No los quieren ni regalados: la historia de los coches oficiales gallegos que no consiguen vender ni gratis

Dos Audi A6 oficiales llevan años sin comprador en A Coruña​

El Ayuntamiento de A Coruña lleva años intentando vender dos Audi A6 3.2 TSi de 2008 sin recibir una sola oferta. La primera subasta se convocó en 2013 con un precio de salida de 16.000 euros por unidad y quedó desierta. Ahora, con casi veinte años de antigüedad, el consistorio mantiene los coches en el circuito administrativo: ITV en vigor, certificado de taller y un precio de salida que ronda los 10.000 euros. El problema no es la falta de demanda de berlinas premium de segunda mano. El problema es que el precio lo fija una tabla administrativa, no el mercado.

El precio de salida duplica el valor real del coche​

En las webs de compraventa, un Audi A6 de esas características y edad se mueve entre 5.000 y 8.000 euros. El Ayuntamiento pide 10.000. No hay margen para negociar: al tratarse de un bien público, el precio se fija según tablas oficiales y no según la demanda real. El resultado es una subasta que no atrae a nadie porque el comprador potencial sabe que está pagando por encima de mercado.

Hay quien sostiene que el problema no es solo el precio. Un motor de gasolina de 3.2 litros y 256 caballos homologaba 10 litros a los 100 kilómetros cuando salió de fábrica. Con los años y el uso, esa cifra solo empeora. La etiqueta C tampoco ayuda: en un contexto de restricciones crecientes al tráfico en las ciudades, comprar un coche con casi dos décadas a sus espaldas y ese consumo es una decisión que exige justificación.

El equipamiento no compensa la edad ni el consumo​

Los dos vehículos incorporan prácticamente todo el equipamiento de la época, que no era poco. Están certificados por un taller y disponen de la ITV en vigor. Datos que hablan a su favor, pero que no son suficientes para que nadie se fije en ellos. La carrocería berlina, cómoda como pocas, pasó de moda hace años. El mercado de segunda mano premia otras siluetas y otros motores.

La paradoja administrativa es evidente: el Ayuntamiento no puede bajar el precio por debajo de la tabla, pero tampoco puede vender a un precio que nadie quiere pagar. Mientras tanto, los coches siguen generando gastos de mantenimiento, seguro e ITV. El dinero público sostiene dos vehículos que no prestan servicio y que no encuentran comprador.

¿Por qué no se pueden rebajar los coches oficiales?​

Porque al tratarse de bienes públicos, el precio de subasta se fija según tablas oficiales y no según la demanda real del mercado. Esa rigidez impide ajustar el precio a lo que alguien estaría dispuesto a pagar. El resultado es que el coche se queda en el limbo: no se vende, pero tampoco se puede malvender sin incumplir la normativa.

El caso de A Coruña no es único. Gobiernos, instituciones y ayuntamientos llevan años sacando a subasta su parque móvil tras la sustitución de prácticamente la totalidad de los coches oficiales en España por vehículos ECO, en la mayor parte de los casos híbridos, gracias a los fondos europeos. El proceso genera un flujo constante de vehículos que salen al mercado con precios administrativos y se encuentran con una demanda que no siempre los acompaña.

El coste oculto de mantener coches que no se venden​

Cada año que pasa, el coche vale menos y el coste de mantenerlo en condiciones de venderse aumenta. La ITV hay que pasarla. El seguro hay que pagarlo. El taller que certifica el estado del vehículo cobra por su trabajo. Todo eso sale de las arcas públicas mientras el precio de salida permanece anclado en una tabla que no refleja la realidad del mercado.

Hay quien calcula que el gasto de mantener un coche oficial, sumando conductor, gasolina, seguro y depreciación, ronda los 60.000 euros anuales. La cifra, aplicada a los dos Audi de A Coruña, da una idea del agujero. No se trata solo de que no se vendan: se trata de que cada año que no se venden cuestan dinero.

La primera subasta de estos vehículos data de 2013, cuando se pusieron a la venta por 16.000 euros. También quedó desierta. Doce años después, el Ayuntamiento sigue sin encontrar comprador y sin poder bajar el precio. El coche oficial que nadie quiere se ha convertido en un pequeño monumento a la rigidez administrativa.