Macron anuncia la prohibición de las redes sociales en Francia a menores de 15 años

Macron plantea prohibir las redes a menores de 15 años y abre el debate sobre la verificación de edad​

El anuncio de Emmanuel Macron de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años en Francia ha dejado de ser una medida de protección de la infancia para convertirse en otra cosa: el primer ensayo serio de verificación de identidad digital a escala nacional. La paradoja es que la medida se vende como escudo para los niños y, al mismo tiempo, exige que las plataformas recojan y custodien datos personales de los ciudadanos. Quien quiera entrar en una red social tendrá que demostrar quién es. Y ahí empieza el problema.

Qué plantea Macron y por qué se discute​

La prohibición afectaría a los menores de 15 años, según el planteamiento recogido en el debate. El texto no detalla el mecanismo técnico, y ese vacío es el que ha disparado las interpretaciones. Hay quien lee la medida como una simple barrera de edad, similar a la que ya existe para el alcohol o el tabaco. Otros ven algo más ambicioso: un sistema de identificación digital que, una vez montado para los menores, se extiende después a cualquier usuario.

El argumento oficial es la protección de los menores frente a contenidos dañinos y el uso compulsivo. El argumento crítico es que el control de la infancia es la puerta de entrada al control de todos. Puertas al campo, resumen algunos. La discusión no es si los niños pasan demasiado tiempo en TikTok, sino quién decide cuánto es demasiado y con qué instrumentos se verifica.

La verificación de edad: cómo se controla sin identificar a todo el mundo​

Aquí está el nudo técnico. Para impedir que un menor de 15 años entre en Instagram hay que comprobar su edad. Y comprobar la edad de forma fiable exige, en la práctica, un documento de identidad, un número de teléfono asociado a un titular o un sistema bancario. Cualquiera de las tres cosas convierte el acceso a una red social en un acto identificativo.

La objeción más repetida es que el anonimato en internet se acaba. No mediante una prohibición expresa, sino mediante la fricción: si para opinar en un foro hay que dar nombre y apellidos, mucha gente dejará de opinar. Es la censura por desincentivo, la más difícil de impugnar porque no prohíbe nada. Y afecta por igual al que insulta y al que discrepa.

Eludir la norma es fácil: los datos de Australia​

La experiencia comparada no respalda el optimismo regulatorio. En Australia, donde ya se aplican restricciones similares, los propios adolescentes las sortean con facilidad. Los datos que circulan en el debate son elocuentes: el 75% de los adolescentes sancionados describen la forma de sortear las restricciones como fácil o muy fácil. Las vías más comunes son mentir sobre la edad en la solicitud de verificación (57%), introducir fechas de nacimiento falsas al registrarse (44%), usar la cuenta de un padre o hermano mayor (42%) y conectarse a través de una VPN (30%).

El 64% de los jóvenes de 14 y 15 años encuestados no han sufrido la eliminación de sus cuentas porque las plataformas no las detectaron. Traducción: la norma se cumple sobre el papel y se incumple en la práctica. Cualquiera con un móvil y dos dedos de frente entra igual.

El coste real: datos biométricos y rastro digital​

Si la verificación se hace bien, el Estado y las plataformas acumulan un registro de identidad vinculado a la actividad digital de cada ciudadano. Si se hace mal, no sirve para nada. La pregunta que sobrevuela es qué pasa cuando ese registro se cruza con Hacienda, con la policía o con una investigación por delito de odio.

La respuesta más citada en el debate es que no hay que dar el DNI a las plataformas. Mensajería cifrada, SMS, correo: las alternativas existen y son gratuitas. El problema es que renunciar a las redes sociales no es una opción para quien las usa para trabajar, informarse o simplemente socializar. La libertad de no estar se convierte en exclusión.

Quién gana y quién pierde con la medida​

El ganador inmediato es el relato oficial, que presenta la medida como valiente frente a las tecnológicas. El perdedor, si el sistema se implanta, es el usuario anónimo que opina sin dar su nombre. En medio quedan los padres, que llevan años pidiendo herramientas para limitar el acceso de sus hijos y ahora reciben una norma que no resuelve el problema de fondo: la educación digital no se delega en un verificador de edad.

Hay una ironía final. Las mismas redes que se quieren cerrar a los menores son las que destaparon casos que los gobiernos intentaron tapar. Cerrar la puerta a los niños no cierra la puerta a la censura. Solo la abre un poco más.

¿Y si el problema no fuera la edad, sino quién controla la llave?