Muface, la crisis se enreda: el gobierno estudia pasar a sus funcionarios a la sanidad pública

Muface se enreda: el plan para pasar a los funcionarios a la sanidad pública​

El Ministerio de Sanidad ha puesto sobre la mesa un informe que propone acabar con el modelo de asistencia sanitaria privada para los funcionarios y trasvasar a los mutualistas de Muface al Sistema Nacional de Salud. La crisis arranca su tercera semana después de que Asisa, Adeslas y DKV dejaran desierta la licitación para 2025-2026. El documento, titulado «Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud», califica el modelo de «insostenible» y plantea una prórroga de nueve meses del concierto actual mientras se ejecuta la transición.

Las aseguradoras rechazaron una subida del 17,12% —16% el primer año y 1% el segundo— porque arrastraban pérdidas de casi 430 millones en el concierto vigente. El Ejecutivo, según el informe, da por hecho que cualquier mejora económica sería «insuficiente»: las mutuas exigen incrementos superiores al 40%. Sanidad también descarta subir primas porque lo considera «inequitativo» frente a la provisión pública directa.

Qué pasa con los funcionarios que ya están en Muface​

La asistencia sanitaria está garantizada hasta el 31 de enero, y desde el Ministerio se recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público prevé mecanismos para mantener el servicio hasta que el concierto vencido sea sustituido. El plan de transición priorizaría a los pacientes con tratamientos crónicos complejos y oncológicos, y contempla una vía excepcional para casos de altísima complejidad o final de vida: una renegociación temporal de aseguramiento extraordinario que permita una prórroga de un año más allá de la extinción.

Durante los primeros cuatro meses se mantendría un compromiso de lista de espera quirúrgica cero. Los fondos que ahora van a las aseguradoras se transferirían a las comunidades autónomas con carácter finalista durante los primeros tres años.

El cálculo que desmonta el relato del chollo​

Una de las aportaciones más repetidas en el análisis es el desglose de lo que un funcionario paga de su nómina por Muface: un C1 unos 30 euros al mes, un A2 unos 40 y un A1 unos 50, según un cálculo que circula en el debate. Es decir, entre 360 y 600 euros anuales que se detraen directamente del salario. Con esa retención, el mutualista renuncia a la sanidad pública, incluidas urgencias, y queda adscrito a un cuadro médico privado que, según varios testimonios, se ha ido degradando: listas de espera crecientes, especialistas que abandonan el concierto y una atención que en algunos casos se percibe como deliberadamente deficiente para forzar la salida del paciente.

La comparación con un seguro privado individual es la que más se repite: por 60-70 euros al mes, un menor de 50 años contrata una póliza con cobertura completa y hospitalización, y mantiene el derecho a usar la sanidad pública. La economía de escala de Muface —1,5 millones de asegurados negociados de golpe— es lo que ajusta los márgenes de las aseguradoras, no una supuesta posición de privilegio de los funcionarios.

El argumento de la igualdad y sus grietas​

Hay quien sostiene que un trabajador público debería tener sanidad pública por coherencia, y que quien quiera privada se la pague. En contra pesa un dato que el propio informe asume: la sanidad pública está derivando intervenciones a la privada, y el sistema arrastra listas de espera que en algunas especialidades se miden en meses. Si el trasvase se hace sin refuerzo presupuestario, el resultado previsible es más presión sobre un sistema ya tensionado.

Otra corriente del análisis señala que la supresión de Muface debería ir acompañada de la de Mugeju e Isfas para ser coherente, y recuerda que los mutualistas pagan el 30% de los medicamentos en activo, frente al 50% de los usuarios de la Seguridad Social. La igualdad, en ese caso, también debería aplicarse a la baja.

Qué pasa con las listas de espera si se consuma el trasvase​

El informe reconoce que el envejecimiento de la población mutualista eleva los costes y dificulta los ajustes futuros. Ese mismo envejecimiento es el que, trasvasado a la sanidad pública, tensionará aún más la atención primaria y las consultas de especialistas. El plan de comunicación que el Ministerio quiere implementar no resuelve el cuello de botella estructural: faltan médicos, faltan camas y sobran listas de espera.

La crisis no se limita a Muface. Los funcionarios de Justicia se han sumado a las concentraciones, y desde CSIF se demanda «sensatez al Gobierno de España» para que ponga sobre la mesa una oferta económica que permita mantener el servicio. La pelota está en el tejado del Ejecutivo, que aún no ha decidido si prorroga, renegocia o ejecuta el trasvase.

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Con estos mimbres, lo más probable es que la decisión final se aplace hasta después de enero, cuando el concierto actual expire y la presión de los mutualistas sea máxima. Pero si el trasvase se ejecuta sin un refuerzo real de plantillas e infraestructuras, el resultado será el contrario al que promete el informe: menos calidad para todos, funcionarios incluidos.