No se vam a trevé cuñao, round 3: El Gobierno regulará el alquiler temporal de vivienda para evitar que se burle la ley

Vivienda activa el grupo para limitar el alquiler de temporada​

Mientras la oferta de alquiler permanente caía un 12% interanual, la de temporada crecía un 40% y ya supone el 10% del total. Ese desequilibrio es el que ha empujado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a mover ficha: la próxima semana activa un grupo de trabajo para regular el alquiler temporal y cerrar la puerta trasera por la que numerosos propietarios han esquivado la ley de Vivienda. La primera reunión será el viernes 22, con el sector y los sindicatos sentados en la mesa.

Qué quiere regular el Gobierno con el alquiler de temporada​

El artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos reserva el contrato de temporada a inmuebles alquilados por un periodo concreto y vinculados a una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente. En la práctica, eso significa estudiantes y trabajadores desplazados puntuales, como los nómadas digitales. La ley de Vivienda no entró en este punto, y ahí se ha colado el negocio.

El Ejecutivo sostiene que ambas modalidades son «totalmente diferentes» y que la permanente incorpora una batería de protecciones que la temporal no recoge. El grupo coordinado por Vivienda tendrá que fijar la frontera exacta entre una y otra. La medida se activa como obligación de la disposición adicional quinta de la ley de Vivienda, que daba seis meses para constituir ese foro. No se cumplió, y el retraso se atribuye a que el Gobierno llevaba en funciones desde julio.

Los datos: uno de cada tres pisos de Barcelona se oferta de temporada​

El trasvase no es una impresión de barra de bar. Según Idealista, los alquileres de temporada han crecido un 40% en el último año y a cierre de septiembre alcanzaban el 10% del total, mientras la oferta de vivienda en alquiler permanente se dejaba un 12% en términos interanuales. Solo en el último trimestre, el alquiler habitual cayó un 4% en Barcelona y un 3% en Madrid.

El mapa es desigual y muy concentrado. En Barcelona y San Sebastián uno de cada tres pisos ofertados en régimen de alquiler es de temporada. En València el porcentaje baja al 13% y en Madrid al 11%. El patrón se repite en los cascos centrales de las grandes urbes, justo donde la norma sitúa las áreas tensionadas, y ahí está el problema: la oferta tradicional merma allí donde más se necesita.

La vía de escape: cómo se esquiva la norma​

El propio sector inmobiliario lo admite sin rodeos. «Un número cada vez mayor opta por pasarse a los arrendamientos de temporada que, si bien tienen claras limitaciones, ofrecen al propietario un entorno menos rígido y perfectamente legal», apunta el portal. Traducido: menos exigencias que en la modalidad permanente y un entorno menos rígido para el propietario.

Ahí está el meollo del asunto. La ley de Vivienda topó los precios en zonas tensionadas e impuso prórrogas y protecciones al inquilino de larga estancia. El contrato de temporada, en cambio, quedó fuera de ese cerco. Hay quien sostiene que muchos propietarios no buscan estrujar a nadie, sino esquivar una regulación que consideran una trampa; otros ven simple interés en sortear el límite legal. Las dos lecturas caben en los mismos datos.

El alquiler de habitaciones, el siguiente en la lista​

El alquiler de temporada no es el único flanco. Vivienda también prevé regular el alquiler de habitaciones, modalidad a la que recurren mayoritariamente extranjeros. La advertencia que circula es que el mercado ya opera con condiciones duras —contrato laboral fijo, tres nóminas, varios meses de fianza y aval— y que meterlo en el mismo corsé puede estrecharlo aún más.

La sospecha, muy repetida, es que la oferta migrará hacia fórmulas que escapan al control: habitaciones sueltas, coliving o sobrecargos contractuales por servicios. Medidas como el recargo del IBI a la vivienda vacía, recuerdan, afectan a un porcentaje mínimo de propietarios y su efecto disuasorio es casi nulo.

Quién se sienta en la mesa y quién se queda fuera​

El grupo de trabajo lo coordina el Ministerio de Vivienda. Por parte del Gobierno también estarán Economía, Presidencia y la Secretaría General de Asuntos Económicos de Moncloa. En el otro lado toman asiento el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, el Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la CEOE, los sindicatos CC.OO. y UGT, la central de inquilinas y la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana.

La ausencia llamativa es Sumar. El Ministerio de Derechos Sociales fue coproponente de la ley de Vivienda y, en principio, no participará en este grupo, lo que abre un flanco dentro de la propia coalición. La regulación avanza por otra vía en paralelo: el Ejecutivo prevé aprobar en enero los límites de precio para las zonas tensionadas.

Menos oferta, más opacidad: el aviso del lado propietario​

La réplica del inversor es previsible y tiene su lógica económica. Si se penaliza la tenencia y se estrechan las vías de alquiler, menos propietarios pondrán su vivienda en el mercado: menos oferta, precios más altos. Se añade que seguros, comunidad, suministros, reparaciones y materiales se han encarecido, y que mantener el precio congelado no es sostenible. El riesgo regulatorio pesa cada vez más en la decisión de alquilar o no hacerlo.

Otra ley para arreglar la ley anterior​

La crítica más repetida no apunta al fondo, sino al método. Si una norma encareció el alquiler permanente y vació su oferta, ¿por qué otra norma del mismo signo lo va a resolver? Hay quien sostiene que el problema no es la regulación sino la falta de construcción y de vivienda pública: sin aumentar la oferta, limitar precios solo redistribuye la escasez. Otros recuerdan que ya hubo un parque público construido a destajo y que de aquello queda poco.

Algunos participantes en el debate lo ven al contrario: el control de precios funcionó durante décadas y lo que falla es la fiscalización. Desde esa óptica, cada agujero legal detectado exige cerrarlo con otra norma, no abandonar el control. La discusión tiene más miga de lo que parece: en el trasfondo late si el Estado debe intervenir en un contrato privado o dejar que el mercado ajuste solo.

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Con la oferta permanente en caída libre, la temporal en el punto de mira y los límites de zona tensionada pendientes para enero, la demanda no se va a ningún sitio. Solo cambia de puerta. ¿En cuál llamará ahora?