Me pueden llamar a filas? Si.

Ley de Seguridad Nacional: movilización civil sin compensación​

El Gobierno prepara una ley que permitiría movilizar a toda persona mayor de edad en caso de crisis, con prestaciones personales que, según el borrador, no conllevarían compensación. La norma no crea un ejército de reclutas, pero algunos leen en ella la puerta abierta a algo mucho peor. La letra pequeña es lo que ha encendido todas las alarmas.

Qué dice el borrador de la nueva ley​

El texto, adelantado por El País, establece que «toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las 'prestaciones personales' que exijan las autoridades competentes» cuando se declare un estado de crisis. La medida se activaría siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional. No se especifica qué tipo de prestaciones, ni durante cuánto tiempo, ni con qué contrapartida económica.

El punto que más revuelo ha causado es la mención a que esas prestaciones serían «sin compensación». Para algunos, eso significa que el Estado podría disponer de bienes y hasta de la vida de los ciudadanos sin dar nada a cambio. Para otros, la interpretación es torticera: la Constitución, en su artículo sobre el estado de alarma, ya obliga a compensar a quienes se vean afectados económicamente. La práctica, sin embargo, ha demostrado que esa compensación puede brillar por su ausencia.

La pregunta que nadie responde del todo es qué tipo de crisis activaría el mecanismo. ¿Una guerra? ¿Una catástrofe natural? ¿Una emergencia sanitaria? El borrador habla de «estado de crisis» sin definirlo. Esa ambigüedad es, para los críticos, la prueba de que la norma está diseñada para usarse cuando convenga.

El precedente de 2015 que casi nadie recuerda​

La actual normativa no nace de la nada. Existe un precedente directo: la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, publicada en el BOE el 10 de julio de 2015, con Mariano Rajoy en La Moncloa. Aquel texto, de medio centenar de artículos, ya desglosaba las competencias del Estado y las obligaciones del ciudadano ante «las múltiples y complejas amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas».

La diferencia es que entonces no se hablaba de movilización en sentido estricto. La reforma que ahora se anuncia sí. Y eso cambia el marco: ya no es solo proteger, es disponer de personas. La ironía es que aquella ley de 2015 pasó sin apenas debate público. Ahora, con la guerra llamando a la puerta, cada coma se lee con lupa.

¿Te pueden obligar a ir al frente?​

La pregunta recorre el asunto de arriba abajo. La respuesta corta es que la ley no habla de combate, sino de «prestaciones personales». La respuesta larga es que nadie sabe qué significa eso en la práctica. Hay quien sostiene que a los movilizados les darían una pala, no un rifle. Otros creen que la cosa iría más allá y que la falta de experiencia militar de la población es precisamente lo que hace inviable un frente de reclutas.

El argumento más repetido es que una cosa es que te obliguen a presentarte y otra muy distinta que te obliguen a disparar. La obediencia tiene límites, y el límite es la conciencia. Eso, en teoría. En la práctica, la historia militar está llena de gente que acabó haciendo lo que no quería. Y la pregunta que flota es si alguien está dispuesto a ir a la cárcel por negarse.

Hay un detalle que añade inquietud: la ley no distingue por edad, sexo ni condición. Toda persona mayor de edad. Eso incluye a los que ya peinan canas y a los que nunca han cogido un arma. La pregunta de si a los cincuenta o sesenta años te pueden movilizar sigue sin respuesta clara.

La compensación: promesa legal y realidad dudosa​

Aquí es donde el escepticismo se dispara. La ley dice una cosa, la experiencia dice otra. Los afectados por el cierre de negocios durante la pandemia, o los que perdieron su casa en La Palma, todavía esperan compensaciones que sobre el papel les correspondían. La pregunta que flota es cuántas posibilidades hay de recibir la indemnización prometida. Una entre un millón, o menos.

El cálculo más optimista asume que el Estado cumplirá. El escenario pesimista parte de que no hay dinero, no hay voluntad y no hay mecanismo. Entre ambos extremos, la mayoría se inclina por lo segundo. La desconfianza no es gratuita: viene de años de promesas incumplidas.

Cómo se recibe la noticia​

Las posturas se dividen en tres bloques. Un primer grupo ve en la ley una herramienta de control político, activable en función del calendario electoral. Un segundo bloque considera que la movilización es inevitable en un escenario de guerra y que lo importante es negociar las condiciones. Un tercero directamente anuncia desobediencia civil: que vengan a buscarme, pero no cuenten conmigo.

La desconfianza hacia las instituciones es el denominador común. No es solo que no se crean las promesas de compensación; es que no se cree que quienes gobiernan tengan legitimidad para pedir semejante sacrificio. La pregunta que sobrevuela todo el asunto es para qué y para quién. Y la respuesta que muchos dan, entre líneas, es que no piensan mover un dedo por un sistema que consideran corrupto.

Hay un matiz histórico que alguien rescata: en 1989 se publicó un libro titulado Escapar de la mili, con todos los medios legales para no hacer el servicio militar. Su autor se libró alegando una lesión en el pie. Hoy no hay mili, pero la pregunta es si habrá que buscar excusas parecidas.

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Con estos mimbres, la ley saldrá adelante o no según el coste político que estén dispuestos a asumir quienes la impulsan. La predicción más razonable es que el texto se apruebe con matices, que la compensación quede en el aire y que nadie sepa realmente qué pasará hasta que haya una crisis de verdad. Para entonces, ya será tarde para preguntar.