Economía: Los jóvenes chinos se niegan a pagar las pensiones

Jóvenes chinos y el sistema de pensiones: lo que se debate​

En China, apuntarse al sistema público de pensiones es opcional. Según el planteamiento que abrió esta discusión, cientos de millones de jóvenes estarían dejando de cotizar al considerar que el sistema es inviable. La bomba demográfica china —que, según ese mismo planteamiento, deja a la española en chiste— avanza hacia una sociedad de ancianos que exigirá hospitales, residencias y cuidados que nadie sabe quién va a financiar. Mientras, parte de la generación que debería sostener el sistema con sus contribuciones habría decidido no colaborar.

Qué es el sistema de reparto chino y por qué es opcional​

El sistema de pensiones chino funciona como un modelo multipilar: reparto reforzado con ahorro individual y planes de empleo gestionados por empresas y otros empleadores. La clave es que la adhesión al pilar público no es obligatoria. Las contribuciones voluntarias se llevan de media 1/5 del salario de un trabajador chino, según se afirma en el debate. Cuando el retorno esperado es dudoso y la demografía juega en contra, la decisión racional, para algunos participantes, es evidente: quedarse ese dinero.

Hay quien sostiene que en China las pensiones funcionan por capitalización, gestionadas por bancos locales que informan al cotizante de lo pagado y de la rentabilidad del último ejercicio. Según este relato, una autónoma china paga unos 90 euros al mes y puede jubilarse a los 55 años (60 en el caso de los hombres). Frente a eso, la versión que circula en los medios occidentales habla de un sistema de reparto al borde del colapso. Las dos narrativas no son compatibles, y cada lector elige a cuál dar crédito.

El cálculo que se discute sobre la cotización obligatoria​

El argumento más repetido no apela a la ideología, sino a la aritmética. Un cálculo que circula por el debate plantea qué pasaría si en lugar de cotizar a la Seguridad Social se invirtieran 400 euros mensuales durante 30 años en un índice como el S&P 500, con un rendimiento promedio anual del 8%. El resultado: aproximadamente 596.144 euros. Ese capital generaría unos 30.000 euros anuales de rentas para la jubilación y, además, se transmitiría íntegro a los herederos. En el sistema público, ese dinero no vuelve ni se hereda.

La comparación no es neutral: ignora la inflación, los periodos de rentabilidad negativa y la disciplina de ahorro que exige no tocar el dinero durante tres décadas. Pero el orden de magnitud es suficiente para que la pregunta se instale: ¿por qué cotizar por obligación si el resultado esperado es peor? Un cotizante veterano lo resume sin ambages: con 62 años y casi 45 cotizados, capitalizando habría acumulado «tal vez el doble».

La demografía como sentencia firme​

El problema de fondo no es la voluntad de los jóvenes, sino la pirámide de población. China registró en 2022 su primera bajada de población en más de 60 años. La sociedad envejece a un ritmo que ningún sistema de reparto puede absorber sin una base de cotizantes que crezca al mismo paso. Y esa base no crece: según el planteamiento inicial, los jóvenes que deberían sostener el sistema han decidido no hacerlo.

El paralelismo con España es inevitable. Aquí la cotización es obligatoria por cuenta ajena y también para los autónomos, sin margen de elección. La diferencia no es de diseño, sino de coerción, según algunos participantes: en China el sistema compite por atraer cotizantes; en España se impone. Eso explica que el debate derive rápido hacia una pregunta incómoda: si aquí fuera voluntario, ¿cuántos seguirían pagando?

El consumo como arma de presión​

Hay otra forma de boicot que no pasa por las cuentas bancarias. Un viajero relata que en septiembre, en zonas comerciales de Beijing y otras ciudades, las tiendas estaban vacías: nadie compraba. La interpretación que se extrae es que los chinos han decidido no colaborar con las reglas del juego actuales, ni trabajando ni consumiendo, para golpear donde duele: el bolsillo del Estado. La misma receta se propone para España: dejar de consumir como forma de presión política.

Es una hipótesis difícil de verificar y que mezcla causas —desaceleración económica, incertidumbre laboral, cambio de hábitos—, pero conecta con un malestar que trasciende fronteras. La generación que llega al mercado laboral no ve en el sistema público una promesa, sino una factura.

La libertad que aquí no existe​

La paradoja que recorre todo el análisis es incómoda: un país sin elecciones libres permite a sus ciudadanos elegir si cotizan o no, mientras una democracia formal lo impone por ley. No es una defensa del modelo chino —cuyo sistema sanitario y de cuidados para la vejez está por ver cómo se financia—, sino una constatación sobre el margen de decisión individual.

El escenario que se dibuja si el boicot se consolida es el de millones de ancianos sin ingresos suficientes, lo que obligaría al Estado a articular alguna prestación asistencial. El resultado final sería el mismo gasto público, pero sin la ficción contributiva. ¿Alguien ha calculado cuánto tarda un sistema de reparto en vaciarse cuando los que deberían llenarlo deciden mirar hacia otro lado?