Los afectados por el volcan de la palma pagarán 200 euros al mes por los contenedores, los invasores jovenlandeses disfrutando en hoteles de 4 estrellas

La Palma: 200 euros al mes por un contenedor tres años después​

¿Cómo es posible que tres años después de que un volcán arrasara tu casa sigas metido en un contenedor, y encima te pasen una factura mensual por ello? Ese es el punto de partida del asunto que se ha colado en la conversación económica de la semana. La erupción del Cumbre Vieja, en La Palma, dejó 7.000 evacuados y más de 1.300 viviendas destruidas. Tres años más tarde, según el relato que circula, 200 vecinos afectados siguen alojados en contenedores calificados de inhabitables, y la solución provisional se ha convertido en permanente. La novedad que ha encendido el debate: el cobro de 200 euros al mes por esos módulos.

El contraste que estructura toda la discusión no es menor. Frente a esa cifra, se señala que el Gobierno aloja en hoteles de cuatro estrellas a migrantes llegados de forma irregular, con pensión completa incluida. La comparación, repetida hasta la saciedad, funciona como detonante emocional y como munición política. Pero conviene separar los dos planos: el de los hechos verificables —los contenedores, las ayudas prometidas y no llegadas, el papel de Cáritas— y el del relato, donde cada cual coloca su marco ideológico.

¿Qué pasó con las ayudas prometidas a los afectados del volcán?​

El material de partida es explícito: más de mil familias sobrevivieron gracias a Cáritas tras no recibir las ayudas comprometidas por el Gobierno de España. El presidente Sánchez visitó la isla hasta nueve veces para trasladar «apoyo y solidaridad». La distancia entre el gesto y el resultado es, precisamente, lo que alimenta la indignación. Hay quien sostiene que el problema no es de falta de presupuesto, sino de gestión: los fondos existen, pero el laberinto administrativo los retiene. En contra pesa el argumento de que la reconstrucción en terreno volcánico es lenta por razones técnicas, no políticas.

Lo cierto es que la vivienda temporal debía ser un puente y se ha convertido en destino final. Para cientos de familias, el contenedor es ya su dirección estable. Y eso, en términos económicos, significa que el patrimonio destruido no se ha repuesto, que el seguro —cuando existía— no cubrió todo, y que la actividad económica de la zona sigue coja.

El cálculo que enfrenta a canarios y migrantes alojados en hoteles​

Aquí el debate se vuelve incómodo. Una parte de los intervinientes sostiene que el trato dispensado a los recién llegados —hoteles de cuatro estrellas, pensión completa— es una afrenta directa a los palmeros que pagan por un contenedor. Otra corriente responde que mezclar ambas cosas es demagogia: son partidas presupuestarias distintas, competencias distintas y marcos legales distintos. El Estado tiene obligaciones internacionales con solicitantes de asilo que no se pueden obviar.

El cálculo completo, desglosado partida a partida, daría para un informe que aquí no cabe. Pero la percepción social ya está instalada: hay quien ve una jerarquía de prioridades donde el ciudadano que perdió todo ocupa el último lugar. Esa percepción, cierta o no, tiene consecuencias electorales.

¿Por qué se culpa al votante canario de lo que le pasa?​

Una línea recurrente en la conversación es la del «que disfruten lo votado». El razonamiento: Canarias vota mayoritariamente opciones de izquierda, luego asume las consecuencias. La respuesta inmediata desde el otro lado es que el 90% de la población no votó a esas opciones, y que la solidaridad no debería depender del color del boletín. También aparece el argumento de que el Gobierno canario tiene competencias propias en vivienda y emergencias, de modo que la responsabilidad no es exclusivamente estatal.

El subtexto es más profundo: la sensación de que el sistema político, en su conjunto, ha dejado de responder a quien paga impuestos y sigue las reglas. Esa desafección no se arregla con un decreto.

La pregunta que nadie responde: ¿cuándo se construirá vivienda definitiva?​

No hay fecha. El material no la da, y sería temerario inventarla. Lo que sí se desprende es que el proceso de reconstrucción avanza a un ritmo que la política no puede permitirse. Cada aniversario de la erupción añade presión y resta paciencia. Mientras tanto, los contenedores siguen ahí, y la factura de 200 euros, también.

Ironía seca para cerrar: si la solución provisional dura más que muchas legislaturas, quizá el problema no sea la provisionalidad, sino la permanente incapacidad de llamar a las cosas por su nombre.

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Datos clave del asunto

• 7.000 personas evacuadas por la erupción del Cumbre Vieja
• Más de 1.300 viviendas destruidas
• 200 vecinos afectados siguen en contenedores tres años después
• 200 euros al mes de alquiler por esos módulos
• Nueve visitas del presidente Sánchez a la isla