No vam a treverze cuñao: el govern activa 148 inspecciones por incumplimiento del tope del precio a los alquileres

Cataluña abre 148 inspecciones por el tope del alquiler y el sector avisa de más escasez​

El Govern ha puesto en marcha el régimen sancionador de la Ley de Vivienda y ya ha abierto 148 inspecciones a propietarios y operadores por incumplir el tope del precio del alquiler. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Peneque, lo anunció en el Parlament: 68 expedientes en locales, 74 en páginas web y 6 en portales inmobiliarios. Las multas previstas llegan hasta los 900.000 euros. La medida llega dos meses después de que entrara en vigor el régimen sancionador que permite castigar a quienes superen el índice de referencia estatal.

El primer balance oficial llega con una advertencia que la propia consellera ha repetido: la mayor parte del sector se está poniendo al día. Pero los expedientes dibujan un mapa de trampas bastante predecible. Las infracciones detectadas se concentran en el desglose del precio total —servicios añadidos y cantidades que acaba asumiendo el inquilino—, en irregularidades de fianzas y garantías, en la duración de los contratos y en subidas encubiertas a largo plazo que no se reflejan en la renta inicial. Es decir, el clásico juego de manos: cumplir en el papel y cobrar por la puerta de atrás.

Qué se está inspeccionando y con qué medios​

Los expedientes los tramitan la Agència d'Habitatge y la de Consum, el cuerpo de inspectores con el que cuenta ahora la Generalitat. La propia administración ha reconocido que es insuficiente: según sus cálculos, hacen falta entre 75 y 100 inspectores más para reforzar el control. El dinero para ampliar la plantilla es una de las partidas que deberá incluirse en la segunda ampliación de crédito, de 1.769 millones, que el Executiu negocia con ERC y Comuns después de haber aprobado los primeros 2.100 millones.

El objetivo declarado es que los inspectores actúen de forma proactiva, no solo a instancia de denuncia. Ahí está el pulso político. Desde Comuns sostienen que un marco sancionador sin administración que persiga de oficio es papel mojado, y piden llegar a un mínimo de 150 inspectores y juristas, además de una campaña institucional para informar a los inquilinos de sus derechos. La diputada Susanna Segovia lo resumió en la sesión de control: si no hay una señal clara del compromiso del Govern, el régimen sancionador será papel mojado.

La campaña pendiente y las 20 denuncias ciudadanas​

El Govern ha atendido 20 denuncias registradas en el canal que abrió para la ciudadanía al día siguiente de aprobarse la normativa. Poca cosa para un parque de alquiler como el catalán, pero suficiente para constatar que hay gente dispuesta a denunciar. Lo que no se ha desplegado todavía es la campaña institucional para publicitar las multas, una acción que, según lo acordado entre Comuns y Govern, la Generalitat debía haber puesto en marcha. La transparencia sobre las sanciones es, precisamente, lo que los socios de investidura consideran clave para que la norma sea disuasoria.

La falta de inspectores no es un detalle administrativo. Sin capacidad de comprobación, el tope se queda en un precio de escaparate y el mercado encuentra fórmulas para esquivarlo. Las subidas encubiertas a largo plazo son el ejemplo más citado: contratos que arrancan dentro del índice y se recalientan por vías que no aparecen en la renta inicial. El inquilino firma una cosa y paga otra.

El mercado no espera: menos oferta y precios al alza​

Mientras la administración cuenta inspectores, el mercado mueve ficha. Los datos que maneja el sector apuntan a una caída muy fuerte de la oferta de alquiler en Barcelona desde la pandemia y a una subida de precios que no se ha corregido con la regulación. Hay quien sostiene que el problema de fondo es de aritmética simple: si en una ciudad hay 100 pisos en el mercado y 300 personas buscando, ninguna norma crea los 200 que faltan. Aunque los 100 se alquilen a precio tasado, siguen faltando 200. Y si entre los que no encuentran hay sanitarios, electricistas o fontaneros, el problema deja de ser inmobiliario y pasa a ser de servicios básicos.

La otra corriente de análisis señala el incentivo perverso: cuantas más trabas y menos seguridad jurídica para el propietario, menos pisos salen al mercado. El resultado paradójico es que una norma pensada para bajar precios puede acabar reduciendo la oferta y empujando la renta hacia arriba. En Cataluña, primer territorio que aplica el régimen sancionador, ese pulso se está librando en tiempo real.

El fraude de temporada y el registro digital​

Una parte del debate apunta a otro frente: el alquiler de temporada y las habitaciones, donde se concentra buena parte del fraude de ley. La entrada en vigor del registro digital para el alquiler de temporada se presenta como el instrumento que puede aflorar contratos que hoy escapan al control. A eso se suma la fiscalidad: el IBI incrementado para pisos vacíos y las inspecciones fiscales sobre la economía digital empiezan a dibujar un cerco que no existía hace unos años.

La comparación histórica que sobrevuela la discusión es la de las rentas antiguas y el control de precios de posguerra, un sistema que funcionó durante décadas y que dejó un parque de alquiler barato pero también un mercado paralelo y un deterioro enorme del parque. El estraperlo de entonces y el alquiler en negro de ahora comparten lógica: cuando el precio oficial no refleja la escasez, aparece un precio real por debajo de la mesa.

Qué puede pasar a partir de aquí​

El Govern tiene 148 expedientes abiertos, 20 denuncias ciudadanas y un cuerpo de inspectores que él mismo considera insuficiente. Comuns aprieta para que la persecución sea de oficio y para que las multas se publiciten. El sector, mientras, avisa de que la oferta seguirá cayendo. Con estos mimbres, es razonable esperar que las inspecciones se multipliquen en los próximos meses y que las primeras sanciones de seis cifras lleguen a los tribunales. Lo que no está escrito es si eso bajará los precios o solo cambiará la forma de cobrarlos.