Marta Campo, juez en dos años tras 27 matrículas de honor

27 años, 27 matrículas de honor: juez en dos años​

Para buena parte de quienes participan en el debate, el sistema de oposiciones español premia la memoria por encima de casi cualquier otra cosa, y eso ha sentado a una veinteañera en un juzgado. Con 27 años, la jueza ha llegado a la judicatura tras firmar, según los datos que manejan los mensajes del hilo, 27 matrículas de honor. La información parte de una pieza de Telecinco. Nadie discute que haya estudiado. Lo que se discute es otra cosa: si se puede administrar justicia sin haber vivido lo suficiente para entender a quien la pide.

El caso ha levantado un eco notable en el hilo. El reparto de posturas dice bastante: casi nadie cuestiona el esfuerzo, muchos cuestionan para qué sirve.

¿Se puede juzgar sin experiencia vital?​

Depende de qué se entienda por juzgar. Una corriente amplia sostiene que un juez necesita algo más que el texto legal: la llamada experiencia vital, esa que dan los años y los problemas propios. El argumento se despliega con ejemplos muy concretos: decidir con qué progenitor se queda un menor, valorar un conflicto entre vecinos, entender una negociación entre empresas o interpretar un accidente de tráfico exige haber pisado ese terreno.

El inventario que se maneja en esta línea es minucioso: familia e hijos, una hipoteca firmada, contabilidad básica, tratos con adultos, contratos con particulares, la relación con Hacienda. Quien no ha pasado por ahí, se dice, acaba copiando lo que le ponga el técnico de turno y aplicando lo que se conoce como máximas de la experiencia sin haberlas vivido.

Frente a eso hay una objeción que corta el nudo: los jueces no imparten justicia, aplican legalidad. Si el criterio es la ley, la biografía del juzgador importa menos que su técnica. Y aquí entra el matiz incómodo: hay quien sostiene que una sentencia puede verse contaminada por la experiencia personal, y que la frialdad del texto legal es precisamente la garantía.

El coto de la memotecnia y el sistema de oposiciones​

El reproche de fondo no va contra una persona, sino contra un método. Según esta crítica, el sistema español selecciona a golpe de memoria fotográfica, y quien la tiene accede a puestos que en otros países exigen otra cosa. Notarías, registro, altos cuerpos de la administración y la propia carrera judicial funcionarían así como un coto cerrado, sostienen algunos mensajes.

La consecuencia que se señala es doble. Por un lado, puestos vitalicios que se ocupan sin haber trabajado nunca en el sector privado. Por otro, un cuerpo profesional construido sobre la repetición de textos, donde se mezcla la comprensión real con la reproducción mecánica. Es la tesis más repetida: memorizar un temario no es entenderlo.

No todos están de acuerdo. Hay una defensa explícita de este filtro: si la judicatura es difícil de asaltar por su exigencia técnica, es también más difícil de colonizar por el poder político de turno. Un proceso basado en el mérito objetivo —viene a decirse— es un blindaje contra las redes de influencia. Menos glamuroso, pero más impermeable.

El doble rasero y el ruido de fondo​

En paralelo circuló el contraejemplo: un participante señaló, con enlace, que un candidato puede entrar en la judicatura antes de los 26 años sin que nadie le exigiera currículum vital alguno. La comparación dejó al descubierto, para quienes la plantearon, un sesgo evidente en la forma de recibir la noticia. La vara de medir no era la misma.

Hubo también una capa de ruido que no aporta nada: descalificaciones sobre su aspecto físico y su vida privada, sin relación alguna con el asunto. Ese material sobra y no resiste comparación con una discusión sobre calidad institucional. Y por debajo de todo, el diagnóstico menos amable: varios participantes sostienen que gran parte del enfado no es análisis, sino envidia. El mérito ajeno como espejo de lo que uno no fue.

Un precedente administrativo​

No es la primera vez que se plantea un mínimo de edad para cargos de responsabilidad. Un participante recordó que el requisito existió para ser Gobernador Civil: se exigían 30 años, cifra que después se rebajó a 25. La lógica que se invoca es la misma: ciertos puestos requieren un poso que no da el aula.

Ese precedente es el dato más útil del asunto para quienes lo traen a colación, porque convierte la queja difusa en una propuesta concreta: fijar requisitos de experiencia previa, tipo unos años de ejercicio como abogado, antes de acceder a la carrera. La idea tiene defensores en varios tramos del debate.