Marlaska se queja al CGPJ por el informe de Ceuta

Marlaska se queja al CGPJ por el informe de Ceuta
RESUMEN DEL MENSAJE INICIAL · elaborado con IA

El ministro del Interior, **Fernando Grande-Marlaska**, ha enviado una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, **Isabel Perelló**, mostrando su descontento por la decisión de una juez de la Audiencia Nacional de impedir que agentes de la Policía Nacional informaran a sus superiores sobre el asalto a Ceuta.

Leer el resumen completo →

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, mostrando su descontento por la decisión de una juez de la Audiencia Nacional de impedir que agentes de la Policía Nacional informaran a sus superiores sobre el asalto a Ceuta. Perelló ha respondido reafirmando la independencia judicial y la potestad de los jueces para comisionar a la policía judicial.

Un informe judicial que incomoda al Gobierno

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado su "preocupación" a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por una decisión judicial que considera que interfiere en la gestión de crisis. La controversia surge a raíz de un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre el asalto a la frontera de Ceuta. La juez encargada del caso, María Tardón, prohibió a los agentes de la Policía Nacional comisionados para investigar el incidente que informaran a sus superiores directos, y por ende, al Gobierno.

Marlaska, quien fuera magistrado en la Audiencia Nacional, argumenta que, en situaciones de crisis declaradas bajo la Ley de Seguridad Nacional, no debería ser incompatible atender los requerimientos judiciales y, al mismo tiempo, mantener informados a los responsables políticos sobre circunstancias relevantes. Su queja se centra en la percepción de que se está limitando el flujo de información vital para la toma de decisiones en un contexto de alta tensión.

La independencia judicial, un muro infranqueable

La respuesta de Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, ha sido firme y directa. Mediante otra misiva, ha recordado a Marlaska que los órganos de gobierno de los jueces tienen vedado, por mandato constitucional y legal, interferir en las decisiones de los magistrados. La presidenta del CGPJ ha enfatizado que la función de policía judicial recae en todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, independientemente de su naturaleza o dependencia orgánica.

Esto significa, en la práctica, que cualquier agente de policía comisionado por un juez se convierte automáticamente en un agente de policía judicial, sujeto a sus directrices. Perelló ha dejado claro que la actuación de la magistrada Tardón se enmarca dentro del ejercicio de sus funciones constitucionales, las cuales merecen el máximo respeto. La presidenta del CGPJ ha certificado la independencia judicial como un pilar fundamental del Estado de Derecho, negando cualquier posibilidad de censura o corrección a las actuaciones jurisdiccionales.

El tira y afloja entre poderes

Este intercambio epistolar pone de manifiesto las tensiones recurrentes entre el poder Ejecutivo y el Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en sus artículos 12.3 y 176.2, establece claramente los límites de actuación del Consejo General del Poder Judicial respecto a las decisiones de los jueces. Marlaska, con su pasado en la judicatura y como vocal del CGPJ, conoce de primera mano estas limitaciones.

El Gobierno declaró la situación de interés para la seguridad nacional el 25 de agosto de 2026, después de que la crisis en Ceuta se agravara. Sin embargo, la juez Tardón ya había comisionado al CENIF el 31 de julio de 2026, exigiendo confidencialidad incluso dentro de la propia Policía Nacional. La decisión de Marlaska de dirigirse al CGPJ parece buscar una vía para asegurar un mayor acceso a la información gubernamental en situaciones de crisis, mientras que el Poder Judicial defiende celosamente su autonomía.

Datos clave
  • *Fernando Grande-Marlaska**, ministro del Interior.
  • *Isabel Perelló**, presidenta del CGPJ.
  • *María Tardón**, jueza de la Audiencia Nacional.
  • *25 de agosto de 2026**, fecha de declaración de interés para la seguridad nacional.
  • *31 de julio de 2026**, fecha de comisión del CENIF.
Fuente: elmundo.es
Resumen generado con inteligencia artificial a partir del primer mensaje del tema.

unoquepasa

Madmaxista
Desde
10 Ago 2016
Mensajes
6.815
Fruta
28.207

ESPAÑA
Tribunales

Marlaska escribe al CGPJ para quejarse de la juez del 'caso Ceuta' y Perelló se reafirma en la independencia judicial​

El ministro de Interior se queja por escrito de que la juez bloqueara que el CENIF informara a sus superiores policiales, y la presidenta del Supremo certifica que la independencia judicial impera
  • Compartir
  • 79 comentarios
(imagen visible para usuarios registrados)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
(imagen visible para usuarios registrados)
(imagen visible para usuarios registrados)
Quico Alsedo
Ángela Martialay

Actualizado Jueves, 3 septiembre 2026 - 18:23
AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedas

Cerrar Publicidad

Nuevo choque institucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial en una legislatura ya más que acostumbrada a ellos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dirigió este jueves una misiva a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para quejarse de que la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, prohibiera a los agentes de la Policía Nacional a los que comisionó para investigar el asalto a la frontera de Ceuta que informaran a sus superiores, y con ello al Gobierno.

Marlaska ha transmitido a Perelló su "preocupación" por que una juez, en una situación afectada por la Ley de Seguridad Nacional, impida a los agentes que ella comisiona como policía judicial informar a sus superiores en el Cuerpo.

La respuesta de Perelló ha sido automática, mediante otra misiva. La presidenta del CGPJ ha aclarado al ministro, quien fuera magistrado en la propia Audiencia Nacional, que los órganos de gobierno de los jueces no pueden interferir en ninguna decisión de estos, y además aclaró que "la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia".

Es decir, que cualquier policía comisionada por un juez se convierte automáticamente en judicial, según la ley española. En este punto, Perelló contesta a una de las ideas fuerza propaladas por Interior tras la publicación del informe del CENIF (Centro Nacional de Inmi gración y Fronteras) que apunta a responsabilidades de Jovenlandia en la crisis: que el CENIF no tiene entre sus funciones oficiar como policía judicial. Con que un juez diga que lo es, lo es, asegura la presidenta del CGPJ.

Además, Perelló ha certificado la independencia judicial como uno de los pilares del Estado de Derecho. Y, de forma elegante, ha concluido su respuesta: "En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando [argumentos empleados por el ministro para pedir información de Tardón], así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto", concluye la carta.

Primero Marlaska escribió que, "como ministro del Interior, y también como magistrado, respeto escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones".

Entrando en el tema, afirmó que, ante una situación de crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, "no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud".

Por su parte, Perelló ha respondido el órgano de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- tiene constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevén expresamente los artículos 12.3 y 176.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se da la circunstancia de que, antes de ser ministro Grande-Marlaska, juez de carrera -con plaza en la Audiencia Nacional-, fue vocal del órgano de gobierno de los jueces y, por lo tanto, conoce a la perfección las limitaciones del Consejo sobre la función jurisdiccional que ejercen jueces y magistrados.

Por otro lado, el Gobierno no vinculó los hechos de Ceuta con la Ley de Seguridad Nacional hasta el nombramiento del mando único, el 25 de agosto pasado, cuando el Gobierno local de Ceuta llevaba pidiendo su implementación desde días antes del salto de 30 y 31 de julio. Tardón, por su parte, comisionó al CENIF el mismo 31 de julio, y le exigió sigilo hacia sus superiores incluso dentro del Cuerpo Nacional de Policía.
 

ESPAÑA
Tribunales

Marlaska escribe al CGPJ para quejarse de la juez del 'caso Ceuta' y Perelló se reafirma en la independencia judicial​

El ministro de Interior se queja por escrito de que la juez bloqueara que el CENIF informara a sus superiores policiales, y la presidenta del Supremo certifica que la independencia judicial impera
  • Compartir
  • 79 comentarios
(imagen visible para usuarios registrados)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
(imagen visible para usuarios registrados)
(imagen visible para usuarios registrados)
Quico Alsedo
Ángela Martialay

Actualizado Jueves, 3 septiembre 2026 - 18:23
AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedas

Cerrar Publicidad

Nuevo choque institucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial en una legislatura ya más que acostumbrada a ellos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dirigió este jueves una misiva a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para quejarse de que la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, prohibiera a los agentes de la Policía Nacional a los que comisionó para investigar el asalto a la frontera de Ceuta que informaran a sus superiores, y con ello al Gobierno.

Marlaska ha transmitido a Perelló su "preocupación" por que una juez, en una situación afectada por la Ley de Seguridad Nacional, impida a los agentes que ella comisiona como policía judicial informar a sus superiores en el Cuerpo.

La respuesta de Perelló ha sido automática, mediante otra misiva. La presidenta del CGPJ ha aclarado al ministro, quien fuera magistrado en la propia Audiencia Nacional, que los órganos de gobierno de los jueces no pueden interferir en ninguna decisión de estos, y además aclaró que "la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia".

Es decir, que cualquier policía comisionada por un juez se convierte automáticamente en judicial, según la ley española. En este punto, Perelló contesta a una de las ideas fuerza propaladas por Interior tras la publicación del informe del CENIF (Centro Nacional de Inmi gración y Fronteras) que apunta a responsabilidades de Jovenlandia en la crisis: que el CENIF no tiene entre sus funciones oficiar como policía judicial. Con que un juez diga que lo es, lo es, asegura la presidenta del CGPJ.

Además, Perelló ha certificado la independencia judicial como uno de los pilares del Estado de Derecho. Y, de forma elegante, ha concluido su respuesta: "En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando [argumentos empleados por el ministro para pedir información de Tardón], así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto", concluye la carta.

Primero Marlaska escribió que, "como ministro del Interior, y también como magistrado, respeto escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones".

Entrando en el tema, afirmó que, ante una situación de crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, "no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud".

Por su parte, Perelló ha respondido el órgano de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- tiene constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevén expresamente los artículos 12.3 y 176.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se da la circunstancia de que, antes de ser ministro Grande-Marlaska, juez de carrera -con plaza en la Audiencia Nacional-, fue vocal del órgano de gobierno de los jueces y, por lo tanto, conoce a la perfección las limitaciones del Consejo sobre la función jurisdiccional que ejercen jueces y magistrados.

Por otro lado, el Gobierno no vinculó los hechos de Ceuta con la Ley de Seguridad Nacional hasta el nombramiento del mando único, el 25 de agosto pasado, cuando el Gobierno local de Ceuta llevaba pidiendo su implementación desde días antes del salto de 30 y 31 de julio. Tardón, por su parte, comisionó al CENIF el mismo 31 de julio, y le exigió sigilo hacia sus superiores incluso dentro del Cuerpo Nacional de Policía.
Un puro paripé. Si el gobierno quiere poner firme al CGPJ lo hace en privado, no con un cruce de descalificaciones con la prensa del régimen como correveidile.
 

Pues ahí está indefenso entonces, porque jamás ha estado en relaciones íntimas con alguna mujer, y lógicamente no sabe cómo maniobrar el asunto.
 

Estadísticas del foro

Temas
2.063.773
Mensajes
58.573.104
Miembros
191.144
Último miembro
german1213_

El blog de burbuja.info

Volver