contrario. La comparación con la mafia aparece varias veces en la conversación, siempre en el mismo sentido: con la mafia sabes a qué atenerte; con Hacienda, no.

Qué se puede hacer cuando Hacienda insiste​

La respuesta más repetida es recurrir. Siempre. Aunque el importe parezca pequeño, aunque el coste inicial sea alto. La razón es simple: cada recurso que prospera establece un precedente y encarece la práctica para la administración.

La segunda recomendación es documentar todo. Guardar resguardos, facturas, justificantes de residencia, cualquier papel que pueda acreditar una situación. Varios intervinientes coinciden en que el archivo personal es la mejor defensa contra un requerimiento inesperado.

La tercera es no fiarse de una llamada telefónica. Si un funcionario reconoce un error, pedir el documento firmado y sellado. La palabra no vale; el papel sí.

El cierre del caso original queda abierto. El abogado anunció que si llega un quinto requerimiento, pedirá que lo resuelva la justicia. Mientras tanto, el contribuyente sigue esperando.