Los funcionarios van a tragarse otro año con el sueldo recortado

El sueldo público cierra 2025 congelado y el neto cae a la vez​

Un cartero con plaza en una capital de provincia cobra 1.300 euros netos al mes. En esa misma ciudad, el alquiler más barato que encuentra ronda los 1.200. Con esa aritmética se entiende por qué el asunto ha dejado de ser conversación de barra y se ha instalado en plena negociación presupuestaria. Sin Presupuestos Generales del Estado aprobados, la nómina del empleado público encadena otro ejercicio en el congelador. La discusión empieza, precisamente, ahí.

Qué se subió en 2024 y por qué 2025 se queda en el 0%​

El año pasado el sueldo público subió un 2%, y en septiembre llegó un 0,5% adicional con efectos retroactivos. Hasta aquí, los hechos. El problema es a qué ejercicio pertenecen esas dos subidas. Una parte del análisis sostiene que ambos incrementos corresponden al acuerdo de 2024 y que se abonaron con meses de retraso, de modo que 2025 se saldó con una subida del 0% en la Administración General del Estado. La lectura contraria exhibe comunicados y titulares sobre el 2,5% cobrado y da el asunto por cerrado. La diferencia no es semántica: de ella depende que el poder adquisitivo esté congelado o que simplemente se haya tardado en pagarlo.

Hay un matiz que entra por la puerta de atrás. Cuando el bruto se queda igual y las cotizaciones suben, el neto retrocede. Es lo que habría ocurrido con la entrada en vigor del MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional: la subida nominal no llega entera a la cuenta del trabajador.

Cuánto cobra de verdad un funcionario: del celador al grupo A1​

Las medias se inflan solas, así que conviene bajar al detalle. En los cuerpos generales, un administrativo del Estado, un celador, un repartidor de correos o un auxiliar de biblioteca se mueven entre 1.300 y 1.500 euros netos en catorce pagas. Un cartero no supera los 1.300 netos. Un interino de reparto en Correos, según un testimonio directo, tuvo que rechazar una oferta de 18.000 euros brutos anuales. En el subgrupo A1 las cosas cambian, pero no tanto: un profesor en Madrid arranca con 2.050 euros netos al mes y 38.500 brutos al año, «y las extras no son completas».

El desglose es de manual. Sueldo base de A1, alrededor de 1.300 euros; complemento de destino, unos 750; complemento específico, otros 750. Total, cerca de 2.800 brutos mensuales. Los trienios aportan unos 50 euros al mes cada tres años; los sexenios, 100 cada seis. Fuera de la docencia apenas hay más complementos, y ahí está la trampa del titular medio.

La comparación que más incomoda no llega del sector privado, sino del propio sector público local. En Madrid, los conductores de metro superan los 45.000 euros brutos anuales, los de la EMT pasan de 40.000 y los camiones de recogida de basura se mueven por encima de los 2.500 netos al mes. De ahí sale una conclusión tajante: si el objetivo era que ser funcionario dejara de ser goloso, el objetivo está cumplido.

El bruto se congela, el neto baja: el recorte que no sale en los titulares​

Desde 2010 los empleados públicos no cobran íntegras sus pagas extraordinarias. La norma que recortó su importe sigue vigente, y el artículo 22 del Estatuto Básico del Empleado Público —dos pagas al año por una mensualidad de retribuciones básicas y la totalidad de las complementarias— se cumple a medias. Una iniciativa legislativa popular para recuperarlas fue inadmitida a trámite y el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo contra esa decisión. Traducido: dos mensualidades al año que no han vuelto.

A eso se suma el calendario presupuestario. Quien sostiene la tesis del recorte lo dice sin rodeos: si 2025 cerró sin subida y 2026 apunta a lo mismo, el resultado es una pérdida de poder adquisitivo sostenida durante años, tanto en lo público como en lo privado. El desgaste, insisten, ya no se mide en convenios sino en la cesta de la compra.

¿Se puede subir el sueldo sin presupuestos aprobados?​

Sí, y ahí se agrieta el argumento oficial. Las subidas del 2024 se aplicaron sin cuentas nuevas, y las pensiones se actualizan puntualmente cada 1 de enero, haya presupuestos o no. La conclusión que extraen muchos: la falta de Presupuestos Generales impide cerrar el número, no negociarlo. Desde el otro lado se responde que sin marco presupuestario el margen es el que es y que el acuerdo se firmó cuando se pudo firmar.

Nueve por ciento de subida y una inflación que corre el doble​

Los cálculos que circulan ponen cifra al desgaste: entre 2022 y 2025 los salarios públicos habrían subido en torno a un 9%, mientras la inflación acumulada del periodo se situaría cerca del 30%. No es una serie oficial, es una estimación, pero el orden de magnitud explica por qué la conversación ha dejado de ser sobre el sueldo y ha pasado a ser sobre el alquiler. Los trienios amortiguan algo, poco, y solo a partir del tercer año de servicio.

En las capitales donde se concentran las plazas, la horquilla entre nómina y vivienda se ha cerrado hasta desaparecer. Hay empleados públicos alquilando habitaciones, compartiendo piso o renunciando a la plaza por el precio del alquiler. El cálculo completo, con casos concretos y comparativas entre comunidades, da una diferencia que sorprende a quien aún piensa en el funcionario como sinónimo de privilegio.

Sindicatos: de la mesa de negociación al Constitucional​

CSIF, UGT y CCOO han convocado movilizaciones en toda España por el bloqueo de las negociaciones. No es una huelga general, ni mucho menos, y ahí está el reproche más repetido: décadas de pérdida de poder adquisitivo y ninguna movilización seria. Una parte del personal lo atribuye al papel subvencionado de las centrales; otra constata sin más que la protesta aparece con un color de gobierno y desaparece con el contrario. Mientras, la vía judicial sigue su curso y la política de personal avanza por otras vías: en la Agencia Tributaria ya se ha vinculado parte de la paga variable de diciembre al cumplimiento de un nuevo indicador de inspección.

La paradoja queda así: un A1 del Estado arranca cerca de los 2.800 euros brutos al mes y un conductor de metro madrileño pasa de 45.000 al año. La comparación incómoda no es entre público y privado, es entre administraciones. Y mientras se discute si el funcionario cobra demasiado, la inmensa mayoría de las plazas se quedan en 1.300 netos. Ni para el alquiler.