Opinión: Noocracia, donde solo votaran 225.000 españoles con un CI>140. La democracia: República Constitucional, partitocracia y autocracia son ineficaces.

Noocracia: solo votarían 225.000 españoles con CI superior a 140​

En España hay aproximadamente 225.000 personas con un coeficiente intelectual superior a 140, según el cálculo que maneja la propuesta de noocracia que se ha discutido durante algo más de dos meses en un foro económico. Ese sería, en su versión más ambiciosa, el cuerpo electoral completo del país: el 0,4% de la población. El resto, el 99,6%, quedaría fuera de la toma de decisiones, no por castigo, sino —dice el planteamiento— por liberación: dejaría de ser manipulado por partidos y demagogos y podría dedicarse a su vida mientras los más capaces gestionan lo común.

La idea no es nueva. Platón ya la formuló en La República hace 2.500 años y se estudia en el instituto desde hace generaciones, como recordó alguien en la conversación. Lo nuevo es el envoltorio técnico: un test de inteligencia como filtro de acceso al voto, un sistema de rotación por tercios para evitar castas y la promesa de que los sabios no se corrompen porque ya ganan bien en sus profesiones.

Qué propone exactamente el modelo noocrático​

El diseño es minucioso. De los 225.000 ciudadanos con CI superior a 140, se seleccionarían 150.000 para ejercer el gobierno en cada momento, divididos en tres tercios de 75.000 personas. Cada año un tercio sale y otro entra, de modo que cada sabio gobierna dos de cada tres años y nunca hay un grupo fijo en el poder. Los 50.000 en activo estudiarían cada propuesta de ley, la debatirían aportando conocimiento desde distintas disciplinas y la votarían con mayoría cualificada. Sin partidos, sin campañas, sin demagogia.

La justificación del blindaje contra la corrupción se apoya en cuatro patas: los sabios ya tienen una vida resuelta y no necesitan robar; son más prudentes porque ven las consecuencias a largo plazo; tienen orgullo de pertenencia a la élite; y su inteligencia les permite detectar engaños y presiones. El sufragio universal, en cambio, otorga el mismo valor al voto de un ignorante que al de un sabio, lo que convierte la mediocridad en norma.

La réplica: correlación no implica causalidad​

La objeción más repetida no ataca la ética del planteamiento, sino su premisa. Confundir alto coeficiente intelectual con racionalidad es un error de base, sostiene una parte de los intervinientes: hay gente con 150 de CI incapaz de gestionar su propia vida, y la historia reciente está llena de personas muy inteligentes que han tomado decisiones desastrosas. Lo que habría que medir, añaden, no es la inteligencia sino el raciocinio y la capacidad de no corromperse ante la ocasión, algo difícil de evaluar con un test.

Otra línea de crítica señala que las pruebas de CI no predicen buen gobierno. La formación universitaria, que en teoría selecciona a los más preparados, no ha vacunado a sus titulados contra la propaganda: según las encuestas que se citan, en algunos países las clases universitarias tienden a votar opciones que después revelan su vulnerabilidad a los relatos dominantes. Y hay quien recuerda que la gente de extrema capacidad suele ser inadaptada social, no obedece y, cuando coge una línea, no la suelta.

El problema del tiempo: gobernar no es un hobby​

Uno de los golpes más concretos al modelo es logístico. Si los sabios no van a dedicarse exclusivamente a gobernar —y el planteamiento insiste en que no han de hacerlo, que basta con votar leyes y corregirlas—, ¿de dónde salen las horas? Una ley tiene múltiples ramificaciones que afectan, invalidan o contradicen otras normas. Revisarlas en serio exige dedicación completa, no el tiempo que sobra entre el trabajo, la familia y el descanso. Y si se dedican por entero, entonces dejan de ser ciudadanos con profesión y se convierten en una casta política, justo lo que el modelo quería evitar.

La respuesta del proponente es que serían diputados compatibles con otros empleos, remunerados por su labor legislativa y movidos por satisfacción personal. No convence a los escépticos, que ven ahí el mismo problema de siempre: quien controla el tiempo controla la agenda.

La cuestión de fondo: legitimidad y consentimiento​

Hacia el final de la discusión, el propio autor de la propuesta reconoce el muro con el que choca: ningún sistema funciona si la gente no lo acepta. La legitimidad no viene de la inteligencia, viene del consentimiento, y el consentimiento no se da por decreto. La noocracia no se implantará porque quienes mandan ahora no van a entregar el poder voluntariamente, y porque una mayoría excluida del voto difícilmente lo aceptaría como liberación.

Hay quien va más allá y plantea la única objeción que el modelo no puede responder con argumentos: el poder lo tiene quien puede matar. Una dictadura militar, se dice, es la única forma real de poder; las mediastintas de empollones no resistirían el primer envite de una potencia extranjera con armamento. El proponente, que dice haber sido militar, rechaza el argumento sin desarrollarlo.

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El modelo no ha sido refutado en su totalidad. Tampoco ha sido aceptado. La conversación se ha quedado atascada exactamente donde empezó: en si el problema es el sistema o los ciudadanos, y en si un test de coeficiente intelectual puede medir algo tan escurridizo como la capacidad de gobernar bien.