Sánchez anuncia que en 15 días asumirá la competencia de nombrar jueces y magistrados y una ley de regeneración de los medios de comunicación

Sánchez da 15 días al PP para el CGPJ y reserva julio para los medios​

Existe una contradicción que el propio anuncio no esconde: para «regenerar» la justicia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez propone retirarle al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la potestad de nombrar a los magistrados que llegan al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia. No se tocan las mayorías. Se toca quién nombra a quién, y con qué afinidad. El ultimátum al PP es de 15 días, con junio como horizonte: o el partido de Feijóo acepta cambiar el órgano, o PSOE y Sumar llevan la reforma directamente al Congreso. «El día de la marmota se acabó», ha sentenciado Sánchez.

Qué cambia la reforma del CGPJ que ultima el Gobierno​

El plan no consiste en alterar las mayorías parlamentarias que eligen a los vocales, sino en vaciar de contenido una de las funciones clave del Consejo: la de designar a los magistrados que van al Supremo y a los tribunales autonómicos. Es un cambio de fondo en la arquitectura del Poder Judicial, no un simple desatasco administrativo. La versión oficial insiste en la transparencia del procedimiento. La lectura que se hace desde la oposición es otra: quien controla el acceso a la cúpula judicial acaba condicionando, con el tiempo, las decisiones que se toman dentro. El CGPJ lleva demasiado tiempo funcionando en precario, y el Gobierno ha decidido que ya no hay razón para seguir esperando. Queda la duda de si un órgano intervenido puede reformarse a sí mismo sin que nadie levante la mano.

La ley de regeneración y el foco sobre la financiación de los medios​

La segunda pata se llevará al Congreso en julio bajo una etiqueta ambiciosa: regeneración moral. El foco apunta a los medios de comunicación. El presidente habla de «máquina del fango» y de pseudotabloides, y anuncia que pondrá lupa sobre la transparencia y la financiación de las empresas periodísticas. Un primer paso obligado es transponer una directiva europea aprobada en Bruselas que, curiosamente, contó con el respaldo del PP. El segundo, más discutido, apunta a la publicidad institucional que conceden algunas comunidades autónomas: qué criterios se siguen y qué cabeceras se llevan el dinero. «Es un debate importante», sostienen desde La Moncloa, que añade que desde el Gobierno y el Congreso «podemos hacer cosas» para mejorar la rendición de cuentas. Traducido: quién financia la prensa y quién decide a qué prensa se financia.

Feijóo propone a Europa como árbitro y Ayuso le corta el paso​

El PP no ha dicho no del todo. Feijóo ha respondido al ultimátum ofreciendo retomar la negociación con la intermediación de un comisario europeo que certifique el acuerdo, y advierte de que fuera de ese marco «ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir». La maniobra desplaza el pulso a Bruselas y obliga al Gobierno a moverse en terreno incómodo. Pero el frente interno del partido se agrieta: Isabel Díaz Ayuso se ha apresurado a pedirle a Feijóo que no pacte la renovación, con el argumento de que «nos va la democracia en ello». La olla a presión del PP, en expresión repetida estos días, parece más cerca de estallar que de llegar a un acuerdo.

Del pacto que duró menos de 24 horas a los seis meses de estudio​

El propio Bolaños ha resumido el desencuentro con un «ni 24 horas ha durado» al referirse al entendimiento entre PP y PSOE sobre el CGPJ. El ministro sostiene que la reforma no es vinculante; Feijóo mantiene que sí y avisa de que, si los socialistas bloquean la propuesta de los vocales, Europa acabará hablando. Bajo el pacto, los nuevos vocales tendrían seis meses para estudiar modelos europeos y proponer un sistema de elección de jueces. Que el calendario pase por Bruselas no es un detalle menor: la misma UE que unos citan como garantía, otros la colocan en el centro del problema.

¿Se está convirtiendo España en Venezuela? El dato que usan los dos lados​

El paralelismo con otros países se ha instalado en la conversación. Unos mencionan Rumanía e Italia, y recuerdan a Ceaucescu o Mussolini; otros miran a Venezuela y al momento en que el poder se concentró en una sola figura. El contraargumento más repetido es económico: España no es Venezuela, y para probarlo se citan los 21 millones de ocupados en la Seguridad Social, más que nunca en la historia. El problema de ese dato es que admite las dos lecturas. Vale para rebajar el alarmismo y, a la vez, para recordar que un país puede encadenar cifras récord mientras reescribe las reglas institucionales.

Cinco días de reflexión desembocaron en un plan que se tramitará en semanas. Queda por ver si el PP acepta el marco con árbitro europeo o si, como sugieren sus propias filas, prefiere la guerra de trincheras. Y, sobre todo, si alguien recuerda qué ocurre cuando el próximo Gobierno herede estas mismas reglas recién cambiadas.