Los TOREROS mereceis justo LO QUE QUEREIS

Desmantelar el bienestar: la devolución que nadie calcula​

Desmantelar el Estado del bienestar de arriba abajo tiene defensa técnica. Presentarlo como un castigo merecido al votante es otra cosa. El escenario de partida enumera una docena de medidas —retirada del salario mínimo interprofesional, supresión de las pensiones públicas y de los subsidios, salida del sistema sanitario público, privatización general, barra libre en urbanismo y normativa laboral, vuelta a los combustibles fósiles importados— y las coloca como el destino inevitable de quienes, supuestamente, las habrían pedido. La réplica más sólida no llegó desde la indignación. Llegó desde la contabilidad.

Qué incluye el escenario que se plantea​

El planteamiento no se queda en la teoría presupuestaria. Sobre la mesa quedan la desaparición del salario mínimo, el fin de las pensiones contributivas, la retirada de los subsidios, el paso al pago por uso sanitario y la venta de lo que aún se considera estratégico. Se suma el desmantelamiento de la normativa urbanística, hasta el punto de legalizar asentamientos sin planeamiento, y un giro energético que da la vuelta al mapa de las renovables.

El texto incorpora además una llegada masiva de población, cifrada en veinte millones de personas sin ninguna fuente que lo sostenga, y describe un relajamiento de los controles sobre alimentos y agua potable. Son los tramos donde el alegato pierde el tono y gana la brocha gorda; también donde más fácil resulta desmontarlo.

Privatizar sí, pero con la cuenta saldada​

La respuesta que ordena el argumento es la de un contribuyente que acepta el marco siempre que se le devuelva lo puesto. El salario mínimo se elimina: no lo cobra y sostiene que su retribución se negocia por encima de ese umbral. La pensión se suprime: exige antes el retorno del millón de euros cotizado a lo largo de su vida laboral más el rendimiento bursátil que no habría dejado de ganar desde la primera cotización. Los subsidios desaparecen: reclama la parte de su IRPF que los financia. La sanidad se privatiza: dice pagar la suya cuando la usa y añade que su obligación de pagar la ajena muere el mismo día.

El razonamiento es simétrico y, por eso mismo, incómodo. También tiene un agujero evidente: nadie cuantifica lo que el sistema ya devolvió a ese mismo contribuyente —sanidad, educación, infraestructuras— ni cómo cambia el saldo según cohorte, sexo o tramo de renta. La cifra del millón es una estimación personal sin comprobación; el interés exigido, un contrafactual que no admite réplica exacta.

Del cálculo al ataque personal​

El intercambio se rompió antes de llegar a la aritmética. De la contabilidad se pasó a la pregunta de si el interlocutor merecía un cáncer, zanjada por otro con un no se merece nadie y el recordatorio de que la sanidad de ambos ya estaba pagada por adelantado. Entre medias asoman referencias a Ucrania, a la extinta Unión Soviética y a la medicación del contrario.

El tramo más curioso no tiene nada que ver con el dinero: se pregunta si alguien descartaría a una pareja por su perfil político. La pregunta quedó sin respuesta, como casi todo lo que no cuadra en una hoja de cálculo.

Con el desglose sobre la mesa, el saldo real de un desmantelamiento cambiaría según quién lo mire, y ninguna de las partes ha puesto la cifra. Lo previsible es que el escenario siga vendiéndose como castigo y no como cálculo. Hasta que alguien sume aportaciones y reste prestaciones, el devuélveme lo mío seguirá siendo la réplica más difícil de rebatir.

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Datos destacados

• El escenario cifra en veinte millones las personas que llegarían al país, sin fuente que lo respalde
• Una réplica afirma llevar un millón de euros cotizado a lo largo de su vida laboral
• El planteamiento reúne una docena de medidas de desmantelamiento