Ocho años lleva el Gobierno actual...
Ocho años dando la matraca con el derecho a la vivienda, la vivienda digna, la emancipación de los jóvenes, los vulnerables, los colectivos protegidos y todo el catálogo habitual de palabras bonitas del socialismo.
Ocho años en los que hemos tenido ministerios, leyes, bonos, observatorios, anuncios, ruedas de prensa, planes estratégicos, comisiones y toneladas de propaganda institucional. Lo que no hemos tenido es una construcción de vivienda ni remotamente suficiente para absorber el aumento de hogares y de población.
Porque el gran invento del socialismo español moderno consiste en declarar derechos sobre bienes que no produce. ¿Falta vivienda? Pues declaramos el derecho a la vivienda. ¿Sube el alquiler? Ley de Vivienda. ¿Los jóvenes no pueden emanciparse? Bono joven. ¿Sigue faltando vivienda? Otro anuncio. ¿Sigue subiendo? Otra rueda de prensa. ¿Continúa el problema? Creamos un observatorio y soltamos alguna cifra de decenas de miles de futuras viviendas que ya veremos cuándo aparecen.
La vivienda se ha convertido en el ejemplo perfecto de esa política de cartón piedra. Mucho derecho, mucha sensibilidad, mucho discurso sobre que nadie se queda atrás, pero cuando uno pregunta por la parte desagradablemente material del asunto, es decir, suelo, licencias, bloques, pisos y oferta real, empieza el silencio administrativo.
Y aquí viene la parte especialmente llamativa. Mientras el Estado llevaba años sin conseguir que la oferta de vivienda creciera al ritmo necesario, España experimentaba además un aumento enorme de población, buena parte procedente de la inmi gración. Y esto no requiere una tesis doctoral en economía: si tienes más gente, tienes más hogares potenciales y, por tanto, necesitas más viviendas. El forastero necesita techo exactamente igual que el español. El problema no es que venga alguien y quiera vivir bajo techo. El problema es tener un Gobierno que impulsa o acepta un fuerte crecimiento demográfico mientras actúa como si los pisos se reprodujeran por esporas.
Pero claro, reconocer eso obligaría a hablar de números, y los números son tremendamente antipáticos cuando uno lleva ocho años gobernando a base de narrativa sarracena. Es mucho más agradable decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Derecho a la vivienda, derecho a la integración, derecho a la dignidad, derecho a las ayudas, derecho a la protección. Perfecto. ¿Y quién construye físicamente todo lo necesario para materializar semejante catálogo de derechos? Ah, amigo, ahí hemos entrado ya en terreno incómodo: el de la oferta.
La genialidad consiste entonces en atacar el precio sin arreglar la escasez. Topes, índices, zonas tensionadas, grandes tenedores, bonificaciones, penalizaciones y regulación tras regulación. Es como si faltaran tomates y el Gobierno respondiera creando el Ministerio del Tomate, declarando el gazpacho derecho fundamental y estableciendo un índice estatal de precios del tomate. Cinco años después seguirían faltando tomates, pero tendríamos una subsecretaría estupenda y un PDF de cienes de páginas explicando que nadie debe quedarse sin ensalada.
Ese es exactamente el problema. El Gobierno ha confundido durante años declarar un derecho con producir el bien necesario para ejercerlo. Una vivienda no aparece porque un ministro pronuncie la palabra "derecho" veinte veces delante de un atril. No aparece porque se coloque una bandera arcoíris en un ministerio, ni porque se reforme el vocabulario administrativo, ni porque Moncloa publique otro vídeo emocional con música sensiblera. Aparece cuando alguien compra suelo, obtiene permisos, consigue financiación, contrata trabajadores y construye el edificio.
Mientras tanto, el currante medio entra en Idealista y descubre el resultado práctico de ocho años de ampliación de derechos: habitaciones a 600 euros, pisos mediocres por 1200 y anuncios en los que parece que compartir cocina con cuatro desconocidos es ahora una experiencia cosmopolita. Eso sí, puede dormir tranquilo sabiendo que jurídicamente su derecho a la vivienda está perfectamente protegido.
Y todavía nos explican que el gran enemigo es el propietario, el fondo, el especulador o cualquier otro personaje convenientemente seleccionado para el relato semanal[/B]. Cualquier cosa antes que admitir algo tremendamente aburrido: en muchas zonas hay demasiada demanda persiguiendo demasiado poca vivienda. Y si durante años añades población, formas más hogares y no construyes al mismo ritmo, el precio no necesita instrucciones de BlackRock para subir. Sube porque dos más dos siguen siendo cuatro incluso bajo un Gobierno pogre.
Lo más llamativo es que vender esto como humanismo produce justamente el resultado contrario. ¿Quién sufre primero una escasez de vivienda? El rico no. El fruta tampoco. El alto funcionario menos todavía. El problema se lo come el joven con salario normal, la familia con dos sueldos justitos, el recién llegado, el divorciado que necesita otro piso y cualquiera que no tenga vivienda heredada. Es decir, exactamente la gente a la que luego el Gobierno utiliza como decorado emocional de sus campañas.
Al final, el socialismo ha conseguido resumir toda una filosofía de Gobierno en una frase: derechos infinitos, oferta finita. Prometer alojamiento para todo el mundo mientras no se crean suficientes viviendas es política social al nivel de prometer barra libre y olvidarse de comprar las botellas.
Mucho derecho a la vivienda.
Mucho quinto pilar del Estado del bienestar.
Mucho "nadie se queda atrás".
Mucho "derechos para todos".
Y después de ocho años, cuando preguntas dónde están los pisos, aparece otro ministro con un PowerPoint.
Socialismo en estado puro: no te construyen ni un chabolo, pero te garantizan solemnemente tu derecho humano a que los responsables gubernamentales de turno te den largas.
Ocho años dando la matraca con el derecho a la vivienda, la vivienda digna, la emancipación de los jóvenes, los vulnerables, los colectivos protegidos y todo el catálogo habitual de palabras bonitas del socialismo.
Ocho años en los que hemos tenido ministerios, leyes, bonos, observatorios, anuncios, ruedas de prensa, planes estratégicos, comisiones y toneladas de propaganda institucional. Lo que no hemos tenido es una construcción de vivienda ni remotamente suficiente para absorber el aumento de hogares y de población.
Porque el gran invento del socialismo español moderno consiste en declarar derechos sobre bienes que no produce. ¿Falta vivienda? Pues declaramos el derecho a la vivienda. ¿Sube el alquiler? Ley de Vivienda. ¿Los jóvenes no pueden emanciparse? Bono joven. ¿Sigue faltando vivienda? Otro anuncio. ¿Sigue subiendo? Otra rueda de prensa. ¿Continúa el problema? Creamos un observatorio y soltamos alguna cifra de decenas de miles de futuras viviendas que ya veremos cuándo aparecen.
La vivienda se ha convertido en el ejemplo perfecto de esa política de cartón piedra. Mucho derecho, mucha sensibilidad, mucho discurso sobre que nadie se queda atrás, pero cuando uno pregunta por la parte desagradablemente material del asunto, es decir, suelo, licencias, bloques, pisos y oferta real, empieza el silencio administrativo.
Y aquí viene la parte especialmente llamativa. Mientras el Estado llevaba años sin conseguir que la oferta de vivienda creciera al ritmo necesario, España experimentaba además un aumento enorme de población, buena parte procedente de la inmi gración. Y esto no requiere una tesis doctoral en economía: si tienes más gente, tienes más hogares potenciales y, por tanto, necesitas más viviendas. El forastero necesita techo exactamente igual que el español. El problema no es que venga alguien y quiera vivir bajo techo. El problema es tener un Gobierno que impulsa o acepta un fuerte crecimiento demográfico mientras actúa como si los pisos se reprodujeran por esporas.
Pero claro, reconocer eso obligaría a hablar de números, y los números son tremendamente antipáticos cuando uno lleva ocho años gobernando a base de narrativa sarracena. Es mucho más agradable decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Derecho a la vivienda, derecho a la integración, derecho a la dignidad, derecho a las ayudas, derecho a la protección. Perfecto. ¿Y quién construye físicamente todo lo necesario para materializar semejante catálogo de derechos? Ah, amigo, ahí hemos entrado ya en terreno incómodo: el de la oferta.
La genialidad consiste entonces en atacar el precio sin arreglar la escasez. Topes, índices, zonas tensionadas, grandes tenedores, bonificaciones, penalizaciones y regulación tras regulación. Es como si faltaran tomates y el Gobierno respondiera creando el Ministerio del Tomate, declarando el gazpacho derecho fundamental y estableciendo un índice estatal de precios del tomate. Cinco años después seguirían faltando tomates, pero tendríamos una subsecretaría estupenda y un PDF de cienes de páginas explicando que nadie debe quedarse sin ensalada.
Ese es exactamente el problema. El Gobierno ha confundido durante años declarar un derecho con producir el bien necesario para ejercerlo. Una vivienda no aparece porque un ministro pronuncie la palabra "derecho" veinte veces delante de un atril. No aparece porque se coloque una bandera arcoíris en un ministerio, ni porque se reforme el vocabulario administrativo, ni porque Moncloa publique otro vídeo emocional con música sensiblera. Aparece cuando alguien compra suelo, obtiene permisos, consigue financiación, contrata trabajadores y construye el edificio.
Mientras tanto, el currante medio entra en Idealista y descubre el resultado práctico de ocho años de ampliación de derechos: habitaciones a 600 euros, pisos mediocres por 1200 y anuncios en los que parece que compartir cocina con cuatro desconocidos es ahora una experiencia cosmopolita. Eso sí, puede dormir tranquilo sabiendo que jurídicamente su derecho a la vivienda está perfectamente protegido.
Y todavía nos explican que el gran enemigo es el propietario, el fondo, el especulador o cualquier otro personaje convenientemente seleccionado para el relato semanal[/B]. Cualquier cosa antes que admitir algo tremendamente aburrido: en muchas zonas hay demasiada demanda persiguiendo demasiado poca vivienda. Y si durante años añades población, formas más hogares y no construyes al mismo ritmo, el precio no necesita instrucciones de BlackRock para subir. Sube porque dos más dos siguen siendo cuatro incluso bajo un Gobierno pogre.
Lo más llamativo es que vender esto como humanismo produce justamente el resultado contrario. ¿Quién sufre primero una escasez de vivienda? El rico no. El fruta tampoco. El alto funcionario menos todavía. El problema se lo come el joven con salario normal, la familia con dos sueldos justitos, el recién llegado, el divorciado que necesita otro piso y cualquiera que no tenga vivienda heredada. Es decir, exactamente la gente a la que luego el Gobierno utiliza como decorado emocional de sus campañas.
Al final, el socialismo ha conseguido resumir toda una filosofía de Gobierno en una frase: derechos infinitos, oferta finita. Prometer alojamiento para todo el mundo mientras no se crean suficientes viviendas es política social al nivel de prometer barra libre y olvidarse de comprar las botellas.
Mucho derecho a la vivienda.
Mucho quinto pilar del Estado del bienestar.
Mucho "nadie se queda atrás".
Mucho "derechos para todos".
Y después de ocho años, cuando preguntas dónde están los pisos, aparece otro ministro con un PowerPoint.
Socialismo en estado puro: no te construyen ni un chabolo, pero te garantizan solemnemente tu derecho humano a que los responsables gubernamentales de turno te den largas.
