Ni carga inasumible ni quiebra: las pensiones públicas sobrevivirán en españa y este estudio da la clave para ello

Las pensiones sostienen 1,3 millones de empleos y devuelven 47 céntimos por euro​

Un trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha sitúa las pensiones públicas dentro de la demanda autónoma que pone en marcha la actividad productiva. Bajo el enfoque del supermultiplicador sraffiano, cada euro que cobran los jubilados incentiva a las empresas a producir y contratar. El resultado, según el estudio: las pensiones de jubilación a mayores de 65 años rondaron el 8 % del PIB, pero el consumo derivado de esos ingresos exigió algo más del 7 % de la producción nacional.

El análisis añade dos cifras más. 5,9 millones de pensionistas activaron alrededor de 1,3 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, un 7 % del empleo total. Y Hacienda recupera 47 céntimos por cada euro desembolsado vía IRPF, IVA y cotizaciones. La conclusión del trabajo: ni carga inasumible ni quiebra. Las pensiones públicas sobrevivirían si la economía crece en base a ellas y la oferta laboral se refuerza por participación femenina, inmigración o productividad.

El multiplicador que ya contaba Keynes​

La recepción del estudio en el foro dejó una ironía recurrente: en Castilla-La Mancha habrían descubierto el keynesianismo, y ahora toca disfrutarlo. El argumento de fondo es que el gasto en pensiones no desaparece, circula. Ese dinero sale de las arcas públicas hacia los pensionistas y vuelve como gasto en sectores que, a su vez, contratan. Producción y empleo inducidos.

La objeción más repetida es que el efecto es neutro. Si el dinero que va a pensionistas se detrae antes de otros bolsillos, esos otros consumen menos y los pensionistas consumen más. El resultado se anula. De ahí la acusación de que el estudio está pagado con dinero público para defender el gasto público. Que cierren las universidades, resumía uno.

El retorno en impuestos: 47 céntimos por euro​

El dato de Hacienda tiene defensores y detractores. Los primeros señalan que la presión fiscal global, sumando IRPF, patrimonio e IVA, se acerca al 50 %, así que lo que se gasta en pensiones se recupera por otra vía. Los segundos responden que el argumento del retorno vale igual para funcionarios y para cualquier gasto público, y que usarlo como prueba de sostenibilidad es una trampa lógica.

El cálculo completo, con la desagregación por figuras tributarias, da una cifra que sorprende a quien espera un retorno mucho menor. Pero conviene recordar que ese 47 % no cubre el 100 % del desembolso. La diferencia sale de algún sitio.

La demografía de 2050 y el empleo necesario​

El estudio proyecta 11 millones de jubilados en 2050. Su consumo requeriría 2,4 millones de empleos, entre el 10 % y el 11 % del empleo previsto. La condición para que cuadre: que la economía siga creciendo en base a esas pensiones y que la oferta laboral se refuerce. Participación femenina, inmigración, productividad. Las tres palancas.

Aquí el análisis se parte. Hay quien sostiene que los pensionistas serán el grupo de votantes clave por falta de natalidad, y que ningún gobierno dejará caer las pensiones ni la sanidad. En contra pesa el argumento de que el poder adquisitivo real de esas pensiones futuras puede ser otra cosa, sobre todo si el dinero pierde valor frente a activos reales como la vivienda.

El sistema de reparto y la crítica al esquema Ponzi​

La acusación de esquema Ponzi aparece varias veces. El sistema de reparto paga a los jubilados actuales con las cotizaciones de los activos, y eso funciona mientras la base crezca. Cuando la base se estrecha, se dan giros de tuerca: retrasar la edad de jubilación, alargar los años cotizados, dejar que la inflación erosione la prestación. Todo inventado, dice la crítica.

La defensa técnica recuerda que reparto no excluye capitalización. Hay empleados públicos que cobran la pensión de la Seguridad Social y además un fondo privado que han ido alimentando. La dicotomía entre público y privado sería un falso dilema: la pensión pública no está garantizada y la privada va a ser una selva con estafas y productos dignos mezclados. El cálculo de las aportaciones mínimas a una mutualidad profesional, con cuotas que arrancan en 65 euros mensuales y suben cada año, da una idea de lo que cuesta montar la alternativa por libre.

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El fondo de reserva, mientras tanto, se dota a base de deuda y las pensiones se pagan con préstamos del Estado a la Seguridad Social. La cifra que importa es la diferencia entre gasto total en pensiones y cotizaciones recaudadas. Esa brecha no ha dejado de crecer. Con estos mimbres, el estudio demuestra que las pensiones generan empleo y devuelven impuestos. Lo que no demuestra es quién paga la diferencia cuando la demografía apriete.