Los trabajadores españoles en el umbral de la pobreza por la subida del smi y el gasto público.

Cuatro cosas de compra: 50 euros. El sueldo se queda corto​

Hay una escena que resume mejor que cualquier informe la economía doméstica española: una madre lamentando que no le llega para comprar pescado a sus hijos y un cálculo de andar por casa, cuatro productos básicos y 50 euros de ticket. Ocurre en un reportaje de 20minutos sobre el precio de la cesta de la compra y ha servido de chispa para una conversación que salta de la compra diaria a la nómina de los empleados públicos, del SMI a la desaparición de la clase media.

El detalle que duele es la comparación generacional. «Es que a veces pienso que mi padre ganaba más que yo hace 40 años», dice el testimonio recogido. Con ese punto de partida, la pregunta que sobrevuela toda la discusión no es si los precios han subido —eso lo sabe cualquiera que vaya al mercado— sino quién paga el pato: el trabajador con el SMI, el autónomo, el empleado público o el que sostiene la estructura con impuestos.

¿Cuánto ha subido el SMI frente al coste de la vida?​

Un participante cifra la subida del SMI en un 30%. Sobre el papel, una mejora evidente para los salarios más bajos. En la práctica, el contrapeso que se repite es otro: el coste de la vida se habría duplicado en el mismo periodo, de modo que el poder adquisitivo real habría caído. Otros defienden la subida precisamente porque evita que los trabajadores de salario mínimo sean pobres de solemnidad.

Varios participantes coinciden en un punto: la subida del SMI no es la causa de la inflación, sino su víctima visible, y sitúan el origen en la política monetaria. Quien achaca el empobrecimiento a la subida del salario mínimo se coloca, según ese argumento, en el lado equivocado del diagnóstico: encarecer las nóminas no mueve el precio de la vivienda o la alimentación. Cuando todo sube a la vez, añaden, el que cobra el SMI sigue siendo el último de la fila.

Funcionarios y gasto público: quién sostiene a quién​

El segundo eje es el gasto público. Un participante sostiene que hay seis veces más empleados públicos que en 1975. Con esa base, una corriente sostiene que la nómina pública es una carga que el sector privado no puede seguir financiando. La respuesta llega con números muy distintos a los que suele evocar la palabra privilegio: entre 1.400 y 1.900 euros netos al mes en catorce pagas, con los niveles superiores rozando los 2.000, según el recuento de otro usuario. Sin vivienda pagada y en una ciudad grande, esa cifra da para poco.

La conversación derivó hacia quién vive mejor, si el empleado público o el asalariado de la privada, y hacia el peso real de la inflación en cada caso. El argumento de fondo es el mismo que atraviesa todo el descontento: no se discute tanto el nivel absoluto de cada sueldo como la sensación de que todos bajan de categoría a la vez mientras una minoría sube. En varios tramos asoma también el papel de la migración en la precarización del mercado laboral, un argumento planteado sin datos concluyentes y que otros participantes rechazan.

La clase media que se deshilacha​

Una anécdota argentina resume el proceso. Los que comían caviar siguieron comiendo caviar. Los que comían entrecot pasaron al filete; los del filete, al cerdo; los del cerdo, al pollo; y los del pollo, al arroz. Cada cinco años, una categoría menos. Al final quedaron el caviar y el arroz, y los que aún comían pollo miraban por encima del hombro a los demás.

La comparación no es casual: quien la trae la sitúa antes del corralito y habla de un empobrecimiento progresivo del mercado laboral. Otros lo llaman pérdida de poder adquisitivo de la clase media, un fenómeno con un efecto psicológico incómodo: mucha gente sigue comportándose como si perteneciera a la clase media mientras su nivel de vida se desliza hacia abajo.

El punto más áspero es la vivienda. Una parte del análisis sostiene que los propietarios de pisos se han convertido en la nueva burguesía, con varias viviendas alquiladas y rentas que se actualizan cada año. La objeción llega rápido: un particular que alquila un piso no es un rentista de manual. La cifra que falta en ese intercambio es cuánta renta disponible se va cada mes en el alquiler.

Reindustrializar o depender: el problema de los componentes​

La tercera pata es la economía productiva. La propuesta de reindustrializar el país, obligando a fabricar aquí lo que aquí se vende, choca con un problema material: casi todos los componentes electrónicos vienen de Asia. Da igual que el electrodoméstico se monte en España si la mayor parte de sus piezas cruza el planeta antes de llegar a la cadena de montaje.

El contrapeso es la dependencia estratégica. Se recuerda que los equipos médicos y militares de alta tecnología no se fabrican en China y sí pueden fabricarse en Europa, y que renunciar a esa capacidad equivale a depender de que alguien quiera venderte el aparato que necesitas. La autarquía, apunta otra voz, ya se probó en España y el resultado fue pagar el triple por productos peores. En medio queda el dato macro que cita un forero: 32.590 euros de PIB per cápita en 2024, puesto 35 de 196 países. Cifra para presumir en un ranking global y para no presumir nada en uno europeo.

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El dato que descoloca no es la subida del SMI ni la nómina de los empleados públicos: es que la queja central siga siendo la misma que hace cuarenta años. Una madre que no puede comprar pescado, un trabajador que gana menos que su padre y un país que confía la solución a la próxima subida. Con esos mimbres, el umbral de la pobreza deja de ser una línea estadística y se convierte en una puerta que se cruza sin darse cuenta.