Lo de Losantos sobre Torrepacheco: ¿os parece que se ha pasado?

Losantos, la deportación y la ley que no se puede saltar​

¿Se puede deportar a un inmigrante ilegal en España? La respuesta corta es sí, pero con matices que Federico Jiménez Losantos, según el material que circula, parece haber convertido en un laberinto de consignas. En su intervención sobre lo ocurrido en Torrepacheco, el locutor habría sostenido que la expulsión de determinados perfiles —señaladamente menores y segundas generaciones— es jurídicamente inviable, y que Vox, al prometerla, se saltaría la ley. La reacción no se hizo esperar: desde el término «enano» hasta el de «traidor», pasando por quien recuerda que la amnistía y otras medidas del Gobierno también se saltaron la ley sin que nadie rasgara vestiduras. La discusión, lejos de resolverse, expone una grieta cada vez más ancha en la derecha española.

¿Qué dijo exactamente Losantos sobre Torrepacheco?​

El eje del asunto es una afirmación que se atribuye al locutor: que la deportación de ciertos inmigrantes no es posible sin violentar el ordenamiento. La frase, tal como se recoge, apunta a que Vox «se saltaría la ley» si intentara ejecutar sus promesas de expulsión. El argumento no es nuevo, pero choca con la constatación de que la ley se la saltan «toooodos los partidos según les convenga», como resume una de las intervenciones más repetidas. La amnistía, la fiscalía, el hermanísimo, el Begoño: la lista de supuestos saltos legales que se enumeran sirve para desactivar la objeción. Si el marco se rompe cuando interesa, ¿por qué no iba a romperse para deportar?

El arraigo de los dos años y la nacionalidad​

Aquí aparece el dato que más recorrido tiene en el intercambio. Un usuario afirma que un inmigrante ilegal puede adquirir la nacionalidad española por arraigo cuando lleva dos años en el país, y a partir de ahí la expulsión se vuelve, en la práctica, imposible. La cifra es concreta y, según esta versión, desmonta la promesa de deportación masiva: si el menor o el adulto ya ha cumplido ese plazo, el Estado pierde la llave. Sobre esto se construye la crítica a Losantos, al que se acusa de defender una inmigración que luego no se puede revertir. La acusación es dura y no está exenta de exageración, pero el mecanismo legal que describe —dos años y arraigo— es el que convierte el debate en algo más que retórica.

Menores, adultos y la frontera de la deportabilidad​

La discusión se divide entre quienes sostienen que a los adultos se les puede deportar sin problema y quienes recuerdan que los menores son otra cosa. «No puedes echar a los menores», se afirma con contundencia, mientras al otro lado se responde que un menor debería ser, precisamente, lo más deportable, para que vuelva con sus padres y de ello se encargue el gobierno de origen. Ese «mundo normal» que invoca uno de los mensajes no existe en la práctica: la ley del menor, aprobada durante el gobierno de Aznar, es la que impide la devolución automática. La ironía es que quien hoy reclama mano dura fue quien puso la primera piedra del sistema que ahora critica.

La línea editorial y el negocio de la mano de obra​

El trasfondo económico recorre todo el intercambio. Se argumenta que la línea editorial proinmigración de determinadas radios responde a un interés empresarial: mano de obra barata para el campo, la hostelería y el servicio doméstico. «En tener esclavos están de acuerdo tanto PP como PSOE», se llega a decir. La tesis, formulada sin matices, apunta a que la inmigración irregular funciona como subvención encubierta a sectores intensivos en trabajo. Frente a eso, la réplica tecnológica: los países desarrollados usan máquinas recolectoras, y a la larga sale más rentable automatizar que sostener un modelo que, según esta corriente, genera costes en seguridad y turismo. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende.

El enano, el partido corrupto y la grieta de la derecha​

El tono del intercambio es todo menos académico. Se llama a Losantos «enano», «traidor» y «vocero del régimen», y se recuerda su papel durante la pandemia, cuando habría obligado a sus trabajadores a vacunarse. La crítica no viene solo de la izquierda: buena parte procede de quienes se consideran a la derecha de Vox y ven en el locutor a un converso tardío. «La derechita española es la del vivimos en un estado de derecho», se ironiza, para subrayar que el discurso de la legalidad se aplica con distinta vara según convenga. La conclusión que se impone es que el problema no es Losantos, sino una derecha que no termina de decidir si quiere gestionar la inmigración o simplemente rentabilizarla.

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Al final, la pregunta no es si se puede deportar, sino quién se atreve a cambiar la ley para hacerlo. Y ahí, el enano sigue cobrando.