Los funcionarios estan que trinan con lo de que se les evalue

Los funcionarios dejan de ser intocables: adiós a parte del salario​

En un departamento cualquiera de la administración hay dos funcionarios que no se soportan. Uno cumple con su parte; el otro lleva años escurriendo el bulto y se ha acostumbrado a que le den el peor trabajo, que devuelve tarde y mal para que dejen de asignárselo. La evaluación del desempeño rompe ese equilibrio doméstico: una nota desfavorable puede tocar la nómina y hasta el nivel del puesto. La evaluación de funcionarios deja de ser un trámite y entra en el terreno de las consecuencias.

Hasta ahora el conflicto interno tenía un techo. Al compañero incómodo no se le podía tocar el sueldo ni moverlo de sitio: era, en la práctica, intocable. El castigo consistía en el trabajo ingrato y poco más. Quien describe ese ecosistema sostiene que todo cambia cuando el castigo deja de ser laboral y pasa a ser económico. El mecanismo nuevo convierte una enemistad de pasillo en una factura.

Qué cambia con la evaluación del desempeño​

El nuevo marco introduce una evaluación con efectos directos sobre las condiciones de trabajo. Los dos vectores que se mencionan son el salario y el nivel del puesto. No es una amonestación en el expediente ni una bronca del jefe: es dinero que se deja de cobrar. De ahí el jarro de agua fría en departamentos donde el enfrentamiento entre compañeros era un asunto privado sin traducción económica.

Antes, la defensa del funcionario díscolo era la inacción calculada: no hacer, hacer tarde o hacer mal para que nadie le asignara nada más. Ese blindaje se sostenía sobre una idea simple, que a nadie se le tocaba el bolsillo. La novedad es precisamente esa. Y quien la ve venir no discute su conveniencia, discute su letra pequeña.

¿Se puede despedir a un funcionario de carrera?​

No. A un funcionario de carrera no se le puede despedir, y lo máximo que se plantea es un cambio de puesto. Ese es el punto en el que coinciden las voces más templadas. La discusión de fondo es otra: si la evaluación abre la puerta a algo mayor en una segunda iteración.

Aquí aparece la corriente que describe el proceso como un caballo de troya. Su argumento es que la ley se cambia y punto, que ya ocurrió con otras normas que se daban por imposibles. Primero se evalúa, después se exige un mínimo y, si las cuentas no salen, se ajusta la legislación para permitirlo. En contra pesa el dato legal: hoy por hoy la plaza fija resiste. Y un tercer bloque lo despacha con desgana, convencido de que no saldrá de aquí ni un solo despido.

Europa, los 61 hitos y la sospecha de paripé​

Una de las patas del asunto es el vínculo con Bruselas. Se menciona que la recepción de una partida, que se sumará a 37.000 millones ya recibidos, está condicionada al cumplimiento de 61 hitos y objetivos. Si el origen es ese, la pregunta inmediata es si el mecanismo nace para ordenar la administración o para enseñar un papel.

La hipótesis más repetida entre los escépticos es la segunda: una medida cosmética para quedar bien ante Europa que no terminará de aplicarse. Enfrente está la lectura contraria, la de quien cree que la evaluación puede servir por fin para racionalizar un gasto público que consideran improductivo. Y una sospecha transversal: si de verdad sirviera para echar gente, ya habría habido movilizaciones.

Quién evalúa al evaluador​

El punto que más desconfianza genera no es la evaluación, sino la firma que la respalda. Hay quien sostiene que los sindicatos supervisarán la legitimidad y la justicia de las notas, lo que en la práctica se traduce en compadreo. La experiencia se cita desde dentro: informes personales en el ámbito militar que permitían adelantar o retrasar ascensos según la cercanía al mando.

No es el único precedente, según el relato de un profesor universitario: en la universidad se evalúa la investigación con sexenios, que pasan por un tribunal externo, y la docencia con encuestas de alumnos que, a su juicio, tienden a confundir calidad con número de aprobados. Y en el día a día, la pregunta incómoda: entre darle el bonus a un amigo mediocre o al compañero que rinde pero cae mal, ¿qué se elige? Sin un control externo, la respuesta se escribe sola.

Los que trabajan y los que trinan​

No todos los funcionarios reciben la evaluación con espanto. Hay quien la espera como una oportunidad para que el compañero que no da un golpe se ponga las pilas y deje de cargarle el trabajo. Su temor no es la nota, es que todo acabe en un paripé que no cambie nada.

El perfil opuesto es el del funcionario productivo enfrentado a los sindicatos, el que teme llevarse la peor parte precisamente por ser eficaz. Ahí late un efecto secundario que nadie ha medido: si la plaza fija pierde atractivo, las oposiciones se devalúan como vía de acceso. Filtro natural, dicen unos; pérdida de vocaciones, contestan otros.

El número que descoloca no es ninguno de los anteriores. En la administración se habla de unos 4 millones de trabajadores públicos, y de buena parte de ellos ni se sabe a qué se dedican. Con esa cifra sobre la mesa, la pregunta deja de ser quién suspende la evaluación y pasa a ser quién la firma.