Los fondos controlan ya 100.000 millones en tierras agrícolas en españa

Los fondos acumulan 100.000 millones en tierras de cultivo en España​

¿Cuánto suelo agrícola español está ya en manos de un fondo de inversión y no de un agricultor? Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), unos 900 fondos de inversión gestionan el equivalente a más de 100.000 millones de euros en tierras de cultivo en la península Ibérica. La compraventa de fincas rústicas crece un 20% anual desde 2019, y la coordinadora no duda en calificar a estos vehículos de especulativos. La denuncia no es un lamento de taberna: apunta a un cambio estructural en quién posee la tierra que produce lo que comemos.

Qué denuncia COAG sobre la concentración de la tierra​

El diagnóstico de la coordinadora tiene tres patas. La primera es la concentración: el 6,6% de las empresas del sector controla el 42% del valor de la producción agraria española. La segunda es el oligopolio: pocos actores acaparan una parte muy relevante del mercado agrícola ibérico. La tercera es la consecuencia directa de las dos anteriores: esas pocas compañías son las que se benefician de la subida de la renta agraria, que en 2024 fue del 11%.

El efecto colateral que más preocupa en el sector es la barrera de entrada para los jóvenes agricultores. Si el precio de la hectárea lo fija un fondo que no necesita que la tierra sea rentable para comprarla, el hijo del agricultor no puede competir. Es la vieja historia del especulador que gana por aguantar, no por producir.

El riesgo de especulación con los alimentos​

Aquí el análisis se bifurca. Hay quien sostiene que el peligro real no es la propiedad extranjera en sí, sino la monopolización: capitales que pueden permitirse no producir o acaparar un producto concreto para mover su precio. La receta que se propone desde esa trinchera es legislación restrictiva que impida acumular grandes extensiones de suelo cultivable en pocas manos.

Enfrente, el argumento de que la tierra no es rentable y por eso se vende. Si el campo no da dinero, el propietario pequeño termina largándola por un plato de lentejas. La contrarréplica es incómoda: si no fuera rentable, ¿por qué están comprando los fondos? La tierra, se argumenta, es un negocio a futuro por los certificados de carbono y por lo que está por venir.

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El precedente de Castilla-La Mancha y el Banco de Tierras​

La conversación deriva hacia la normativa ya en vigor. En Castilla-La Mancha, la declaración de incumplimiento del uso social de terrenos se produce con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 si una parcela permanece dos años consecutivos en el inventario de suelo infrautilizado. Eso conlleva la cesión temporal de su uso al Banco de Tierras por un plazo de entre 10 y 25 años.

El dato es relevante porque desmonta el tópico de que no hay herramientas. Las hay. Otra cosa es que se apliquen. Y ahí entra el escepticismo político: la sospecha de que ningún partido con representación parlamentaria va a derogar el marco que ha permitido llegar hasta aquí. La política agraria, se recuerda, tendía hasta finales de los 90 y principios de los 2000 a un reparto progresivo de la tierra porque la concentración se consideraba un problema. El giro, sostienen algunos, llegó cuando quien compraba era capital extranjero.

Por qué el acuerdo UE-Mercosur se percibe como el golpe final​

COAG y el resto de organizaciones agrarias rechazan el acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur. Lo llaman el golpe definitivo para la agricultura y la ganadería europeas y piden al Gobierno español que no lo ratifique. El razonamiento es simple: si se abren las fronteras a producción que no cumple los mismos estándares, el productor local no compite. El debate sobre la soberanía alimentaria deja de ser abstracto.

La ironía amarga la ponen quienes recuerdan que España es de los países de la UE que más directrices comunitarias acata, mientras otros se saltan lo que no les conviene. Pícaros los ladrones, pringaos los demás, viene a resumir esa corriente.

Quién está detrás de los fondos y por qué importa​

La pregunta que sobrevuela es quién está detrás. Se lanzan nombres —Gates, Soros— sin que el material aporte confirmación alguna. Lo que sí se sostiene es que el fenómeno lleva décadas cocinándose: primero se hace que la actividad no resulte rentable con regulaciones y arbitrariedades, después se compra barato, y de paso se instalan fotovoltaicas una temporada para cobrar primas antes de volver a poner la tierra en explotación.

El resultado, según este relato, es un nuevo feudalismo con matices: no siervos atados a la tierra, sino propietarios atados a un contrato de arrendamiento con un fondo que no verán nunca. El paralelismo histórico es discutible, pero la dirección del movimiento, no.

Con 100.000 millones ya en juego y un crecimiento del 20% anual, la pregunta no es si el campo español cambia de manos. Es cuánto queda por cambiar.