Lo del software del Begoño bien explicado para quien no se enterase

El software de los ODS acabó registrado a nombre de Begoña Gómez​

¿Cómo acaba un software ideado para una universidad pública inscrito a nombre de una persona? El caso arranca en la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, creada para que las pymes pudieran medir su grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y recibir consejos para mejorar su impacto social y medioambiental. Del desarrollo se iban a ocupar Indra, Telefónica y Google. Gratis.

Las tres aceptaron participar. Conviene subrayar un detalle que no es menor: dos de ellas, Indra y Telefónica, son empresas participadas por el Estado. La versión que se ha ido reconstruyendo sostiene que las compañías se olieron algo, se echaron atrás y dejaron el trabajo a medias. A partir de ahí, la historia deja de ser un proyecto académico y empieza a parecerse a otra cosa.

Una licitación pública de 60.500 euros para terminar el software​

Con el primer intento encallado, la universidad sacó a concurso un contrato para financiar con fondos públicos la última fase del proyecto. Se lo adjudicó Deloitte Consulting por 60.500 euros, según las informaciones publicadas. El desarrollo se cerró en instalaciones de la Complutense, y fuentes de la institución sostienen que, al contar con financiación de la Universidad y desarrollarse en sus dependencias, el software pertenece a la universidad.

De ahí el desencuentro. Según el relato que circula, la herramienta se ofrece como un sistema para que las empresas certifiquen su sostenibilidad y puedan concurrir a contratos con las administraciones. La combinación de dinero público, sede universitaria y explotación comercial posterior es la que ha encendido las alarmas. Las cifras que se han manejado para cerrar el desarrollo oscilan entre los 62.000 euros que se citan en el hilo y los 60.500 que finalmente se adjudicaron.

El registro en la Oficina de Patentes: 127,88 euros​

El 10 de octubre de 2022, según los datos que han circulado, la esposa del presidente abonó una tasa de 127,88 euros en la Oficina Española de Patentes y Marcas para poner el software a su nombre, bajo una denominación comercial que empieza por «TSC Plataforma de Medi». Además, habría constituido una sociedad de la que es dueña al 100% y que se dedica a ofrecer el producto a empresas que lo necesiten.

Es el corazón del asunto. Algunos mensajes del hilo sostienen que lo que se registró no fue el código, sino una marca o el nombre comercial bajo el que el programa se iba a mover en el mercado. Y ese registro lo firmó una particular, no la universidad que había pagado la última fase.

Un software no se patenta: se registra el código fuente​

Aquí conviene un matiz técnico que suele perderse entre el ruido. En España el software no es patentable. Se lleva al registro de la propiedad intelectual, y allí hay que depositar el código fuente, un ejecutable firmado con certificado digital y una memoria de especificaciones. La diferencia importa: una marca acredita el uso comercial de un nombre, no la autoría del desarrollo.

El decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro José de la Torre, presentó un escrito ante la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios por este asunto. Sostenía que fue la propia Begoña Gómez quien firmó uno de los pliegos de la licitación, en concreto la redacción de la parte técnica más compleja, sin titulación que avalara ese trabajo.

El vicerrector dijo una cosa y el rector, la contraria​

El relato institucional tampoco ayuda a aclarar nada. El 31 de mayo, el vicerrector que trataba con Begoña Gómez afirmó que se había usado dinero público y que dio instrucciones para registrar el software a nombre de la universidad, por ser propiedad pública. Al día siguiente, el rector salió a decir que «no sé quién lo ha pagado ni me importa». La velocidad del desmentido resulta, cuanto menos, llamativa.

Hay quien sostiene que ese tipo de cátedras no puede financiarse así. La Ley de Patrocinio y Mecenazgo, se argumenta, existe para que las universidades capten fondos privados adicionales, no para que sean ellas las que pongan el dinero de terceros. Y un rector, añaden, no tiene potestad para regalar lo que es de la institución.

La aplicación que iba a las cámaras de comercio​

El uso previsto, según se cuenta en el hilo, era otro. La herramienta se presentaba ante las cámaras de comercio con un argumento comercial muy concreto: las empresas necesitan certificar su sostenibilidad para poder presentarse a concursos de las administraciones públicas. Quien comprara el software entraba en ese circuito; y de propina, se insinúa, cabía la posibilidad de una carta de recomendación con cierto apellido detrás.

Un entramado así, con licitación pública por medio, es lo que ha llevado a calificarlo en el hilo como una suerte de trama digital: tráfico de influencias con envoltorio académico. El cálculo completo de lo que se pagó, quién lo pagó y qué se inscribió a nombre de quién es lo que conviene mirar despacio.

La otra pata: el hermano y los 1,7 millones en BBVA​

En paralelo al software ha circulado otro frente. El hermano de Begoña Gómez aparece señalado por acumular 1,7 millones de euros en acciones del BBVA mientras percibía un salario de unos 50.000 euros brutos al año, trabajando para la Diputación de Badajoz y residiendo en Portugal. El contraste, se dice, no resiste el mínimo examen. Un participante sostiene que a un asalariado medio un paquete accionarial de ese tamaño le acabaría costando una inspección en la puerta de casa.

Con este material sobre la mesa, lo lógico sería una investigación a fondo y explicaciones claras de quién puso cada euro. De momento tenemos un rector que no sabe ni le importa, un software con dueño particular y una universidad que mira para otro lado. Todo muy normal.