❌⭕️ La PESOE ha decidido prolongar la educación obligatoria hasta los 18 años para todos los españoles

Dos años más de educación obligatoria​

España es el país con más paro juvenil de la Unión Europea y la respuesta que se prepara no toca el mercado de trabajo: toca el calendario escolar. El PSOE llevará a su discurso de investidura la extensión de la educación obligatoria hasta los 18 años, hoy fijada en los 16, según el planteamiento que Pedro Sánchez trasladó en una reunión con asociaciones del sector educativo celebrada en el Consejo Escolar del Estado. La idea no se limita a subir la edad de salida: incluye escolarización obligatoria de 0 a 18 años y una oferta gradual de plazas públicas gratuitas en escuelas infantiles —de 0 a 3— y en Formación Profesional.

Es un anuncio de investidura, no una ley aprobada. Y eso deja dos discusiones abiertas de golpe: cuánto cuesta y qué se hace con los dos años que se añaden al aula.

Qué propone el PSOE para la educación obligatoria​

La medida se enmarca en la ronda de contactos previa a la investidura. En el encuentro, Sánchez planteó ampliar el derecho a la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida y extender la escolarización obligatoria de 0 a 18 años, promoviendo de forma gradual una oferta suficiente de plazas públicas gratuitas, tanto de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años como de FP. Los medios que cubrieron la cita coinciden en el marco: reunión en el Consejo Escolar del Estado y anuncio reservado al discurso de investidura.

No hay texto normativo, ni calendario, ni memoria económica publicada. Solo una intención política con tres patas —edad, plazas y gratuidad— y ninguna cifra oficial que la acompañe.

El cálculo que circula: unos 4.000 millones al año​

Sin memoria económica oficial, el cálculo que circula en el debate parte de los datos del boletín del Ministerio: 2.100.000 alumnos cursan la ESO repartidos en cuatro cursos, lo que deja unos 500.000 por curso, y el coste de un alumno de secundaria ronda los 8.000 euros al año. La multiplicación arroja un sobrecoste por encima de los 4.000 millones anuales solo en el tramo de secundaria.

La cifra es corta por definición: no incluye el despliegue de plazas públicas de 0 a 3 años ni el aumento de oferta de FP que la propuesta menciona en la misma frase. Y deja fuera lo que ningún cálculo resuelve: qué se hace con el alumnado que a los 17 años ya no quiere estar sentado en un pupitre. El desglose completo, partida a partida, es donde el asunto se pone realmente áspero.

¿Por qué se vincula la medida con el paro juvenil?​

Porque quien está matriculado no figura como desempleado. Una parte muy amplia del análisis lee el anuncio en clave estadística: si los jóvenes de 16 a 18 permanecen escolarizados, salen del numerador del paro sin que se haya creado un solo puesto de trabajo. La tesis del maquillaje es la más repetida, aunque no la única.

Frente a eso, el coste se traslada a otro sitio: familias que mantienen a un hijo dos años más, administraciones que financian plazas y un mercado laboral que pierde entrada de mano de obra joven. El efecto sobre la estadística se da por bueno en buena parte del análisis; lo que se discute es si eso es política educativa o contabilidad creativa.

Trabajar a los 16, emanciparse a los 18​

Si la educación obligatoria llega a los 18, la edad mínima para trabajar queda de facto en los 18. Ese es el efecto que más se señala: se acaban los empleos de verano, el aprendizaje de un oficio por la vía tradicional y la incorporación a tiempo completo antes de la mayoría de edad. El argumento legal que se recuerda es que la ley se cambió precisamente porque resultaba absurdo que alguien pudiera trabajar a jornada completa y no pudiera dejar de estudiar.

Hay quien añade un efecto colateral sobre la vivienda y la emancipación: dos años más de dependencia económica en casa. La discusión no está cerrada.

El aula como problema de convivencia​

Buena parte del rechazo no va contra la idea de estudiar más, sino contra la convivencia dentro del aula. Se sostiene que mantener escolarizados a jóvenes que no quieren estar ahí deteriora el nivel de la clase, consume tiempo del profesorado y traslada el conflicto al instituto, que no está diseñado para retener a quien ya había decidido salir. La comparación con la EGB que terminaba a los 14 aparece una y otra vez, casi siempre con nostalgia y sin dato alguno que la respalde.

Lo que sí es un hecho: la medida cambiaría el perfil del alumnado de los últimos cursos y, con él, el trabajo diario de los centros públicos. Cómo se gestiona eso sigue sin explicación.

La acusación de adoctrinamiento​

Una corriente del análisis va más allá del coste y sostiene que el objetivo real es ideológico: dos años más de escolarización equivaldrían a dos años más de exposición a unos contenidos y a un profesorado que se presumen alineados con el Gobierno. Es una sospecha, no un hecho acreditado por el anuncio: la propuesta no dice nada sobre contenido curricular. Pero funciona como eje de buena parte del rechazo y explica por qué el ruido político supera al económico, que al menos se puede calcular.

Sin texto normativo, sin memoria económica y sin plan para el que no quiere estudiar​

El anuncio está donde estaba: una intención para el discurso de investidura, sin redactado, sin calendario y sin cifra oficial. Las cuentas que circulan se apoyan en datos del Ministerio, pero solo cubren la secundaria. Y la pregunta que atraviesa todo el asunto sigue sin respuesta: si un chaval de 17 años no quiere seguir en clase, ¿qué se hace con él?