Los 23 indicios en el crimen de la viuda de la CAM

Los 23 indicios contra el yerno que nunca llegaron a prueba​

La tarde del 9 de diciembre de 2016, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, fue asesinada de dos disparos en el lavadero del concesionario Novocar, en Alicante. La única persona que llegó a sentarse en el banquillo fue su yerno, Miguel López, gerente del establecimiento. Un jurado popular lo declaró inocente y, años después, el Tribunal Constitucional confirmó esa absolución. El crimen, a efectos judiciales, se queda sin culpable.

Lo que la acusación puso sobre la mesa fue una lista de 23 indicios que ha circulado durante casi una década y que envejece mal. Mezcla datos con entidad propia —la licencia de armas, la práctica del tiro olímpico— con sospechas que se sostienen sobre muy poco. Tener motivos, acceso y conocimientos no convierte a nadie en asesino. Eso, en un Estado de derecho, se llama sospecha, no prueba.

Qué decían los 23 indicios contra el yerno​

El primero era la tensión familiar: el acusado tenía motivos para matar. El tercero, que solo tres personas y el yerno sabían que esa tarde la víctima iría al concesionario. El cuarto, que tenía las llaves del coche y lo condujo al lavadero. Después venían el móvil apagado minutos antes del crimen, los tres minutos que pasó en su casa —tiempo suficiente, según la acusación, para lavarse y deshacerse del arma— y un rosario de detalles que, leídos seguidos, dibujan un culpable de manual.

El problema es el método. Como ironizó un forero, si las tensiones familiares equivalen a móvil, en España hay millones de asesinos en potencia; si saber dónde estaba alguien equivale a ser sospechoso, cualquiera que la hubiese seguido lo sabría igual. Y que nadie viera entrar ni huir a otro sospechoso no significa que ese otro no exista. Con ese criterio, lo raro sería no encontrar 23 indicios contra cualquier pariente.

La secretaria, las cámaras y el ADN: los indicios que se cayeron​

Aquí es donde la acusación se deshilacha. La secretaria a la que supuestamente el yerno pidió citar a su suegra a última hora negó en sede judicial haber contado eso a la policía. Un informe policial sostuvo que Miguel López había ordenado desconectar unas cámaras semanas antes del crimen; luego se supo que las cámaras llevaban estropeadas desde mucho antes. El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Murcia José Muñoz Clares desmontó el atestado en televisión, y un forero añadió que, cuando la policía empieza a inventar hechos, es porque no tiene nada. Unos policías locales llegaron a admitir que habían anotado mal el horario en que un operario dijo haber visto a la víctima.

Las pruebas de laboratorio tampoco ayudaron. En el taller doméstico del sospechoso no aparecieron ni partículas de latón ni restos de pólvora, y las muestras recogidas no coincidían con las vainas de las balas. El ADN hallado en esas vainas alejaba la hipótesis de que él hubiera disparado. En la escena aparecieron además unas gafas que la víctima no llevaba: nadie ha explicado de quién eran.

Los indicios que señalaban a los hijos y a la mujer​

Dos hijos del acusado publicaron mensajes en Instagram tras conocerse el crimen: uno subió una foto con un «jaque mate», el otro dedicó a su abuela un comentario despectivo. Si eso vale como indicio, se deduce que los hijos sabían algo del plan; si no sabían nada, los mensajes no prueban nada y no deberían figurar en la lista. Igual ocurre con el silencio telefónico entre el acusado y su mujer durante las semanas siguientes, con el teléfono ya intervenido: interpretado como indicio, sugiere que ella también conocía lo que iba a pasar. Ninguno de los dos fue acusado de complicidad. El indicio se usó en una sola dirección.

Del veredicto absolutorio al pulso entre Supremo y Constitucional​

El juez instructor, José Luis de la Fuente, llegó a urgir a la policía para cerrar una instrucción atascada. El jefe de homicidios lo resumió con una frase que se ha convertido en emblema del caso: «La lógica nos conduce a él porque si no ha sido él, ¿quién ha sido?». No es una prueba. Es un razonamiento circular.

El jurado popular absolvió a Miguel López. El Tribunal Supremo anuló el veredicto por un defecto procesal y ordenó repetir el juicio. La Fiscalía ante el Constitucional no apoyó esa repetición: la calificó de simple infracción procesal. Entre medias, un acta que la presidenta del jurado no entregó a las partes y que después se destruyó. El Constitucional suspendió la repetición del juicio durante años y terminó anulando la orden del Supremo: el derecho que se lesionaba era el del acusado a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Por qué el crimen de la viuda de la CAM quedó sin resolver​

Porque la investigación se cerró en torno a una sola persona y no exploró otras hipótesis. Un abogado amigo de la víctima declaró que ella le había comentado que unos documentos de sus negocios habían sido removidos y le había recomendado contratar a un guardaespaldas. Esas pistas nunca se peinaron a fondo.

El patrón recuerda al caso de Rocío Wanninkhof, donde la policía se centró en una sospechosa, Dolores Vázquez, y descartó la colilla que acabó incriminando a Tony King. El País publicó después un documental sonoro en cuatro episodios que acusa a la policía de manipular la investigación y apunta a una persona concreta como autor material. Un forero propuso, con guasa, su propia teoría alternativa: «el sicario es alguien joven que está empezando en el oficio y el arma es herencia de su familia». Se puede encajar cualquier relato si se eligen los datos a medida.

El resultado es el que es: un asesinato sin autor judicial y una familia rota dos veces.