“Los migrantes no traen enfermedades, las contraen aquí por las malas condiciones en las que están”

Deportar para «preservar su salud»: la paradoja del debate migratorio​

Deportar a un migrante para proteger su salud. Esa es la propuesta que ha emergido en el debate público sobre la llegada de personas a Ceuta, después de que una epidemióloga afirmara que los migrantes no traen enfermedades, sino que las contraen aquí, en las malas condiciones de los centros de acogida. La afirmación, incómoda para el relato dominante, ha abierto una brecha que mezcla salud pública, desconfianza institucional y cálculo económico.

La doble lectura de la afirmación​

Por un lado, hay quien ve en las palabras de la experta un intento de exculpar a los migrantes y cargar la responsabilidad sobre el Estado. Se argumenta que enfermedades que España había erradicado están reapareciendo con la llegada de personas desde el norte de África. En este relato, la prioridad no es mejorar las condiciones, sino endurecer los controles.

Por otro lado, la lógica sanitaria apunta que hacinamiento, falta de higiene y asistencia médica deficiente son el caldo de cultivo perfecto para brotes, independientemente del origen de quien los padece. Las condiciones en los puntos de entrada son un factor de riesgo ya documentado en contextos de crisis migratoria.

La desconfianza en el relato oficial​

La controversia no sorprende si se tiene en cuenta el escepticismo acumulado durante los años de gestión de la pandemia. La discusión sobre las mascarillas y la obligatoriedad de las vacunas generó una suspicacia que ahora se proyecta sobre cualquier recomendación sanitaria. Quienes desconfían de la epidemióloga no ven un análisis basado en datos, sino una maniobra para evitar el pánico social.

El coste económico de esta paradoja no es menor. Mejorar las condiciones de acogida tiene un precio. Deportar también lo tiene, y posiblemente más alto. Pero el debate se plantea en términos de culpabilidad, no de eficiencia.

Ni siquiera las propuestas más extremas, como la de deportar para «preservar su salud», se acompañan de cifras que comparen la esperanza de vida de un migrante en Ceuta con la de su país de origen. La ironía es que esa medida podría ser legalmente imposible sin vulnerar derechos fundamentales.

¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para que la gestión migratoria no enferme a nadie? Quizá la respuesta sea incómoda.