Le Pen pregunta por qué seguir manteniendo extranjeros en Francia
Una sola razón. Ese es el envite que se atribuye a Marine Le Pen: que alguien le dé un único argumento para seguir manteniendo extranjeros en Francia. La pregunta no busca respuesta, busca marco. Quien intenta contestarla acepta discutir en los términos que ella fija. Y ahí el asunto se enreda, porque buena parte de la población a la que se refiere tiene pasaporte francés y nació en suelo francés. No hay a dónde devolverla.
Por qué Francia ya no puede deportar a quien quiere echar
El primer argumento que se impone es aritmético, no moral. La inmigración masiva hacia Francia —se sostiene— arrancó en los años 60 y 70 del siglo pasado, no en la última década. Aquella gente tuvo hijos y nietos en territorio francés. Son franceses por nacimiento, con documentación y derecho de voto. A ninguno se le puede devolver a un país donde no ha vivido nunca.
De ahí el diagnóstico que circula: el problema no serían los irregulares, expulsables sobre el papel, sino las segundas y terceras generaciones que no se identifican con el país que les dio el pasaporte. Contra eso no hay vuelo de retorno. El discurso del cierre de fronteras, admite una de las voces,
«podría ser efectivo hace décadas»; hoy llega tarde.
Quitar la nacionalidad: el muro de la Constitución
Si no se puede deportar, la tentación es cambiar la ley para que el problema no vuelva a nacer. La fórmula que más se repite es sustituir el derecho de suelo por el
derecho de sangre: solo serían franceses los hijos de franceses, no los nacionalizados. Quien ya tiene el papel no se iría, pero no se fabricarían nuevos titulares.
El obstáculo es jurídico y no pequeño. En España, el
artículo 11 de la Constitución corta el paso: «Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad». En el debate se recuerda además que Dinamarca ha retirado la nacionalidad en casos concretos, según se cita.
El precedente de Meloni y el 50% más de llegadas
El aviso más repetido tiene acento italiano. El gobierno de Giorgia Meloni llegó al poder con un programa duro contra la inmigración irregular y, según el dato que se maneja, el número de desembarcados
aumentó un 50% en 2023. Su ministro del Interior habría admitido el fracaso. De ahí la desconfianza hacia cualquier promesa electoral parecida: no es que no quieran cumplir, es que el margen de maniobra es mínimo.
Esa sospecha atraviesa media conversación. Se pregunta qué garantiza que Le Pen no esté, ella también, atada por los mismos intereses que dice combatir. La duda no es ideológica, es de incentivos: gobernar exige gestionar lo que se prometió demoler.
Ayudas sociales, franco CFA y quién paga el hundimiento
El otro eje es económico. Una parte del análisis sostiene que el tirón no es ideológico sino monetario: quitando las ayudas, muchos volverían solos. Sobre esa base se propone exigir al extranjero que encuentre trabajo en un plazo —seis meses— o abandonar el país. Otros miran más atrás: la
moneda CFA, el franco que se creó en tiempos de De Gaulle y que aún ata las economías de media África, sería parte de la explicación. Los países ricos reciben, con esta lectura, a quien antes exprimieron.
El asunto tiene además una derivada personal que retrata el absurdo del momento. Hay quien echa cuentas sobre pedir el pasaporte francés antes de que la norma se aplique, porque el IRPF sale mejor que en España. Le responden que, con esa mentalidad, acabará defendiendo un país que no es el suyo en un conflicto que no ha elegido. La conversación salta de la geopolítica al cálculo de la nómina en dos frases.
La demografía: 36 millones y la natalidad que no sube
Y por debajo de todo, la demografía. Con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, según se sostiene en el debate, sostener el sistema sin aporte exterior es aritmética difícil. Hay quien propone traer trabajadores jóvenes de países con idioma y cultura próximos, sin cargas familiares, y quien responde que eso no arregla la pirámide: solo cambia su composición. Entre medias se cuela la disputa identitaria, más ruidosa y menos resoluble.
Con estos mimbres, cualquier promesa de limpieza rápida suena a campaña. El dato que descoloca lo dejó alguien sin pretenderlo: hubo un tiempo en que España tenía
36 millones de habitantes y, en sus propias palabras, «vivíamos muy bien». Nadie ha sabido decir todavía cuántos habitantes hacen falta para pagar las pensiones sin importar a nadie.