La culpa es de Madrit:"Cataluña declara la emergencia por sequía. Se limita el consumo a 200 litros por persona"

Cataluña limita el agua a 200 litros por persona al día​

Cataluña ya raciona el agua. La Generalitat ha declarado la emergencia por sequía y fija un tope de 200 litros por persona y día, una cifra que sobre el papel impone disciplina pero que, mirada de cerca, deja fuera a la mayor parte del consumo doméstico. La medida llega con los embalses catalanes en niveles muy dispares y reabre la pelea de fondo: quién gestiona el agua, a qué precio y con qué prioridades.

¿Cuánta agua son 200 litros al día?​

Menos de lo que parece. Una vivienda de dos personas gasta alrededor de 16.000 litros cada tres meses, lo que equivale a unos 90 litros por persona y día. El tope de la emergencia casi duplica, por tanto, lo que consume una casa que no se exceda. Para una ducha de cinco minutos sobra agua.

El problema, entonces, no está en el baño. Una parte del análisis apunta directamente a los campos de golf y al riego de jardines como los grandes devoradores de recursos en plena sequía. Con esa dotación, el ciudadano corriente cabe de sobra dentro del límite; el que tenga piscina y césped, no. Y hay quien va más lejos y pide penalizar a partir de 100 litros al día.

El agua como activo financiero​

Aquí empieza el ruido de fondo. La modificación de la Ley de Aguas de 2001 es señalada por una parte del análisis como el momento en que el agua dejó de ser un bien común para convertirse en un activo más. La tesis que circula es que esa reforma abrió la puerta a que los fondos de inversión operen con el recurso según su cuenta de resultados.

El paralelismo con la vivienda aparece una y otra vez. Los bienes básicos se han ido convirtiendo en mercancías con las que especular, y si eso se consintió con el ladrillo, se argumenta, no hay motivo para pensar que con el agua será distinto. El precio se ajustaría por oferta y demanda como en cualquier otro mercado. Y ahí, quien pueda pagar, beberá; quien no, esperará la lluvia.

El Plan Hidrológico que se derogó en 2004​

La otra herida sigue abierta. El Plan Hidrológico Nacional aprobado durante el gobierno de Aznar se derogó en 2004, ya con Zapatero en La Moncloa. Hay quien defiende que aquel plan, con trasvases incluidos, habría repartido el agua entre territorios y habría evitado buena parte del problema actual. El catedrático Curro Contreras sostiene que la decisión tuvo consecuencias técnicas y también morales.

La versión crítica sube el tono. Se argumenta que el plan estaba financiado por la Unión Europea y que su cancelación dejó en el aire una inversión enorme. La acusación de que pesó más la política que la técnica circula sin pruebas concluyentes, pero con una carga simbólica que no se ha disuelto en dos décadas. El trasvase del Ebro sigue siendo la línea roja que nadie quiere cruzar.

Presas destruidas mientras falta agua​

Y luego está el dato que descoloca. Un informe Dam Removal Progress de 2021 contabilizó que España destruyó ese año 108 barreras fluviales —presas, azudes y rampas—, casi la mitad de las 239 que se desmantelaron en toda Europa.

Para una parte del análisis, demoler infraestructuras hidráulicas mientras se declara la emergencia por falta de agua es una contradicción difícil de explicar. Para otra, la renaturalización de los ríos es una política ambiental legítima y no guarda relación con la sequía. Las dos cosas caben en el mismo titular, y ninguna cancela a la otra.

El canon que se duplica cada 9 m³​

El debate se vuelve más concreto cuando baja al recibo. Un consumidor de la Cataluña interior describe un sistema en el que paga más de 2 euros por metro cúbico entre coste, canon y otros impuestos, y en el que el canon se duplica cada 9 m³ de exceso. Quien riegue el jardín en verano no solo paga más: paga mucho más.

Sobre la mesa está también la desalación, con un coste superior al del agua de río pero escalable a la demanda que haga falta. La pregunta que planea es si el recargo financia esa alternativa o si, simplemente, engorda la factura sin resolver nada. La Agencia Catalana del Agua ya aplica avisos y sanciones por incumplir las restricciones.

La sequía y el turismo​

Falta un actor en la ecuación. Cada verano, los visitantes que llegan a Cataluña consumen agua de la misma red que los residentes, y hay quien avisa de que la temporada alta tensará todavía más un sistema ya al límite. La diferencia es que el turista se va y la factura se queda.

Con estos mimbres, lo previsible es que el tope de 200 litros no se quede donde está. Si la sequía se alarga, la dotación bajará y el recargo subirá, y el gran interrogante no será cuánta agua cae del cielo, sino cuánto costará la que salga del grifo. Que el agua acabe siendo más cara que el whisky, como ya pasó con el aceite, es una sospecha con fundamento; que alguien lo pare, bastante menos.